El descuadre parlamentario en las Cortes provocado por el adelanto electoral en Cataluña se anuncia como ocasión inmejorable para, prorrogando los Presupuestos de 2023, negociar las cuentas de 2025. Salvador Illa, que una semana antes había suscrito un pacto de estabilidad con Pere Aragonés, «celebró» la convocatoria del 12 de mayo. Puede incluso que el despropósito de los Comunes-Sumar, de rechazar los presupuestos de la Generalitat y tensar la gobernación de España, se contemple ya en las filas socialistas como un bendito regalo de la fortuna. Aunque no se sepa por ahora para qué.

Dado que se trata de hacer de la necesidad virtud, el PP de Alberto Núñez Feijóo ve hoy más interesante el desgaste al que está -o se está- sometiendo el socialismo que la eventualidad de una disolución inmediata de las Cortes porque Sánchez siga el mismo criterio que Aragonés. Hasta el señalamiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por supuestos delitos tributarios es contemplado por Génova como una oportunidad bumerán para comprometer la actuación en el caso de María Jesús Montero y de la propia Fiscalía.

La ideología de hacer de la necesidad virtud es, esencialmente, evasiva. El dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía invita, en el fondo, a volver al punto de partida. Sobre si puede hallarse una fórmula de reconciliación así cuando se confrontan proyectos políticos que se manifiestan irreconciliables, por ejemplo. O cuál es el perímetro del Estado de Derecho resultante cuando años de procedimientos y condenas sobre actos cometidos en libertad son borrados en nombre de la convivencia. Pero en un contexto tan quebrado el dictamen de la Comisión de Venecia se vuelve salomónico. El PP necesita subrayar sus reproches a la celeridad del trámite parlamentario, la falta de una mayoría cualificada en su aprobación, y la sensación general de que se trata de un olvido a medida de exigencias partidarias. Al PSOE le basta con que los ‘venecianos’ no echen abajo la legitimidad de una medida que ya no asegura la continuidad de la legislatura.

La necesidad de Aragonés era zafarse de su ínfima minoría parlamentaria mediante un órdago. Carles Puigdemont -en palabras de su abogado Gonzalo Boye- se muestra dispuesto a verse detenido en su propósito de regresar a la presidencia de la Generalitat. Un cuerpo a cuerpo entre independentistas para dilucidar quién está más amortizado ante tal aspiración. Hacer de las penurias virtud resulta adictivo. Pero sólo para los próceres de la política y del poder. El resto de la gente se limita a sortearlas.