Hay quien se gana el pan con el sudor de su frente y quien procura hacerse millonario gracias a sus vínculos políticos y sus contactos en las instituciones públicas, regateando las leyes y la decencia; algunos, al cabo de un tiempo, como Santos Cerdán, dan con sus huesos en la cárcel gracias a que sigue habiendo periodistas que hacen su trabajo, jueces que siguen siendo independientes y una Guardia Civil que sigue funcionando porque no ha sido desactivada, como algunos pretenden.

Servinabar, empresa señalada en el caso Cerdán por el presunto pago de mordidas, constituyó una plantilla que sirvió para financiar a familiares y amigos y para pagar favores políticos, cosa que pudo hacer con el dinero que obtuvo por las adjudicaciones de obra pública en Navarra. Aunque la empresa es propiedad de Joseba Antxon Alonso, Santos Cerdán adquirió en 2016 el 45% de la compañía, aunque, al no elevarse el contrato privado a escritura pública, nunca llegó a tener validez. El objetivo de Cerdán era labrarse un futuro, tal como explicó en sede judicial, por si las cosas en la política terminaban mal o no le diera tantos frutos como pretendía. Y, como tocada por una varita mágica, se obró el milagro: Servinabar pasó de facturar 13.000 euros en 2015 a 1,5 millones en 2022, y todo ello con los empleados justos y sin apenas actividad administrativa. Cosas que pasan.

Reciclaje por vía rápida

Servinabar decidió crear una UTE con Acciona como forma de poder acceder a ciertas adjudicaciones de obra pública de gran envergadura, con la particularidad de que Servinabar, sin apenas infraestructura, delega en Acciona todos los trabajos. Y, de ese modo, logró cuatro adjudicaciones de obra pese a que la actividad de la empresa no tenía nada que ver con las obras, ya que su objeto social era «la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores» y «organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones». Y fue así hasta que en 2000 se añadió la «elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación». Reciclaje por la vía rápida. Porque ellos lo valían. Sin embargo, para esa fecha Servinabar ya había recibido cuatro adjudicaciones vinculadas con la construcción por las que obtuvo 16,7 millones de euros.

Este tipo de uniones entre empresas de tamaño tan diferentes es algo completamente anómalo, por lo que sólo puede ser considerado o una extravagancia o una prueba circunstancial que apunte a la comisión de un delito

Finalmente, fueron siete los contratos públicos adjudicados a la UTE, por valor de más de 100 millones. Y es que nada como arrimarse a quien supones que antes o después tendrá premio en forma de adjudicación y prebendas públicas del tipo que sean, porque, aunque no tenga ni el tamaño ni la experiencia ni la infraestructura que se requieren para afrontar la obra adjudicada, Servinabar se encuentra radicada en Navarra y, sobre todo, parece que tiene contactos, lo cual es mucho más importante. Y es que siempre se ha valorado elegir a buenos compañeros de viaje para conformar una asociación simbiótica, arrimar el ascua a su sardina y ganar concursos públicos. Sin embargo, este tipo de uniones entre empresas de tamaño tan diferentes es algo completamente anómalo, por lo que sólo puede ser considerado o una extravagancia o una prueba circunstancial que apunte a la comisión de un delito. A estos contratos se suma la UTE de Servinabar y Acciona para construir un tramo del túnel de Belate que se adjudicó en 2023 por valor de 62,8 millones. Tras conocerse las vinculaciones con la trama Cerdán y otras anomalías, Acciona decidió romper todos sus contratos en vigor.

Como apuntaba al principio, Servinabar pagó fundamentalmente a familiares y amigos, casi siempre del mismo. Antonio Muñoz, cuñado de Santos Cerdán, recibió más de 61.000 euros por trabajos realizados entre 2019 y 2022. Así consta en la información fiscal que la Hacienda Foral de Navarra ha remitido al Tribunal Supremo, encargado de investigar la trama. Todo quedaba en casa o en casa de sus familiares y amigos, que para eso uno es o fue secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez. Y es que nada mejor con contar con gente de confianza y con quienes haya lazos de sangre a quienes favorecer económicamente, y es que la familia es la familia, de aquí a Roma y pasando por Sicilia.

Fernández había dimitido en 2019 tras ser imputado por presunto tráfico de influencias y malversación por su papel en la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar

Al cuñado hay que añadir la hermana del susodicho hombre de confianza de Sánchez durante largos años, Belén Cerdán, que cobró 22.000 euros de Servinabar, y quien mantuvo su relación laboral y los cobros, según fuentes de la defensa de Cerdán, a través de la cooperativa Erkolan. En cuatro años Erkolan recibió 258.000 euros de Servinabar. Además, se contrató a la pareja de Ramón Alzórriz, el que fuera vicesecretario general del PSOE en Navarra y número dos de la presidenta Chivite, quien percibió algo más de 102.000 euros brutos como empleada entre 2021 y 2024. Y es que siempre fue lo más aconsejable para lograr trabajo el uso de familiares y amigos que pudieran colocarte en alguna empresa. Además, el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, trabajó para Servinabar entre 2021 y 2023. Fernández había dimitido en 2019 tras ser imputado por presunto tráfico de influencias y malversación por su papel en la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar, lo que viene a confirmar que nada como un buen currículum y una buena hoja de servicios para seguir escalando en el escalafón laboral y social como muestra práctica de no aplicación de la meritocracia, sistema de gobierno en el que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales, independientemente de quiénes sean tus familiares y amigos o en qué partido militas o tengas enchufe. En Servinabar, sólo en el año 2021 se le abonaron 68.632 euros brutos, que no es que sea una millonada pero te facilita las cosas y deja, supongo, menos rastro.

En 2019, Servinabar contrató a un antiguo directivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Reinaldo Díez, quien percibió 33.539 euros brutos a lo largo de 2020. Y bien sabemos que si está la Venezuela del criminal Maduro de por medio, los más preparados son los que salen adelante, salvo que tengan un mínimo de decencia política y osen respetar la democracia.

Hay más datos, cifras y enredos, pero el resto nos lo imaginamos o saldrá a la luz en breve. Y lo que ni siquiera imaginamos, es probable que las investigaciones de la Guardia Civil lo hagan público y podamos enterarnos más pronto que tarde. Y todo ello se sumará a lo que ya sabemos de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, al PSOE y al Gobierno de España. Y es probable que precipite su caída definitiva.