Guillermo Dupuy, LIBERTAD DIGITAL, 7/9/12
Además de la constatable mentira sobre la que los ministros de Justicia e Interior han justificado la concesión del tercer grado al etarra Bolinaga –la de asegurar que su concesión era un imperativo legal y que el Gobierno prevaricaría si lo denegaba–, Jorge Fernández Díaz añadió otras falsas razones para conceder al asesino ese beneficio penitenciario, como la supuesta paz y derrota de ETA.
Es conocida la lucida réplica que Mayor Oreja hizo al ministro: «No, Jorge, no; ETA no está derrotada, está a punto de ganar las elecciones». Sin embargo, dejemos por un momento al margen las, ciertamente, excelentes perspectivas electorales del brazo político de ETA. Dejemos también por un momento las condiciones que la banda terrorista impuso para su supuesto cese definitivo de la violencia, todas ellas silenciadas por el Gobierno, como, en parte, satisfechas, tal y como es el caso de la neutralización de la Ley de Partidos, los acercamientos de presos o las concesiones de beneficios penitenciarios.
Imaginemos, por el contrario, que hemos alcanzado ciertamente la paz sobre el irreversible triunfo del Estado de Derecho y la no menos irreversible derrota de la banda terrorista. Imaginemos que es verdad –y no la peor de las mentiras– la «buena noticia» que nos vendieron los tramposos de Rubalcaba y Rajoy tras sus acuerdos de continuidad. ¿Tendrían por ello los presos de ETA más derechos que los que tienen? ¿De cuándo acá en un Estado de Derecho el destino de un recluso depende de lo que hagan o dejen de hacer los delincuentes que siguen en libertad? ¿A santo de qué apelar a la supuesta derrota de ETA, que, además de falsa, en nada debía afectar, aun siendo cierta, al reglamento penitenciario? Los etarras encarcelados no son presos políticos, como tampoco son prisioneros de guerra.
De la misma forma que los derechos que asistían a los presos de ETA para recuperar la libertad no los debilitaba el hecho de que la organización terrorista mantuviera activa su criminal lucha armada, el hecho de que ahora los terroristas la hayan suspendido temporal o definitivamente –para el caso, lo mismo da– no puede justificar la concesión de beneficios que no se darían en otro caso. Y eso por la sencilla razón de que la pena –incluida también su función supuestamente rehabilitadora– tiene una dimensión individual, no colectiva. El etarra que está en la cárcel lo está no por lo que hagan los demás en el presente, sino por el que él hizo en el pasado.
Si queremos que el cese definitivo de ETA se convierta en una auténtica realidad, más nos valdría preservar la Ley de Partidos y la disuasión y la certeza de las penas, y no debilitarlas en función de lo que la organización terrorista haga o diga que va a hacer. En caso contrario, ese cese definitivo seguirá siendo un espejismo, justificador de una política de apaciguamiento que solo da fuerza a ETA en su persistente búsqueda de la impunidad y el poder.
Guillermo Dupuy, LIBERTAD DIGITAL, 7/9/12