LOS PARTIDOS de izquierdas que trataron de rentabilizar las manifestaciones de jubilados para reclamar una subida de las pensiones quedaron ayer chasqueados en el Congreso. La realidad es tozuda. España es un país cada vez más envejecido y nuestro mercado laboral aún no se ha recuperado de los efectos devastadores de la crisis. La Seguridad Social cuenta hoy con un millón menos de afiliados que en 2007 y los nuevos trabajadores firman contratos más precarios, una situación perversa para un sistema que cada vez tiene que financiar un mayor número de pensiones y, por suerte, durante más años. El realismo que caracteriza la oratoria de Rajoy le alcanzó ayer para salir vencedor de un debate contaminado por la demagogia y la irresponsabilidad. Quienes vieron en la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas una oportunidad para erosionar al Gobierno no calcularon bien lo contraproducente de una estrategia centrada en el conflicto en lugar del consenso. Ahora bien: por mucho que Rajoy saliera fortalecido del Congreso, no debe olvidar que es el Gobierno quien tiene la obligación de liderar el impulso político al Pacto de Toledo que debe salvaguardar el Estado de bienestar.

El presidente defendió su gestión económica y recordó que, en los momentos más duros de la crisis, su Gobierno siempre priorizó las pensiones sobre cualquier otro gasto. Rajoy recurrió a la astuta maniobra de corresponsabilizar a la oposición en la búsqueda de mejoras. Su mensaje fue claro: si el Congreso apoya sus Presupuestos –premisa para agotar la legislatura–, habrá subidas en las pensiones de los colectivos más vulnerables. Según avanzó, las cuentas públicas de 2018 incluirán una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad, además de rebajas en el IRPF. Un anuncio electoralista que, unido al tono autocomplaciente, no puede aspirar a tranquilizar a los pensionistas del futuro.

Fue precisamente en este último punto, el de la familia, en el que Albert Rivera centró su discurso para recordar las medidas que Ciudadanos propone a fin de fomentar la natalidad y el empleo de calidad. Por su parte, Podemos se aferró al perfil ideológico para defender un aumento de las pensiones sin explicar cómo sostener su financiación. Pero el partido peor retratado fue el PSOE. Con Pedro Sánchez fuera del Congreso, Margarita Robles salió a la tribuna sin papeles en los que sustentar un discurso donde la frontalidad sobreactuada ocupó el espacio de la propuesta. La magistrada quedó en evidencia al acusar al PP de tomarse las pensiones «a cachondeo», sin aportar soluciones al problema y olvidando la ruina legada por el partido del que es portavoz.

Ayer quedó claro que no hay recetas mágicas (e indoloras) para solucionar el problema de las pensiones. Ni foro que no sea el Pacto de Toledo en el que este debate pueda afrontarse con seriedad y solvencia.