EDITORIAL-EL ESPAÑOL

Por segunda vez en una semana, Israel ha recibido una amonestación de un organismo judicial transnacional. El pasado lunes, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que había presentado una solicitud de órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa por crímenes de guerra. Y este viernes el Tribunal Internacional de Justicia ordenó a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva sobre Rafah, al considerar que la situación humanitaria es «desastrosa».

Es cierto que ni la CPI ni el Tribunal de La Haya ostentan poder coercitivo para hacer cumplir sus resoluciones. Con la salvedad de que Israel sí es miembro del segundo tribunal, mientras que no reconoce la autoridad de la Corte Penal. El único recurso punitivo que cabe contra Tel Aviv es la imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo al que pertenece el TIJ. Pero el previsible veto de EEUU hace inverosímil esta posibilidad.

Con independencia de sus efectos materiales, es innegable que las graves acusaciones contenidas en los pronunciamientos de ambas cortes impactan negativamente en la reputación de Israel ante la opinión pública internacional. Y contribuyen al creciente aislamiento diplomático de Netanyahu, manifestado también en el reconocimiento conjunto del Estado palestino por España, Suecia e Irlanda el pasado miércoles.

Netanyahu no se ha movido de su postura de hacer caso omiso y mostrarse desafiante ante estas expresiones de repulsa por los excesos de su política militar. Insiste en considerar falsas todas las recriminaciones por las supuestas masacres de la población civil palestina. El primer ministro, repudiando el fallo del Tribunal de La Haya, aseveró que «nadie en la Tierra» podrá parar su ataque sobre Rafah, que considera necesario para eliminar a Hamás. Y aunque incluso su socio Biden se opuso a la incursión, las Fuerzas Armadas de Israel han bombardeado este sábado la ciudad del sur de la Franja de Gaza.

El empecinamiento inquebrantable del gobierno israelí ha propiciado un recordatorio por parte de Josep Borrell de que las órdenes del máximo tribunal de la ONU revisten carácter vinculante y «deben aplicarse plena y efectivamente». Una exigencia a la que se ha sumado José Manuel Albares, con España sumida aún en una crisis diplomática con Israel.

Menos comedida ha estado Margarita Robles al afirmar que «lo que está pasando en Gaza» es un «auténtico genocidio». Sorprende no sólo que la ministra de Defensa haya sido la primera de la cuota socialista en emplear este calificativo, sino que haya sido ella, una jurista seria y cabal, quien haya utilizado un término cuyo significado técnico estricto no se corresponde con lo que está sucediendo en Gaza.

Lo cual no hace ilegítimo albergar una genuina consternación ante los más de 25.000 muertos que, según cifras de la ONU más fiables que las de Hamás, han dejado los ocho meses de guerra, pasando a convertirse en uno de los conflictos más mortíferos en lo que va de siglo.

No toda exigencia de un cumplimiento igualitario del derecho humanitario puede considerarse un interesado o sesgado ejercicio de equidistancia moral entre Hamás y el ejército israelí. Algo que prueba no sólo la creciente presión internacional (que promete recrudecerse con la ventana de oportunidad de las elecciones europeas), sino también las críticas domésticas a Netanyahu. Proliferan en las calles de Israel, entre ciertos sectores mediáticos y hasta dentro de su propio gobierno, después de que el ministro centrista Benny Gantz amenazara con romper el Gabinete de Guerra de emergencia si no se acuerda un plan para una Gaza de posguerra antes del 8 de junio y la creación de un «mecanismo de gobierno civil internacional».

Aunque siga actuando como si la comunidad internacional no existiera, Netanyahu se está quedando sin margen de maniobra. Cabe esperar que la eventualidad de que Israel acabara convertido en un paria global obligue al primer ministro a moderar sus objetivos y adaptarlos a los condicionantes de las circunstancias. La disposición de Tel Aviv a retomar la próxima semana la mesa de negociación con Hamás para buscar una tregua podría ser un primer indicio de esta ponderación.