La mayor parte de estas nociones nace en el laboratorio de ideas de Convergència, un partido tan aficionado a los vericuetos lingüísticos que incluso ha cambiado de nombre: ahora se llama Partit Demòcrata Català. Durante muchos años, el fundador de la formación, Jordi Pujol, se valió de ese equilibrismo dialéctico para retener el poder en Cataluña. Él ya está fuera de juego, pero su estilo sigue muy presente.
CONSULTA. CiU empezó a hablar de «consulta» antes de las elecciones de 2012, que Artur Mas convocó para tratar de aprovechar –sin éxito– la eclosión independentista de la Diada de ese año. El entonces president no se atrevió a reclamar un referéndum de autodeterminación y prefirió ese eufemismo. Después se dispuso que se celebrara el 9 de noviembre de 2014, pero la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) provocó la aparición de un nuevo concepto: para tratar de esquivar el veto, el Gobierno catalán dijo que lo que iba a celebrar no era en realidad una «consulta», sino un «proceso participativo».
DERECHO A DECIDIR. Mas puso en circulación el «derecho a decidir» en 2007, inspirado por el nacionalismo vasco. En una famosa conferencia, el entonces aspirante a president afirmó que, a partir de ese momento, Convergència iba a guiarse por esa reivindicación, aunque en principio iba a reclamarla para las ideas que «unen a los catalanes» (como la gestión de las infraestructuras) y no para las que los «separan» (como, en aquel entonces, opinaba Mas sobre la independencia). Uno de los principales ideólogos de Mas, el profesor y ensayista Agustí Colomines, declaró años después: «El derecho a decidir es una chorrada que nos inventamos para no decir lo que es. Es derecho a la autodeterminación, y punto pelota».
DESCONEXIÓN. Se trata de un concepto que se ha puesto de moda en la última legislatura catalana. Los independentistas no lograron en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 la mayoría absoluta de votos que buscaban, aunque sí la de escaños. Para explicar que los meses siguientes iban a dedicarse a allanar el camino de la secesión antes de proclamarla en una etapa posterior, idearon las «tres leyes de la desconexión», que ahora se tramitan en el Parlament: la de la Hacienda propia, la de la Seguridad Social y la de Transitoriedad Jurídica.
DESOBEDIENCIA. Es una palabra mucho más clara que la mayoría de esta lista, y lo es porque quien la utiliza no es Convergència, sino la CUP. Los antisistema exigen «desobediencia» a la legalidad española (sobre todo a las decisiones y advertencias del TC) desde el principio de la Legislatura. Al Govern no le gusta demasiado la palabra. En cada rueda de prensa posterior a un fallo del TC, cuando se le pregunta a la portavoz Neus Munté si lo desobedecerán, responde lo mismo: «Nosotros obedeceremos el mandato democrático del Parlament».
DUI. Siglas de la «declaración unilateral de independencia». Convergència y Esquerra se presentaron juntas a las últimas elecciones catalanas –tras muchas presiones de la primera, que veía peligrar su hegemonía dentro del nacionalismo catalán– englobadas en la marca de Junts pel Sí. El principal reclamo de su programa electoral era la «proclamación de la independencia», que debía llegar inmediatamente después de la formación de un «Gobierno de concentración». Sin embargo, los resultados del 27-S enfriaron las expectativas, para desesperación de muchos independentistas con poca paciencia, y diputados de Junts pel Sí aseguran ahora que la declaración unilateral no era una promesa electoral. Recientemente, la número dos de ERC, Marta Rovira, ha declarado que «la DUI es la Ley de Transitoriedad Jurídica», la norma que debe permitir el paso de la legalidad española a la catalana sin dejar «vacíos de poder».
EFTA. Tras las elecciones de 2012, los dirigentes independentistas prometieron a sus fieles que la comunidad internacional –y en concreto la Unión Europea– iban a dar apoyo inmediato a sus reivindicaciones. Pronto se vio que sucedía más bien al contrario y algunos buscaron amparo en otros organismos internacionales. En aquel tiempo empezó a circular la idea de que una Cataluña independiente podría integrarse en la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA, por sus siglas en inglés), de la que forman parte Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. La ocurrencia, ya casi olvidada, tuvo su momento de esplendor cuando se incluyó como posibilidad en uno de los informes del comité asesor para la Transición Nacional, el sanedrín que reunió Mas para asesorarse antes de iniciar el proceso de secesión.
ESTRUCTURAS DE ESTADO. Mas habló por primera vez de crear «estructuras de Estado» en Cataluña antes de las elecciones de 2012. Desde entonces, el concepto se ha demostrado flexible (cada partido entiende que puede dar cabida a cosas diferentes, y se ha llegado a decir que los Mossos d’Esquadra o TV3 son estructuras de Estado) y mutable. El Gobierno español ha utilizado también esa noción, para alertar de su ilegalidad: lo hizo, por ejemplo, cuando recurrió ante el Tribunal Constitucional el diseño de una Hacienda y una agencia de Seguridad Social exclusivamente catalanas.
HOJA DE RUTA. En la política catalana ya no hay planes, calendarios o timings, sino «hojas de ruta». Inspirada en el nombre que se dio al plan para tratar de lograr la paz entre Israel y Palestina –por tanto, buscando la grandilocuencia–, la «hoja de ruta» independentista ha provocado a menudo problemas a sus propios impulsores: los soberanistas más acérrimos reclaman cualquier desvío o incumplimiento.
LÍNEA ROJA. Posiblemente el concepto más exitoso de los que se han puesto en circulación desde Cataluña. Empezó a usarse con profusión durante las negociaciones del Estatuto de 2006, sobre todo con respecto a la consideración de nación de Cataluña y al estatus de la lengua catalana. Se supone que la «línea roja» rodea a lo que se tiene por innegociable e irrenunciable; pero, como se ve también en las negociaciones para la investidura de un nuevo Gobierno español, su inviolabilidad es muy discutible.
MANDATO DEMOCRÁTICO. Junt pel Sí ha encontrado en el «mandato democrático» el bálsamo de Fierabrás contra cualquier resolución del TC o crítica de la oposición a su plan independentista. Según ellos, no tienen más alternativa que seguir adelante con la «hoja de ruta» que se marcaron porque los ciudadanos que les votaron les dieron, más que una victoria electoral sin mayoría absoluta, un «mandato democrático» que están obligados a cumplir. El concepto se escucha casi a diario en los debates parlamentarios.
PACTO FISCAL. Eufemismo del concierto vasco. La sentencia del TC sobre el Estatuto y la crisis económica propiciaron que Mas –cuando aún no perseguía explícitamente la independencia– se fijara el objetivo de un nuevo acuerdo económico con el Estado más beneficioso para Cataluña. Se le llamó «pacto fiscal» para evitar el argumento de que el cupo era un derecho histórico. Cuando Mariano Rajoy, tras una reunión en La Moncloa en 2012, rechazó un cambio automático de sistema, Mas emprendió la vía soberanista.
PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ. Acuciada por los casos de corrupción, Convergència decidió hace unos meses «refundarse» en un nuevo partido. El desprestigio de la marca que creó Jordi Pujol –propiciada en gran medida por el propio fundador y su confesión de que ocultó dinero al fisco durante décadas en paraísos fiscales– llevó a la dirección a ofrecer a sus militantes dos opciones para el cambio de nombre: Més Catalunya y Catalans Convergents. Los asistentes al congreso no podían creerse que meses de trabajo hubieran desembocado en dos alternativas tan frívolas y, en un gesto inédito, se sublevaron e impusieron la denominación de Partit Demòcrata Català. Era la que menos gustaba tanto a Mas como a Carles Puigdemont.
PASO AL LADO. Tras las elecciones de 2015, y ante la imposibilidad de lograr su investidura por la oposición de la CUP, Mas anunció que daba un «paso al lado». Quería decir que renunciaba a presidir la Generalitat, pero que no se retiraba de la política.
‘PROCÉS’. Un proceso es algo en movimiento, que «va hacia delante» –según la RAE–, una idea que le interesa transmitir al independentismo. El procés (hacia la secesión) engloba toda la política catalana de los últimos años.
RUI. En un proceso tan largo las ideas se deben ir renovando, y la que este verano está más en auge es el RUI. El referéndum unilateral de independencia –el nombre está tomado del DUI– es la propuesta, surgida del ámbito de la CUP, que dará más que hablar en los próximos meses. Se trata, en pocas palabras, de repetir la consulta del 9-N, pero con la diferencia de que esta vez no se buscará la aquiescencia del Gobierno español, ni se dará marcha atrás cuando lleguen las advertencias ni las resoluciones del Tribunal Constitucional. En principio, el entorno convergente no es demasiado partidario del RUI. En primer lugar, porque desmonta todo el imaginario que se había construido en torno al 9-N y a la supuesta audacia de Mas: si se celebra un segundo referéndum se da por hecho de forma tácita que el primero no fue válido. De hecho, antes de esa consulta el entonces president rechazó el enfrentamiento directo con el Estado y devaluó la jornada cuando el TC la vetó. En segundo lugar, la propuesta de la CUP de poner fecha al referéndum unilateral impide dilatar el procés en el tiempo, precipita el enfrentamiento directo con el Gobierno de Madrid y propicia imputaciones e inhabilitaciones. Un centenar de personalidades independentistas –donde se incluyen políticos vinculados a ERC, como Josep Lluís Carod-Rovira o Gabriel Rufián, y a la CUP, como David Fernàndez– ha impulsado un manifiesto a favor del RUI que ha recogido más de 14.000 apoyos. En el Partit Demòcrata Català subrayan que la nueva propuesta no resuelve el principal problema que ya tuvo el 9-N: ¿cómo se legitima una iniciativa que sólo tiene el aval independentista, cómo arrastrar a las urnas a los catalanes que no quieren la secesión, sin cuya participación el resultado perdería de nuevo toda validez? Sin embargo, en las últimas ruedas de prensa el Govern se muestra más abierto a estudiar la idea, probablemente porque está buscando el apoyo de la CUP a Puigdemont en la cuestión de confianza convocada para el 29 de septiembre y a los presupuestos de la Generalitat de 2017.
SOBERANISMO. Cuando empezó a hablarse de «soberanismo» en Cataluña, en los últimos años de la primera década del siglo, la palabra no estaba recogida ni en el diccionario normativo español ni en el catalán. Convergència la puso en circulación en su última época todavía tibia: quería dar a entender que ya había superado el nacionalismo pero todavía no era explícitamente independentista. Quienes quieren la secesión dicen ahora que para ser soberanista basta con querer un referéndum de autodeterminación, aunque –como le pasa a Podemos– no se esté a favor de la independencia.