Navarra, deprisa deprisa

¿Alguién cree a estas alturas que la maniobra orquestada por Bildu/ETA para desalojar a UPN del poder en Navarra guarda alguna relación con la lucha contra la corrupción? No. ¿Se tragan los socialistas navarros esa patraña? Tampoco. ¿Por qué razón, entonces, está dispuesto su líder, Roberto Jiménez, a secundar una operación cuyo propósito evidente es eliminar el principal obstáculo que se opone a la pretensión de fusionar la Comunidad Foral y el País Vasco, a fin de construir la mítica Euskal Herria en cuyo nombre ETA lleva décadas asesinando a inocentes?

Que el presunto escándalo de corrupción denunciado en la Hacienda Foral es un mero pretexto resulta tan evidente que apenas merece explicación. Para empezar, si fuera cierto, se trataría de un caso antiguo que ahora, curiosamente, sale repentinamente a la luz cuando se agota el plazo para convocar elecciones anticipadas, que según el Estatuto de Navarra vence el próximo 31 de marzo. Hasta un ciego leería en esta jugada la necesidad de aprovechar un momento de máxima debilidad en el Gobierno de Yolanda Barcina, sacudido ferozmente por la crisis económica, para hacer realidad los sueños de los separatistas, conscientes de que sin la masa crítica de Navarra no hay «nación vasca» que valga. Pero es que hay más. Hace unos días ingresó en prisión Juan Ramón Ibarra, muy vinculado al PNV y responsable durante quince años de combatir el fraude fiscal en Vizcaya, condenado por beneficiar a doscientas familias. ¿Alguien pidió elecciones anticipadas en la Comunidad Autónoma Vasca por la presunta implicación de los sucesivos gobiernos peneuvistas en el escándalo? No. ¿Se oyó la voz de los batasunos clamando al cielo? Tampoco. ¿Y la de los socialistas? Apenas.

Lourdes Goicoechea y sus supuestas actuaciones irregulares son la excusa; una excusa tan burda como oportuna en este momento de honda crispación social ante la multiplicación de casos de latrocinio perpetrados por cargos públicos de todos los partidos en toda España. Ayer circuló la fotografía de una mujer, la misma, recibiendo con honores a la asesina Inés del Río a su salida de prisión, el pasado mes de octubre, e increpando a Barcina en Tafalla, el sábado, con un cartel en el que se leía «corruptos, fuera de Navarra». La «izquierda abertzale» se mueve como pez en el agua en el terreno de la lucha callejera y la propaganda. Dosifica a la perfección violencia y manipulación. La cuestión sigue siendo: ¿qué pinta el PSOE en esa estrategia?

Navarra figuraba en el Pacto de Loyola que firmaron en 2006 socialistas, nacionalistas y bilduetarras, entonces llamados batasunos y siempre miembros activos del conglomerado del hacha y la serpiente; una única empresa en la que cada cual representa el papel que le toca en cada momento en aras de alcanzar el objetivo común de «construcción nacional». Ese acuerdo, que rompió ETA con el atentado de Barajas, contemplaba el reconocimiento del derecho de autodeterminación (eufemísticamente llamado «derecho a decidir») y la creación de un órgano conjunto vasco-navarro como paso previo a una futura integración de ambas regiones. Con las bendiciones de Zapatero y Urkullu, el Estado de Derecho estaba dispuesto a traicionarse a sí mismo y ceder a las dos exigencias históricas de los terroristas, con tal de que los pistoleros dejaran de matar. ¿Estamos ahora ante el pago aplazado de lo acordado en el santuario de los jesuitas? ¿Es solo apetito de poder en Pamplona y debilidad precongresual en Madrid? Solo Rubalcaba puede despejar esa incógnita. Si permite que los suyos se apoyen en Bildu para tumbar a Barcina, se habrá echado en brazos de ETA y será tan culpable como Otegi de lo que ocurra después.