Juanma Romero-El Confidencial
El Govern no ve «avances» en sus dos temas más sensibles, y sobre los que no hay nada que discutir para el Ejecutivo central. Ambas partes, no obstante, acuerdan mantener el diálogo vivo
Las dos partes no conciben del mismo modo la «normalidad«. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, es retomar el cauce del diálogo, hablar de los problemas que afectan a la vida de los catalanes, acordar sobre lo concreto, rebajar la tensión. El deshielo. Seguir dialogando. Para el Govern, restaurar la «normalidad democrática» es otra cosa, es no solo hablar de infraestructuras o competencias —puro autonomismo, visto desde la óptica de Barcelona— sino de la situación de los dirigentes independentistas procesados y del derecho de autodeterminación, dos cuestiones que el Ejecutivo central no quiere entrar a discutir, ni ahora ni más tarde. Sus líneas rojas se mantienen incólumes. Pero esa «distancia«, esas «discrepancias profundas» y «obvias» no han impedido que la mesa de diálogo siga su camino. La interlocución no se rompe y continuará adelante. Justo lo que quiere Sánchez. Pero ese plan puede naufragar si Carles Puigdemont, el factótum de la Generalitat, decide que el «periodo de gracia» al PSOE ha concluido.
Quizás el acuerdo más importante de la comisión bilateral Generalitat-Estado que se celebró este miércoles en Barcelona —y por un espacio de tiempo sorprendentemente largo, unas tres horas y media— es ese: que nadie se levanta de la mesa y que se activen comisiones y subcomisiones mixtas. Al menos, por ahora. La delegación del Gobierno central, encabezada por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, salía satisfecha, y resaltaba que el tono fue «cordial», «franco», y que en el despido no solo no hubo tensión, sino abrazos amistosos. La comitiva de la Generalitat, pilotada por el ‘conseller’ de Acción Exterior, Ernest Maragall, reconocía esa «franqueza», pero añadía un adjetivo más para subrayar su malestar por el hecho de que siga sin haber avances en los temas que considera mollares —presos y autodeterminación—: la cumbre fue «franca», sí, pero también «dura«.
Hacía siete años que no se reunía la comisión bilateral Generalitat-Estado. El órgano de mayor rango que sienta a la misma mesa a los dos gobiernos. La última vez ocurrió en julio de 2011, cuando aún ocupaba La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, en su entrevista con Quim Torra de hace un mes, acordó reactivarla. Entonces, como ayer, el Govern confería menor importancia al hecho de que se empiecen a desbloquear asuntos concretos, porque su empeño no camina en la misma dirección.
El Govern se declara insatisfecho porque no ve «avances» en presos y referéndum. A ambas cuestiones Batet contesta con un rotundo no
De hecho, la Generalitat pidió que en el orden del día aparecieran citados, aunque eufemísticamente, las «consideraciones» del Govern sobre presos y referéndum. «Queríamos hablar de cosas que para Cataluña son muy importantes en materia de derechos», y eso incluye a los encarcelados y «exiliados» independentistas y el ejercicio del derecho de autodeterminación. La respuesta fue un rotundo no de la ministra. En concreto, la representación del equipo de Torra pidió constituir un grupo de trabajo sobre este último asunto, y el Gobierno central contestó que no era «pertinente», puesto que la tarea de la comisión bilateral es «desarrollar y aplicar el marco estatutario y constitucional previsto».
«Generar consensos y no divisiones»
«Pensamos que no hay mucho que investigar sobre ese tema, y es una de las mayores discrepancias que se derivan de la reunión». La propuesta del Ejecutivo y del PSOE es otra: una reforma de la Constitución y otra del Estatut y, entonces sí, someter ambas a sendos referendos. «Hemos insistido en que es mucho mejor generar consensos que no constatar discrepancias y divisiones», aseguró Batet.
«No hay mucho que investigar sobre la consulta, y es una de las mayores discrepancias», subraya la ministra, que pide a Torra «neutralidad» y «lealtad»
La ministra fue categórica cuando se le preguntó si, en consecuencia, el Ejecutivo cerraba por completo la puerta a un referéndum de independencia. «No existe el derecho de autodeterminación, ni en el marco constitucional interno ni en aplicación del derecho internacional […]. No tiene lugar a discusión». Con los presos, ocurre lo mismo: Sánchez no instará a la Fiscalía a que cambie de criterio respecto a los dirigentes procesados. «Todas las cuestiones en vía judicial escapan de las competencias del Ejecutivo».
En ese capítulo de «derechos y libertades» que quiso introducir la Generalitat, la delegación capitaneada por Batet lanzó un doble reproche. Por un lado, los gobiernos han de actuar «bajo control parlamentario», por lo que no es de recibo que el Parlament no retome sus plenos hasta octubre, un «cierre» de la Cámara denunciado por la oposición. Y por otro, las instituciones han de someterse a un «principio de neutralidad«, puesto que representan al conjunto de los ciudadanos. Podía entenderse como una recriminación por el uso de los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat —como el Palau, donde se celebró la reunión, de donde cuelga una pancarta a favor de los ‘presos políticos y exiliados’—. Esa «neutralidad» ha de conseguirse igualmente «en el espacio público», muy agrietado tras años de confrontación y ruptura cívica.
Durante su comparecencia, Batet subrayó que con la cita de ayer miércoles en Barcelona, se recuperaban la «normalidad institucional y el diálogo como método«, tras siete años, los de Mariano Rajoy en La Moncloa, en los que esa «normalidad» había estado «ausente». Y además el Gobierno había podido manifestar que tiene «un proyecto para España y para una Cataluña dentro de España«, «integrador».
Mirando de reojo a Pablo Casado
Dicho de otra forma, para el Ejecutivo central, «el debate de la situación política» no gira en torno al derecho a decidir, sino que se centra en todo lo analizado en la comisión bilateral «y la auténtica política, dirigida a asumir objetivos para los ciudadanos; esto es, servicios públicos, y poder hablar de becas, de sanidad, de dependencia, y las opciones del legislador y su eficacia, hablando de cómo mejorar la conflictividad o de cómo abordar traspasos pendientes, la participación de la Generalitat en las conferencias sectoriales y en todos los organismos multilaterales, los recusos financieros y administrativos o las distintas inversiones que son necesarias para los ciudadanos de Cataluña».
Maragall celebra al menos que se fije un calendario y afea al Gobierno que no tenga «proyecto». Batet defiende que sí: una Cataluña dentro de España
Además, el Ejecutivo promete «lealtad institucional», la misma que espera del Govern para que se puedan producir «avances de verdad» en esas comisiones y subcomisiones que comenzarán a trabajar desde primeros de septiembre para abordar asuntos como infraestructuras, transferencias, asuntos económicos o la disminución de la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional.
Para Maragall, en cambio, no hubo «ningún avance» en las dos materias fundamentales que la Generalitat llevaba a la mesa. «Parecía que estaban más pendientes de la reunión de mañana [por este jueves] de Pedro Sánchez con Pablo Casado». Más aún, reprochó al Gobierno que no hubiera puesto ningún proyecto propio para Cataluña. «No hemos oído hablar en ningún momento de él, ni una palabra«.
«Lo que teníamos que hacer»
La visión de Maragall era mucho más pesimista que la de Batet. Pero no sorprendió, por las expectativas que cada parte había dibujado antes incluso de entrar a la reunión. Pese a todos los escollos, los mismos de siempre, no hay vuelta a la tensión. O al menos no por ahora. El ‘conseller’ reconoció que el aspecto positivo de la cita fue el haber fijado un calendario de trabajo para los próximos meses, y que la Generalitat se sentaría a discutir sobre cuestiones como infraestructuras, inversiones o traspasos. «Hemos hecho lo que teníamos que hacer —alegó, en un mensaje más pensado para la clientela soberanista—. No podemos dejar de atender nuestras capacidades, nuestras competencias y obligaciones institucionales». La Generalitat, pues, ha de defender «hasta el último euro» que le corresponda frente al Estado.
Para el Ejecutivo central, sí hay un «avance» y es la continuidad del diálogo, por lo que la hoja de ruta de Sánchez se mantiene, «si cabe, más firme»
El Gobierno de Sánchez salió «satisfecho» de la reunión y la «gesticulación» de Maragall es la que esperaba. «No hay caminos para la paz. La paz es el camino —argumentaban desde el equipo del presidente—. No es que no haya habido acuerdos materiales. No era el día. Son gobiernos que acaban de constituirse. El acuerdo es mantener la vía abierta, poner en marcha un calendario de diálogo. Y decirse las cosas claramente. La ministra ha dejado bien claro que no hay presos políticos y que este Gobierno cree en la separación de poderes y respeta la Justicia. También que no existe derecho de autodeterminación. Sí ha habido un avance claro y este Gobierno tiene un proyecto. Ese camino puesto en marcha este miércoles es si cabe más firme».
Otra cosa es que en otoño el clima varíe y la efervescencia secesionista, que arrancará con la Diada y seguirá con la conmemoración del referéndum del 1-O y de la declaración unilateral de independencia, complique la hoja de ruta cuidadosamente trazada por Sánchez. En el Ejecutivo saben que Cataluña sigue siendo un polvorín «impredecible«.