Amaia Fano-El Correo
A expensas de que lleguemos a saber si alguien miente o mienten todos, las negociaciones entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez para la investidura de este último siguen siendo lo más parecido a un recorrido algo suicida, a través de una carretera de escasa visibilidad y mal asfaltada, llena de curvas peligrosas y repentinos cambios de rasante, que discurre al filo de un acantilado y que ambos pilotos parecen querer transitar a velocidades distintas, haciendo continuos amagos de estar dispuestos a abandonar el circuito, de un momento a otro.
Cuestión de nula confianza mutua, así como en las posibilidades de poder llegar a salvo a su destino. Lo cual resulta especialmente evidente en la actitud del máximo líder de Junts, quien insiste en aguarle la fiesta al presidente en funciones cada vez que este intenta dulcificar el relato rebajando los términos de un hipotético acuerdo de investidura que suponga hacer concesiones a los líderes del ‘procés’, recordándole que solo tendrá sus siete votos si ellos obtienen a cambio el ‘pack’ completo, a saber: la amnistía o cualquier otra modalidad de alivio penal que se ajuste al fin comprometido, el reconocimiento internacional del conflicto catalán mediante el nombramiento de un relator/mediador extranjero y la aceptación de un referéndum de autodeterminación, con los plazos y la fórmula que proceda. Algo ante lo que el actual president de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha sentido en la obligación de elevar la apuesta en nombre de ERC, precisando que la pregunta a la que habrán de responder los catalanes en exclusiva deberá ser clara y simple. Independencia, sí o no. Lo que vuelve a poner en aprietos a la parte socialista contratante que insiste en que no habrá referéndum, pues no cabe en la Constitución.
Lo que sí cabe en nuestro ordenamiento jurídico y en el de cualquier democracia homologada del mundo, o al menos eso ha dicho Rodríguez Zapatero en su reaparición estelar como principal propagandista de ‘la cosa’, es hacer lo que ya hizo Manuel Azaña, al amnistiar a Lluís Companys por haber proclamado el Estado catalán, una vez se hubo constituido en 1936 el Gobierno de la República. Si bien la analogía histórica que el expresidente socialista ha encontrado para «vestir el muñeco» tampoco es que tranquilice demasiado a Puigdemont, quien ha recordado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que Companys fue amnistiado por el Gobierno de Azaña, para ser detenido y fusilado por los nacionales cuatro años después, tras ganar estos la Guerra Civil.
Para el líder independentista catalán «el problema está en el corazón del Estado; son los poderes profundos los que convierten los esfuerzos y acuerdos políticos en papel mojado. Por eso es preciso tomar todas las precauciones posibles, siempre». Lo que pasa por blindar los pactos, ante la eventualidad de que se produzca un cambio de Gobierno en España, aun en el caso de que Sánchez llegue a ser investido, en un previsible escenario de convulsión e inestabilidad política del que ni siquiera puede librarle, como pretende, un acuerdo de legislatura.