Cuando hablamos en Euskadi de la política lingüística está claro que nos referimos al impulso institucional a la lengua vasca. Una lengua que acordamos afianzar y extender a todo un territorio que nunca ha sido total ni absolutamente vascohablante. Pero cómo lograr ese mayor conocimiento y uso del euskara no corresponde únicamente a quienes ya son vascohablantes. Ni tampoco a quienes se consideran vascófilos. En el diseño de esa política expansiva de la lengua vasca es imprescindible que también la población no vascohablante pueda tomar parte en pie de igualdad, y que sus derechos sean siempre escrupulosa y plenamente respetados. Lo contrario resulta una imposición antidemocrática.

Los proyectos de ley que está discutiendo el Parlamento vasco para reservar a una parte de la población el acceso al empleo sostenido con fondos públicos, con independencia de su objeto, las necesidades que debe atender y la población a la que debe servir, insisten en esta otra senda en la que estamos hoy, lejana de aquel acuerdo originario. Sin que hayan esperado sus promotores para cometer esta injusticia siquiera a que iniciativas que faciliten en mayor medida el aprendizaje del euskara puedan producir un efecto más nivelador. Tampoco a los prometidos frutos, que nunca llegan, de la generalización del modelo lingüístico de inmersión, una medida devastadora para el sistema educativo e inservible para que los niveles de euskara, que ellos mismos exigen, dejen de ser privilegio de una buena cuna. Ahora, con toda crudeza, sin evocar Mares del Sur, intentan reservar a un tercio de la sociedad vasca el 20% del empleo, en general el que cuenta con mejores condiciones laborales. Una iniquidad.

Pero es que además de antidemocrática e injusta, esta errónea política es asimismo inútil para la consecución de lo que supuestamente desea: satisfacer los «derechos lingüísticos» de los vascohablantes. Se han referido a ello frecuentemente los promotores de estas iniciativas legislativas, poniendo como principal ejemplo una petición no satisfecha de ser atendidos en euskara en la sanidad pública (olvido otras tan clasistas como frívolas). Analicémosla.

Este pasado año, en la Organización Sanitaria Integrada de Barakaldo-Sestao de Osakidetza, como en todas las demás comarcas, hemos consultado las preferencias lingüísticas. Ha contestado un 83% de sus más de 131.000 pacientes, y de ellos algo menos de un 1%, es decir, 1.200 pacientes, ha demandado atención sanitaria en euskara. ¿Qué hemos hecho en la OSI de Barakaldo-Sestao para atenderla? Exigir el conocimiento de la lengua vasca nada menos que en un 58% de sus puestos. Esto es, contamos con 600 puestos con perfil lingüístico preceptivo para atender las demandas de atención sanitaria en euskara de 1.200 pacientes. De hecho, en esta OSI disponemos de 616 trabajadores sanitarios con perfil lingüístico acreditado.

El exceso complica la cobertura allí dónde se necesitan en mayor medida. Así, en la OSI de Tolosaldea, la que más demanda atención en euskara (un 53% de sus pacientes, algo más de la mitad), exigimos esta lengua en el 98% de las plazas, que son ocupadas en su mayor parte pero no en todos los casos, ya que no se han podido cubrir 23. En Tolosaldea tenemos 195 profesionales para la atención sanitaria en euskara de casi 35.000 pacientes que la demandan, y 616 para 1.200 que la solicitan en Barakaldo y Sestao.

Esta política lingüística que ignora nuestra diversidad sociolingüística es la causa de las disfunciones denunciadas en las zonas vascohablantes, al desviar recursos a donde la necesidad es mucho menor. ¿Resolverá el problema que el 100% de las plazas en todo el sector público lo sea con exigencia de conocimiento del euskara? En todo caso lo agravará, porque drenará medios de donde se necesitan en mayor medida a donde no se requieren, con un añadido de injusticia inaceptable. ¿Han pensado esta política lingüística desde la satisfacción de los derechos lingüísticos de la población vascohablante? Tampoco. Ni democrática, ni justa, y tampoco eficaz.