Negociar con Bruselas

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo zanjó ayer con una sentencia la polémica que mantiene desde hace años la Comisión Europea con las diputaciones vascas a cuenta de los incentivos fiscales que aplicaron las instituciones forales a empresas de la comunidad autónoma en la década de los 90. El veredicto, inapelable y definitivo, considera que las ayudas concedidas no se ajustan a la ley europea y, en consecuencia, exige su devolución. Si bien no se dispone de datos oficiales, algunas estimaciones cifran en torno a 300 las empresas favorecidas, que habrían obtenido unos beneficios, entre deducciones e intereses devengados, de unos 750 millones de euros. La Corte europea considera, en coincidencia con lo establecido por la Comisión, que las diputaciones debieron solicitar una autorización previa antes de fijar las normas que eximían del pago del impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación, o aplicaban una reducción progresiva en el mismo. No cabe duda de que las instituciones forales actuaron con la mejor intención cuando pusieron en marcha esos mecanismos destinados a reforzar el tejido industrial. Pero el fallo de Bruselas no deja otra salida que acatar la sentencia. Y aunque las tres diputaciones se manifestaron ayer en esa dirección, la advertencia de Gipuzkoa de que no seguirá «el camino trazado» por el anterior equipo de gobierno siembra ciertas dudas sobre la unidad de acción que en este proceso deben seguir las instituciones vascas. Una armonización más que recomendable para afrontar la difícil negociación que se avecina con Bruselas, puesto que, tras dictaminar la culpabilidad, los tribunales han de pronunciarse ahora sobre la devolución de los beneficios fiscales y la cuantía de la multa que se imponga a las diputaciones. La sanción exigida por la Comisión se sitúa ya en unos 40 millones, cifra suficientemente elevada como para atender las reiteradas indicaciones del comsario europeo Joaquín Almunia, quien aconsejaba sentarse a esa mesa con el mejor talante posible. Está en juego el futuro de empresas cuyo delito es haberse acogido a unas ayudas arbitradas por la autoridad competente.