En lo que queda de legislatura se perfilan dos choques políticos brutales entre el Gobierno, algunos de sus socios parlamentarios y la oposición, al margen del candente asunto de la convalidación —o no— del decreto ley de la reforma laboral: el reparto de los fondos de la UE y la armonización fiscal autonómica dirigida a quebrar el modelo madrileño. 

El PP está dispuesto a judicializar la distribución de los fondos europeos. Reclamó en su momento que se crease una instancia independiente —una agencia con presencia de expertos, como se ha hecho en Italia— que dictaminase la correcta distribución de los dineros europeos (en total, 140.000 millones). Sánchez no atendió ese razonable planteamiento y en el Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre gubernamentalizó el reparto. La convalidación de esa norma la propició la abstención de Vox. Si sus 52 escaños hubieran votado en contra, el decreto ley no habría salido porque solo obtuvo 173 papeletas favorables.

No es lo más deseable que se produzcan impugnaciones judiciales de las decisiones de distribución de estos fondos, pero ese buen propósito depende tanto del PP como, más aún, de la escrupulosidad del Gobierno. O, en otras palabras: el Consejo de Ministros y los departamentos competentes deben extremar los siguientes principios a los que el decreto ley somete la asignación de esos fondos: 

a) Objetividad, eficacia y responsabilidad en la gestión. 

b) Planificación estratégica y gestión por objetivos con el establecimiento de indicadores a tal efecto. 

c) Innovación en la gestión y creación de sinergias. 

d) Agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los procedimientos, procesos y ejecución de tareas.

e) Racionalización y eficiencia en el uso de recursos y medios. 

f) Participación, diálogo y transparencia.

g) Evaluación, seguimiento y reprogramación para el cumplimiento de objetivos. 

h) Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. 

i) Control eficaz del gasto público, responsabilidad de la gestión y rendición de cuentas.

j) Prevención eficaz de los conflictos de interés, el fraude y las irregularidades. 

k) Promoción de la competencia efectiva en los mercados. 

l) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las provisiones de personal de duración determinada previstas. 

La tentación de que este dineral se convierta en un instrumento preelectoral forma parte de la desconfianza que suscita el hecho de que el Gobierno no haya atendido a fórmulas más neutras para su distribución. De momento, ya se ha interpuesto por la Comunidad de Madrid un recurso sobre una cuestión menor, pero que —según el PP— no se ha ajustado a los criterios que el propio Gobierno se imponía en el decreto ley. Si se generalizan las impugnaciones, nos podemos meter en un atolladero socioeconómico de grandes proporciones y nos exponemos a dar la nota ante los socios europeos. 

Pero aquí hay tentaciones cruzadas: la del PP de embarrar el partido y la del Gobierno de instrumentalizar los fondos de manera clientelar al peor estilo caciquil. Lo que reza también para las comunidades en las competencias que se les asignan en esta materia. En este contexto, no hay que olvidar a los empresarios: la patronal turística ya ha expresado en términos muy severos su desacuerdo con las cantidades que a ese sector le ha asignado el Gobierno.

Una segunda colisión entre el Gobierno y la oposición, que también se recorta sobre el horizonte político, es la determinación inicial del PSOE y Podemos —con el impulso de PNV y ERC— de elaborar una armonización de los impuestos cedidos a las autonomías —patrimonio, sucesiones, donaciones— para dar un hachazo al modelo fiscal de la Comunidad de Madrid al que podrían ajustarse en el futuro las de Castilla y León y Andalucía y plantearse luego como una oferta programática del PP en una futura campaña electoral para las legislativas. 

Que el PNV reclame esa armonización, clama al cielo. ¿Por qué no se generaliza el concierto económico y el cupo? Los nacionalistas vascos en este asunto deberían ser discretos. Y los independentistas catalanes también: su comunidad tiene después de años su primer presupuesto en 2022; los dirigentes independentistas condenados por sedición lo fueron, varios, también por malversación de fondos públicos, los gastos en el proceso soberanista —gasto político y en muchos casos ilegal— aconsejarían a ERC y JxCAT un silencio igualmente discreto en vez de arremeter contra el modelo de Madrid que, por cierto, es plenamente legal. Y en donde el Parlamento y la Sindicatura de Cuentas no regalan ‘retiros dorados’ a empleados —no son jubilaciones sino una regalía incomprensible— por importe de varios millones de euros. Eso está ocurriendo en Cataluña.

Si el Gobierno consuma este propósito de desarbolar la política fiscal de Díaz Ayuso, estará convirtiendo la autonomía financiera constitucional de las comunidades en un margen absolutamente irrelevante. El Gobierno madrileño hace uso de unas facultades de las que disponen las demás autonomías. Por eso no puede aducirse ‘dumping’ fiscal cuando se optimizan los márgenes que las leyes ofrecen por igual a todas las nacionalidades y regiones. Y es contradictorio y farisaico que los nacionalismos periféricos azucen al Gobierno contra Madrid mientras ellos reclaman bilateralidad, más autogobierno y plantean la independencia. Además de disponer de múltiples partidas para financiar propósitos muchas veces al límite de la legalidad. 

La comisión de expertos para la reforma fiscal debe entregar su dictamen el 28 de febrero próximo. Dos catedráticos —Carlos Monasterio e Ignacio Zubiri— han renunciado y se han marchado a la francesa. Y, según filtraciones de los debates, la armonización autonómica está levantando ronchas, pero podría incluir recomendaciones de las que el Ministerio de Hacienda podría valerse para abordar la iniciativa armonizadora de la que el Gobierno de Madrid quiere defenderse mediante una ley autonómica que no tendrá capacidad de blindaje. Sería mejor que el Gobierno no utilizase de esa manera facultades normativas en materia fiscal que terminarían en el Constitucional. 

Tenemos muchos conflictos en marcha y otros a punto de arrancar. Entramos en un ciclo electoral. Cargar el ambiente con más colisiones sería casi insoportable y la responsabilidad no cabría a estas alturas asignársela solo a unos y no a otros, aunque en ambos supuestos —fondos y fiscalidad madrileña— el Gobierno tiene la sartén por el mango y, en consecuencia, más responsabilidad en todos los órdenes.