Eduardo Uriarte-Editores
Toda nación, incluso cualquier ámbito de convivencia política, se asienta sobre un relato compartido común del que suele formar parte la memoria. Hemos vivido los mejores cuarenta años de nuestra historia desde la Constitución de 1978 amplísimamente refrendada por la ciudadanía. Sin embargo, desde la llegada de Zapatero a la presidencia, determinados partidos -nuestra democracia está mediatizada por la partitocracia- aventuran, en un sumatorio de opciones arriesgadas, forzar otra memoria y otra democracia, posiblemente popular, poniendo en crisis el relato común. Precisamente el nuevo relato, muy minoritario respecto al que alumbró la Constitución de 1978, tiene el apoyo de los que quieren abolirla desde el izquierdismo o la secesión territorial.
Si efectivamente se quisiera enmendar fallos u olvidos de la memoria surgida desde la Transición, fallos que evidentemente como todo relato político posee, se hubiera buscado un clima de debate y diálogo abierto y sincero, ajeno a la dinámica emprendida por el actual presidente del no es no, calificar de indecente a su opositor o mangantes a sus adversarios. La llamada ley de memoria democrática viene de la mano de agresivos paladines, que en vez de buscar el encuentro, lanzan el título de memoria y democracia cual un trágala sectario que esconde una peligrosa mutación. Precisamente con adiciones de los que se oponen a asumir, negando la memoria de hechos recientes, los crímenes cometidos en nombre de su ideario.
Nuestro presidente de Gobierno es capaz de apoyar una iniciativa de estabilidad geopolítica, como es su compromiso con la conferencia de la OTAN, a la vez que promueve otra de inestabilidad nacional, mostrando una línea de actuación incoherente si no caprichosa. Vengo a coincidir con el presidente de Aragón, del mismo partido que Sánchez, cuando afirma que bajo esta ley, fundamentalmente encaminada a compensar a los derrotados en la guerra civil, se actúa contra la Transición, la ley de amnistía, y la misma Constitución. Se revisa desde el Gobierno y sus aliados, exclusivamente ellos sin concesión a los diferentes grupos de la oposición, lo que ha sido todo el discurso fundacional de nuestro sistema que, este si, fue el que superó la España del secular enfrentamiento.
Una ley que modifica el discurso transcendente que ha permitido la convivencia democrática, sin el apoyo político necesario para tal sustitución, va dirigida, contrariamente a su enunciado propósito, a fomentar la ruptura de la misma mediante la imposición autoritaria. Imposición autoritaria, pues no son ajenos a ella los idearios comunistas y nacionalistas que la suscriben.
Por lo demás, el título es propio de la incoherencia que nos gobierna. Referirse a la memoria democrática sería fundamentalmente referirse a estos cuarenta años de democracia, un poco, muy poco, a la II República, y algo, poco también, a la Restauración. Sin embargo, la ley va encaminada, que tiene su sentido en una ley que no llevara tal título ni las adiciones de Bildu, a compensar a los derrotados republicanos. Y de repente se ofrece, además, con las adiciones de los que apoyaron la “socialización del sufrimiento”. Lo primero que debiera recabar una ley de memoria son el esclarecimiento y responsabilidades de los actos terroristas cometidos con fines políticos.
Superar la fecha de la Constitución por demanda de los otrora violentos supone volar el momento fundacional de nuestra democracia. El tope puesto en 1983 -porque en el 84 se produce el asesinato de Enrique Casas-, propio de la mentalidad de un mal negociador de convenios sindicales, niega su sentido político e ideológico a la Transición, a la Constitución y a la ley de amnistía, puesto que se ven arrolladas y desautorizadas por la permanencia del franquismo. Sin momento fundacional de nuestra democracia ésta no existe, ETA se legitima, porque, y siempre lo dijeron, esto no es más que la continuidad del franquismo. Supone la destrucción del patrimonio democrático actual para proseguir con todos los medios hasta la consecución de secesiones territoriales o traumáticos cambios sociales.
En vez de ley de memoria democrática debiera titularse ley para la voladura de la democracia. Precisamente en unas fechas en las que se rememora el 25 aniversario del asesinato de Miquel ángel Blanco y del Espíritu de Ermua, reafirmación éste de la única memoria ciudadana democrática y constitucional que hizo posible vencer a ETA. Hoy nos vemos derrotados en el relato por obra de un irresponsable presidente de, hasta el momento, España.