La acusación de un fiscal en la Audiencia Nacional basta y sobra, caso cerrado. La presunción de inocencia -un derecho que distingue a una democracia liberal de todo lo demás- se vuelve a suprimir, desde el punto de vista político, en el proceso abierto por la investigación del espionaje a ex tesorero del PP, Luis Bárcenas desde el ministerio del Interior en los años 2102 y 2013. Un caso en el que confluye todo lo peor que puede suceder en un Estado que se llama de Derecho, según la investigación desarrollada por la Fiscalía con una ex ministra del Gobierno de Sánchez a su mando. No ha dado tiempo a que el juez estudie y responda al fiscal. Los portavoces de la mayoría parlamentaria, Lastra y Echenique, se han lanzado a la yugular. Todo un balón de oxígeno que da aire y sobre todo permite echarle un capote a un Gobierno necesitado de tapar una gestión manifiestamente mejorable.

Desde los miles de muertos sin reconocer en España por la epidemia hasta la siempre inquietante financiación de Podemos o los ataques desde dentro del Gobierno de España a instituciones del Estado como la monarquía parlamentaria y el poder judicial. La comisión de investigación al PP es redundante con la realizada por el fiscal y, como es costumbre, solo servirá para ofrecer un espectáculo televisivo gratis que oculte la crisis económica y las dificultades del Estado para llegar a fin de cada mes, a la espera de un rescate europeo que, como tantas otras cosas, será camuflado por la inescrupulosa comunicación política que se practica desde el poder.

De momento estamos en el primer tercio de esta lidia. Para llegar a la estocada de una sentencia, los señalados por el fiscal deberán ser investigados por el juez, interrogados y en su caso procesados

La gravedad de la acusación del fiscal está fuera de cualquier discusión, avalando las informaciones periodísticas. Desde la cúpula del Ministerio del Interior se organizó el robo de información sensible que podría afectar incluso al entonces presidente del Gobierno. Si los hechos probados de una futura sentencia se corresponden con lo entregado por el fiscal al juez de instrucción estaremos ante un episodio inclasificable y esperemos que irrepetible. De momento estamos en el primer tercio de esta lidia. Para llegar a la estocada de una sentencia, los señalados por el fiscal deberán ser investigados por el juez, interrogados y en su caso procesados y después esperar a que los hechos sean examinados por el tribunal sentenciador.

Incluso con los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, el actual secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, así como todos los dirigentes de ese partido insisten en la inocencia de los condenados en la trama corrupta de los ERES falsos, empezando por los dos expresidentes autonómicos y del PSOE, Chaves y Griñán. La sentencia no es firme, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo. Pero las pruebas presentadas por la fiscalía son hechos probados en la vista oral. El PSOE organizó una trama con dinero público para crear una red clientelar en Andalucía utilizando casi 800 millones de euros para ello. Nunca se ha asumido responsabilidades políticas, ni por supuesto se ha pedido perdón por la malversación del dinero público. Tampoco se ha señalado a Susana Díaz como heredera de aquel sistema o la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero por haber formado parte de un gobierno autonómico que había hecho pegamento con el poder gracias al dinero repartido durante al menos diez años.

Pablo Casado no tiene la misma suerte y ya ha sido responsabilizado, entre otras razones, por haber recibido los votos del sector de Dolores de Cospedal en las primarias de su partido. También porque antes fue portavoz, a partir de 2015, cuando tuvo que defender al PP de todo lo que se estaba publicando y que, cinco años después, el fiscal afirma que es verdad. Por si fuera poco, no se recuerda cada minuto -algo lo debería hacer él mismo- que tanto Casado como su número dos Teodoro García Egea, aguantaron presiones de todo tipo, y se negaron a incluir al ex ministro Jorge Fernández Díaz y el ahora despechado ex secretario de Estado, Francisco Martínez, en las listas electorales de 2019, poniendo el cortafuegos que ahora les salva de la quema.

El desastre organizado por la cúpula de Interior en el Gobierno del PP, con mayoría absoluta en 2011, aflora a la superficie poniendo en marcha un ventilador que añade otro obstáculo al intento de Pablo Casado de convertirse en alternativa, tan necesaria como imprescindible en esta crisis con varias patas. Mientras Sánchez demuestra ser un prestidigitador de primer orden, se regocija con la tosquedad del nacionalismo de Vox, que le regala lo oídos con el franquismo, y aprieta al PP en todos los terrenos para que ceda y se rinda. Casado se enrocó en la negociación de la renovación del Poder Judicial, Moncloa filtró a continuación un mensaje privado y en un par de días ya está el PP, otra vez, camino del cadalso con la fiscalía de Delgado como verdugo. El caso del espionaje a Bárcenas puede acabar afectando incluso al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o no , según en las advertencias de su ex secretario de Estado de Seguridad. Casado se enfrenta a otro cabo de Hornos en su corto mandato al frente del PP. No es un asunto menor, está en juego la existencia de una alternativa que apuntale la tambaleante democracia del 78. La negación de la existencia de dicha alternativa está a punto de caramelo. Sánchez ceba a Vox y los de Abascal aceptan la pinza para conformarse en el intercambio con los restos de un posible naufragio de Casado.