La experiencia aconseja no subestimar las capacidades del presidente del Gobierno, porque como advirtió Carmen Calvo hay varias versiones de Pedro Sánchez de tal manera que su versatilidad es extraordinaria. No debería suponerse que el jefe del Ejecutivo se ha introducido en un camino de final desconocido con la concesión de los indultos a los dirigentes independentistas y la rehabilitación de la mesa de diálogo con la Generalitat tras la entrevista de este martes en Moncloa con Pere Aragonés. Sánchez sabe dónde va e intentará llegar a la meta aunque sean muchas las dificultades para alcanzarla. 

La oposición, quizás no tan perspicaz como debiera, aduce que Sánchez se ha “rendido” a los separatistas. No necesariamente. Pudiera estar de acuerdo con ellos —por eso apela a la “audacia”— en lograr los términos de un acuerdo que sea funcional para unos y otros. La amnistía no es posible por razones constitucionales, como no lo es un referéndum de autodeterminación. Pero para lo uno y para lo otro existen sucedáneos que podrían satisfacer a los secesionistas que acreditarían haber conseguido buena parte de sus objetivos y a Sánchez aducir que ha solucionado la “cuestión” catalana, al menos, para un par de generaciones.

La amnistía es sinónimo de “acabar con la represión” en la jerga secesionista. Los indultos han sido un primer paso que, por el principio lógico de igualdad y magnanimidad, traerán los sucesivos de las personas que resulten condenadas en los procedimientos penales pendientes. La reforma del tipo de sedición —que será uno de los acuerdos de la mesa de diálogo— comportará el regreso de los fugados que, aunque podrían ser detenidos, saldrían en libertad condicional, serían juzgados con penas menores y puestos en la calle —e indultados— en breve tiempo. Aunque quizás, ni eso, porque si anda ligero, el Tribunal de Derechos de Estrasburgo tumbaría la sentencia del Supremo como ya tienen asumido los magistrados de la Sala Segunda que la dictaron en octubre de 2019. 

El Tribunal de Cuentas —que no es un órgano “administrativo” como afirmó Sánchez, sino constitucional (artículo 136)— puede ser congelado como el Consejo General del Poder Judicial una vez en julio rebasen sus vocales los mandatos para los que fueron designados o ser renovados por una mayoría absoluta en segunda vuelta y no de 3/5, modificando la ley orgánica que lo regula. Tiempo hay para hacerlo porque la conclusión del procedimiento de reclamación de los 5,4 millones de euros a los 39 cargos de la Generalitat será largo y tortuoso. Ahora el trámite es la prestación de aval o garantía y, alternativamente, embargo de bienes. ¿Es necesaria la amnistía para que “acabe la represión”? No. El punto de encuentro puede estar en la impunidad. Y esa es relativamente fácil de conseguir a poco que el Gobierno se empeñe. A ello se está yendo a pasos agigantados. Y sí, para estos itinerarios legislativos, el Gobierno tiene mayoría absoluta en las dos cámaras.

Por supuesto, no habrá referéndum de autodeterminación porque para ello habría que iniciar un proceso constituyente para el que no hay mayoría suficiente. Pero sería posible —no sin retorcer el espíritu de la Constitución— una votación consultiva en Cataluña sobre los acuerdos a los que pueda llegar la mesa de diálogo. ¿Cómo? Tal y como lo propuso el fallecido exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente: a través del artículo 92 de la carta magna. El jurista explicó por largo en los medios de comunicación la viabilidad de su propuesta. 

Prevé ese artículo que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. La consulta la convocaría el Rey a propuesta del presidente del Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados. Rubio Llorente ya explicó en 2013, en Barcelona, cómo había que proceder: reformar la Ley Orgánica 2/1980 que desarrolla este precepto para territorializar el referéndum solo en Cataluña, planteando la modificación normativa en el Congreso mediante una proposición de ley del Parlamento catalán que dispone de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales. Habría mayoría más que absoluta: 155 escaños de los partidos del Gobierno, más los 13 de ERC, cinco de Bildu, seis del PNV y ocho del resto de los independentistas catalanes. Se sumaría, probablemente, Más País y Compromís. Aunque la nueva ley se impugnase ante el TC por la oposición, el recurso no paralizaría su vigencia. Además, los magistrados del Constitucional se tomarían años en dictar sentencia, tal y como nos tienen acostumbrados.

¿El contenido de la/las preguntas del referéndum consultivo? Ya lo adelantó Artur Mas en el diario ‘El País’ el pasado día 23 de junio (“¿Son los indultos la solución?”). Según el expresidente de la Generalitat, se trataría de “un referéndum acordado con dos preguntas y con dos formas diferentes de implementar las respuestas. De esta forma, se podría votar dos propuestas: por una parte, la independencia por parte del soberanismo catalán; y, por otra, la propuesta de mejora del autogobierno por parte del Estado español”. Si ganase la primera opción, reforma constitucional (aunque sería más bien una derogación de la carta magna); si lo hiciese la segunda, no sería precisa ninguna medida normativa. Mas quiere que sea un referéndum vinculante, lo que, efectivamente, no es posible, pero admitirían los secesionistas que se abriese el portillo con uno que no lo fuera —se hace camino al andar— mientras que el Gobierno lo asumiría en la seguridad de que la secesión fracasaría, sin olvidar que la consulta no es vinculante jurídicamente, aunque sí desde el punto de vista político. Aquí interviene, otra vez, la “audacia” de Sánchez. 

De no disponer de este horizonte, ¿por qué el presidente ha aceptado dos mesas, una autonómica y ordinaria prevista en el Estatuto y otra de “diálogo” en la que se plantearán la amnistía y la autodeterminación que según él constituyen “líneas rojas”? Porque observa que, con el planteamiento anterior, es posible llegar a un punto intermedio sobre la base, nunca negada y siempre afirmada, de que los catalanes, antes o después, tienen que votar. Sánchez vendería este adefesio jurídico y político como una relegitimación de la Constitución de 1978 y el independentismo como una victoria sobre la letra y el espíritu de ese texto. Cataluña, pasaría así a alinearse con Quebec y Escocia, en donde no triunfó la secesión, pero se estableció el precedente referendario para que en el futuro fuese posible. A la vuelta de un tiempo, volverían a reclamar otra consulta (como los quebequenses y los escoceses), pero Sánchez y su PSOE habrían logrado lo que vienen pretendiendo: una mutación por vía de arbitraria interpretación de la Constitución. El presidente no se ha metido en este laberinto sin conocer el camino de salida. Busca una equivalencia de resultados. Ese es su plan.