Aceptar esto, o simplemente entenderlo, significa fijar objetivos y tomar decisiones a corto plazo para que empiecen a dar resultado a largo. No ocurrirá. Desde luego no en este mandato al que le queda menos de un año, como mucho seis meses a efectos prácticos. En el próximo, si Sánchez aguanta, la izquierda rehuirá la cuestión o la utilizará para asentar un relato donde las culpas recaigan indefectiblemente en el adversario. Si se produce el vuelco, la previsible coalición del PP y Vox se enredará en el debate de los diferentes criterios con que cada partido enfoca el problema climático, y en el mejor de los casos ambos tendrán demasiado trabajo tratando de enderezar el colapso sistémico que el sanchismo va a dejar como legado. En el escenario público contemporáneo sólo importan los asuntos perentorios, las crisis que reclaman pronunciamientos inmediatos para aplacar la alarma de los ciudadanos. Todo lo demás puede quedar aparcado en el cajón de los proyectos antipáticos.

Pero frente a llamas gigantes con la energía destructora de miles de bombas no sirven las respuestas convencionales, las únicas que las brigadas sobre el terreno –con graves dificultades para acercarse– tienen a su alcance. Ahora no queda otra que intentar lo que sea posible, más allá incluso de lo razonable, pero la devastación se repetirá en los veranos sucesivos si no se empieza ya a diseñar planes y a pensar en medidas de otra clase. No sólo recursos técnicos, siempre insuficientes, sino modificaciones legislativas ambiciosas y estrategias de actuaciones multidisciplinares. Vamos tarde; en 2027, en 2028, quizá en 2030 se volverán a escribir decenas de artículos similares. Sólo que entonces habrá aún menos árboles. Porque el sectarismo no aprende de los desastres. Porque la destrucción de los consensos institucionales nunca sale gratis. Porque en este marco volátil no es costumbre prestar atención a lo importante. Y porque sin una política de país como va a haber una política del paisaje.