José Luis Zubizarreta-El Correo
El control de la generación y el tratamiento de los residuos no es una prioridad de los gobiernos, que ven en él nulo brillo y escasa rentabilidad electoral
Derrumbe, desmoronamiento o corrimiento de tierras son términos descriptivos de lo que, en origen, ocurrió en el vertedero de Zaldibar. El debate político y el análisis mediático han optado, en cambio, por los valorativos de desastre, catástrofe o tragedia, fijándose más en las repercusiones de lo ocurrido que en su causa. La opción no es arbitraria. La insalubridad ambiental y, sobre todo, los cuerpos sepultados en el fango, que, mientras no se rescaten, prolongan la angustia de la muerte y suspenden el alivio del duelo, son más impactantes para la opinión pública y más fecundos para el análisis y el debate. Pero tiene también inconvenientes. No sería el menor el riesgo de suplantar la objetividad por la subjetividad y sobrecargar de emotividad e intencionalidad lo que merecería un tratamiento desapasionado que minimizara la alarma social y evitara la manipulación política. No es fácil. Y es que, si se evita ese riesgo, puede caerse en el contrario de tomar una distancia lindante con el cinismo, en cuyo caso el margen de acierto es mínimo y la posibilidad de equivocarse, infinita. Si la opción ha de tomarse además en período electoral, cuando la mesura es cobardía o sumisión disfrazada, las probabilidades de acierto se esfuman por completo. Valga lo dicho de advertencia o, si el lector prefiere, de excusa.
El derrumbe se produce en un contexto que le sirve de explicación. Salvo en los momentos en que se convierte en objeto de debate partidista, tal y como ocurriera con Zabalgarbi en Bizkaia o la incineradora en Gipuzkoa, el tratamiento de los residuos, por importante e inquietante que sea, ocupa uno de los puestos más bajos en la escala de prioridades tanto de la sociedad y los medios como de las instituciones. Con ocasión del accidente de Zaldibar hemos venido a enterarnos, por ejemplo, de que, en Euskadi, hay otros dieciséis vertederos de similar tamaño y variable peligrosidad. Por este desinterés público y mediático, el asunto tampoco se aborda con el debido rigor en los Consejos de Gobierno. Se deja en manos de terceros y, al no ser electoralmente rentable, queda sepultado en los sótanos de la Administración. Cuando, como ha ocurrido en Zaldibar, estalla, siempre coge al Gobierno desprevenido, y éste opta por llamarse andanas.
Como suele, por tanto, ocurrir, también esta vez nuestro Gobierno ha pecado de imprevisión y sido víctima de desprevención. Ni previó ni previno el suceso, y sus efectos lo han cogido distraído. Así, durante los tres primeros días tras el suceso, dio palos de ciego con acciones precipitadas e informaciones imprecisas. Pensó quizá que quedaría en susto y se convirtió en tragedia con dos muertos y un desastre medioambiental que disparó la alarma en la vecindad. No se le ocurrió pensar que lo que en un país grande es un accidente en otro pequeño adquiere categoría de catástrofe. Unos informes de control, más rutinarios que eficaces, habrán ascendido ritualmente por los escalones de la Administración hasta detenerse en el descansillo final a la desesperante espera de su toma en consideración. El lehendakari ha calificado el suceso de «inédito», y fue por inédito precisamente por lo que ni él ni sus consejeros temieron que podría producirse. Tanto que, cuando se produjo, al igual que los controles previos, fallaron también los protocolos para afrontar sus efectos y trasmitir información veraz y coherente.
Pero, si vale como explicación, el contexto no sirve de excusa. El desastre debió preverse y prevenirse. Una supervisión rigurosa, que es la que reclaman instalaciones de riesgo como la que nos ocupa, habría podido impedir que lo que ocurrió ocurriera. No fue una sacudida de la naturaleza, sino una tragedia en la que intervino la mano del hombre. La de un empresario desaprensivo, primero, y la de un Gobierno descuidado, después. Al lehendakari le honra que, en vez de por disculpas increíbles, optara por el camino más incómodo del reconocimiento de culpa que no acostumbran a transitar sus pares. Lo que ahora importa es cómo afrontar el futuro. El Gobierno tendrá que revisar prioridades de gasto y establecer sistemas efectivos de control tanto de la generación como del tratamiento de residuos que amenazan la naturaleza y nuestra propia vida. Los medios y la ciudadanía, por nuestra parte, habremos de concienciarnos de que una actitud responsable en los comportamientos a la vez que vigilante de cara a los poderes públicos es parte del compromiso cívico con las nuevas exigencias medioambientales.
«Lo que ahora importa es cómo afrontar el futuro. El Gobierno tendrá que revisar prioridades de gasto y establecer sistemas efectivos de control»