JOSÉ MARÍA CARRASCAL – ABC – 19/02/17
· La Audiencia de Palma tenía que juzgar a la Infanta como si fuese una Cristina García cualquiera. Pero no lo era.
Era un caso jurídicamente imposible. Cristina de Borbón no podía ser condenada por ser Infanta de España, como pedían muchos, ni ser absuelta por serlo, como pedían otros tantos. La Audiencia de Palma tenía que juzgarla como si fuese una Cristina García cualquiera. Pero no lo era, porque, de serlo, no se sentaría en el banquillo, al no haber concedido las autoridades baleáricas a la empresa sin ánimo de lucro que tenía con su marido fondos públicos para su uso particular. ¿Entonces? Entonces el tribunal salió de este callejón sin salida reduciendo la causa –fuera las ramas valenciana y madrileña– y ensanchando las responsabilidades individuales: en los delitos cometidos por el esposo, la Infanta había sido mera cooperadora pasiva, por lo que la pena quedaba restringida al resarcimiento de las sumas indebidamente apropiadas al Estado.
Pero no cárcel. Cárcel para el marido. Si influyó en las tres magistradas su condición femenina, hicieron un flaco favor a la causa feminista, al estar diciendo que las esposas españolas hacen lo que les dicen sus maridos, sin pensar en lo que firman. Es decir, las retrotraían a los tiempos en que eran menores de edad penalmente. No lo creo, sin embargo, dado lo concienzudo de su labor, estrictamente jurídica. No moral, ni, menos, política, que es como se venía viendo el caso. De ahí que la sentencia no haya dejado satisfecho a nadie, la Infanta incluida, que sigue convencida de la inocencia de su esposo, o sea, la asume pero no la acepta. Nos ocurre a casi todos, pero nos guste o no, tenemos que acatarla. La democracia nos lo exige.
Lo que más me preocupa es la alarma social que puede despertar. Un amplio sector de la población española venía diciendo «la Infanta no será condenada». Y no lo ha sido. Lo que socava el principio «La Justicia española es igual para todos». Lo socava porque no se entró a fondo en las tramas valenciana y madrileña, en las que hay encarcelados por hacer lo mismo; porque la Infanta ha rebajado todas las penas y por la absoluta falta de arrepentimiento de los envueltos, pese a los graves daños morales y políticos causados, sobre todo a la Monarquía.
Por no hablar del viejo, aunque aún vigente, aforismo romano «a mujer del Cesar no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo», extensible a la familia inmediata, sobre todo en democracias sin consolidar, como la nuestra. Es verdad que la Infanta no ha sido condenada. Pero tampoco completamente absuelta: ahí está su «responsabilidad a título lucrativo», por la que ha tenido que abonar una suma. Pero, como decía al comienzo, este era un caso imposible al que queda el rabo por desollar: los recursos y el cumplimiento de las penas. Sigue, pues, en el candelero no ya una Infanta de España, sino la Justicia española, garantía de nuestro estado de Derecho. Todas las precauciones en él serán pocas. Todos los excesos, mortales.
JOSÉ MARÍA CARRASCAL – ABC – 19/02/17