Un canal de television que se financia con publicidad o con el dinero de sus accionistas tiene derecho a realizar informativos ‘de autor’, como ya se hace en España, en Europa y en Estados Unidos. Pero una televisión pública, en democracia, está obligada por la Carta Fundacional de la UE y la directiva europea 2010/13UE a respetar los principios de independencia e imparcialidad. TVE no puede ser una cadena de opinión. La opinión se la tiene que formar el espectador con informaciones fiables y neutrales. Al telespectador no se le debe dar la opinión ya formada, filtrando las noticias negativas para el poder y cargando las que perjudiquen a la oposición. El derecho a la libertad de expresión no autoriza que sus presentadores hagan política. En las escuelas de periodismo y en los cursos de máster siempre se ha enseñado que uno de los mandamientos sagrados del buen periodismo es separar la opinión de la información y es justo lo contrario de lo que se está produciendo en los programas que ahora monopolizan la parrilla de la 1.

La externalización de esos programas, en manos de productoras de periodistas identificados con el relato y los ‘spin doctors’ de la    Moncloa, no les excluye de las mismas obligaciones de rigor, pluralismo e imparcialidad. El Consejo de Informativos ha encargado una investigación sobre ‘Mañaneros’ y ‘Malas Lenguas’, pero todavía no ha    visto la luz, y el presidente de la Corporación está frenando una encuesta entre los trabajadores de RTVE sobre el grado de malestar por el deterioro de la imagen que producen estos programas en la credibilidad del medio. Pero en la Moncloa saben que casi el 70% de los españoles todavía escoge la televisión para ‘informarse’.