TONIA ETXARRI, EL CORREO – 20/08/14
· Escocia no es ni Cataluña ni Euskadi, como saben bien los nacionalistas catalanes y vascos que, veinte años después de situar el foco en el proceso de las consultas celebradas en Quebec, ahora se miran en el espejo escocés. Tanto unos como otros se desplazarán a Escocia como observadores de un proceso con el que, más allá de la palabra talismán, «consulta», poco más tienen que ver.
Cuando el primer ministro británico, David Cameron, aceptó la celebración del referéndum escocés, a cambio de que la competencia para organizarlo perteneciera a Londres y la pregunta fuera clara y concisa, lo hizo convencido de que ganarían el referéndum quienes proponen que Escocia y Reino Unido sigan juntos, y así se zanjaría el debate. Como terminó por zanjarse en Quebec después de dos consultas .
Ya veremos cuales son los resultados del próximo 18 de septiembre. Pero la diferencia más importante entre Escocia con Euskadi y Cataluña es su propia historia. Escocia era un Estado soberano antes del acta de Unión de 1707 mediante la cual se fusionó con Inglaterra para constituir el Reino Unido de Gran Bretaña. Fue una decisión política. Concertada. Y, como tal, reversible.
Nada que ver con la historia de España. El Derecho internacional pide, para reconocer la libre autodeterminación de un pueblo, que éste haya mantenido una estructura estable política y cultural durante unos años separada del Estado al que pertenece. ¿Podría Cataluña, y más tarde Euskadi, demostrar que durante años han sido entidades independientes del Estado español?
En Quebec, donde los separatistas fueron derrotados en el segundo y último referéndum, por un estrecho margen de diferencia (1,16 puntos, el Tribunal Supremo terminó proclamando la inexistencia de un derecho a la secesión por parte de un territorio de un Estado «que no se encuentre en situación colonial». No parece que sea ésta la situación de las comunidades vasca y catalana.
Tampoco el Reino Unido tiene una Constitución escrita como nuestra Carta Magna que, en su artículo 2, mientras no se reforme, especifica la indisolubilidad de la nación española. Se trata de la legalidad a la que tanto aluden quienes pretenden pasar por encima de ella. La misma legalidad a la que hacen referencia en Europa cuando recuerdan que una entidad que se separa de un Estado unilateralmente deberá contar con el visto bueno de los 28 países de la Unión.
Una legalidad que, como Artur Más empieza a percibir, no le permitirá celebrar su consulta secesionista. Es muy posible que los nacionalistas catalanes no puedan celebrar su referéndum por las mismas razones que impidieron en 2008 a Ibarretxe celebrar el suyo. Su ley de consulta aprobada en el Parlamento vasco fue impugnada y anulada. Eso se temen en Unió Democrática y, por esta razón, Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat, quiso hablar la pasada semana de dilatar la convocatoria. Pero el final del camino, para los independentistas, es lo de menos.
Especialistas en convertir los reveses de la Historia en combustible para el victimismo, que tantos réditos les da. Podrían esperar otros veinte años sentados en el poder y culpando al Gobierno central, de turno, de sus propias frustraciones.
TONIA ETXARRI, EL CORREO – 20/08/14