Naufragios de conveniencia

Por un lado, está la legislación marítima uniforme de origen internacional (fundamentalmente los Convenios de Salvamento de 1910/1989 y el Convenio Search and Rescue) que establecen la obligación del capitán de cualquier buque de prestar ayuda a los náufragos o personas en peligro que encuentre en la mar, rescatándolas y conduciéndolas a un lugar o puerto seguro. Es la norma que han invocado los rescatadores de la ONG (la «ley del mar», dicen) para reclamar que se les permitiera acceder a un puerto europeo mediterráneo y desembarcar allí a los migrantes. Aunque en puridad, aunque no queremos hacer cuestión del punto, el concepto de safe port en el Derecho Marítimo no excluiría a los puertos libios como se afirma un tanto apriorísticamente, menos a los tunecinos.

Pero, por otra parte, está la legislación nacional referente a un tema tan sensible como la inmigración, en la que los Estados europeos (por muchas variantes que existan entre ellos) mantienen en principio su soberanía como capacidad para controlar el ingreso de migrantes por sus fronteras, sobre la base de un principio general: la inmigración irregular o no autorizada debe ser evitada. Un principio que puede contradecir los valores últimos del cosmopolitismo que está en la base de la democracia liberal (por eso es tan antipático) pero que no puede abandonarse sin más so pena de poner en riesgo la supervivencia del marco estatal que hace posible la democracia misma hoy por hoy. La realidad implacable limita el principio impecable, Rafael del Águila lo explicaba muy bien.

Pues bien, resulta bastante patente que cuando los migrantes procedentes de Libia, o más bien las redes organizadas que les controlan, se (les) lanzan al mar en embarcaciones carentes de las más mínimas condiciones de navegabilidad para transportar personas con seguridad hasta puerto europeo, lo que están haciendo es colocarles deliberadamente en la situación de náufragos potenciales inmediatos. Estos no son unos náufragos consecuenciales a un accidente marítimo, que son aquellos en los que piensa el Convenio Uniforme, sino unos «náufragos de conveniencia». Y me explico: la navegación marítima ha sido desde antiguo un ambiente espacial propicio a los fenómenos de adopción interesada de apariencias jurídicas ficticias, tales como las llamadas «banderas de conveniencia»: países insignificantes que concedían y conceden su bandera a buques de armadores interesados en escapar a las regulaciones fiscales, laborales y de seguridad vigentes en el país donde radica la auténtica relación substancial con el buque y su explotación. Pues lo mismo sucede con los migrantes por mucho que lo hagan por desesperación y no por plusvalía: se convierten formalmente en náufragos para conseguir que, gracias a esa condición, y una vez salvados, se les permita ingresar en Europa sorteando la prohibición al respecto.

Así, al final, esto a lo que asistimos en aguas mediterráneas es uno de los más patentes casos de fraude de ley en el sentido técnico jurídico de la expresión (art. 6-4º Código Civil) que cabe imaginar: pues se recurre intencionadamente a crear las apariencias de un supuesto de hecho regulado de una determinada manera en una ley especial… para escapar así de la aplicación inexorable de la ley general que realmente corresponde a esa situación fáctica subyacente; que es una de emigración y que es prohibitiva. Sortear una ley amparándose en otra. El Código Civil, y el sentido común, dicen que tal truco no puede valer.

¿Quiere ello decir que los náufragos encontrados (¿buscados?) por el Open Arms deberían haber sido abandonados a su suerte? Obvio que no, la vida humana está muy por encima de tal consideración, y los falsos náufragos del Open Arms debían ser auxiliados. De eso no hay duda, como felizmente ha sucedido al final de ese pulso torpe y emocional entre muy diversos actores a que hemos asistido. Pero lo que sí autoriza, a nuestro juicio, esta situación de fraude de ley generalizado es a que los Estados afectados intervengan para ponerle coto y para evitar que la actuación de particulares soi dissants entusiastas y bienintencionados no haga sino agravar el problema. El salvamento pasa a ser una cuestión pública reservada a la Administración cuando están en juego aspectos de interés público relevantes, como es el caso del medio ambiente. Y como debe serlo en caso de control de migrantes irregulares.

Intervenir es lo que hizo el gobierno español hace meses: por eso, el buque Open Arms fue despachado por la Autoridad Marítima con la condición taxativa de que no se dedicara al rescate de náufragos, menos aún en aguas libias. No por capricho, sino por la fundada sospecha de que su presencia en esas aguas fomentaría que personas potenciales migrantes se pusieran en peligro a sí mismas con la esperanza de ser rescatadas. Pero sus armadores decidieron por su cuenta que eso de cumplir con la ley puede ser algo muy discutible cuando en el otro lado de la balanza se pone nada menos que a la humanidad doliente, e incumplieron la prohibición. Lo que no evita que después clamen por el cumplimiento de otra ley (aunque da la impresión de que no quieren en ningún caso volver a puerto español con su buque, sospechando sin duda la sanción que les espera). Es un fenómeno al que estamos acostumbrados en España, la de la facilidad con que se admite argumentativamente que las leyes pueden ser incumplidas si uno encuentra un valor superior para tumbarla: la democracia, en un caso bien conocido, la humanidad ahora.

El caso termina y los desatados sentimientos de simpatía descansan. Pero lo que quedará es que habrá náufragos de conveniencia (y algunos morirán por ello) mientras tengan la esperanza confirmada de que habrá unos rescatadores esperándoles ahí fuera. Un bucle mortífero insostenible que por algún lado hay que cortar.