Hoy Estados Unidos formaliza un paso importante en su política de presión sobre Venezuela.
El Cártel de los Soles, estructura criminal vinculada al narcotráfico, será oficialmente declarado organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado. Las autoridades americanas vinculan a Nicolás Maduro y a otros altos cargos de su gobierno a la dirigencia del cártel.
Esta designación no es una mera formalidad: permite endurecer las sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a sus colaboradores, ampliando así el espectro de acciones a las que puede recurrir Donald Trump en su hostigamiento a la tiranía de Maduro.
Se trata del cenit de varios meses de escalada en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Washington ha intensificado su despliegue militar frente a las costas venezolanas con ejercicios y operaciones orientados a desarticular las redes de narcotráfico vinculadas al régimen, y ha hecho estallar varias narcolanchas en el Caribe.
Mientras, Maduro ha acentuado su retórica confrontativa y su soniquete antiimperialista, denunciando repetidamente una supuesta campaña de asedio para justificar su ocupación del poder.
Las pertinentes maniobras de presión sobre el régimen ilegítimo de Maduro en ningún caso deberían dar pie a una invasión militar directa de EEUU en Venezuela.
La experiencia reciente ha demostrado que las intervenciones militares en escenarios complejos como el venezolano suelen agravar la crisis, incrementar el sufrimiento de la población civil y generar efectos imprevisibles en el largo plazo.
El derecho internacional debe ser respetado, lo que supone fomentar soluciones políticas y diplomáticas que eviten un conflicto armado abierto. La vía moralmente admisible y estratégicamente sensata es la de aumentar la presión diplomática y económica para debilitar al régimen y cortar sus fuentes de financiación.
Es imprescindible aislar política y económicamente a Maduro, apoyar con firmeza a la oposición legítima dentro del país y facilitar que sean los venezolanos quienes produzcan un cambio democrático desde dentro. Sólo una estrategia coordinada que combine sanciones, bloqueo financiero y respaldo a la sociedad civil permitirá abrir una puerta a la libertad y a la transición democrática.
En este contexto, es inaceptable que el Gobierno de España persevere en su actitud ambigua hacia el régimen de Maduro.
Este mismo domingo, Pedro Sánchez ha defendido que, si bien «no hemos reconocido el resultado electoral ni al presidente Maduro», debe respetarse el derecho internacional y buscarse «cauces de diálogo» con el tirano.
Pero es que su gobierno sigue sin reconocer oficialmente a Edmundo González como presidente electo, a pesar de que la oposición ha presentado las actas oficiales que acreditan su victoria electoral, y de que el Parlamento Europeo le ha reconocido formalmente como presidente legítimo de Venezuela.
Por otro lado, ningún miembro del Gobierno ha felicitado todavía a María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz.
El Ejecutivo de Sánchez protagonizó, además, un papel diplomático significativamente opaco en la salida forzada de Edmundo González de Venezuela. Y las tareas de mediación y blanqueamiento de la narcodictadura desempeñadas por José Luis Rodríguez Zapatero sólo añaden una capa más a la ambigüedad política del Gobierno de España.
La realidad es que Venezuela tiene hoy a un presidente electo en el exilio, a la líder de la oposición en la clandestinidad, y a un déspota usurpador en el poder. La posición del Gobierno español debe ajustarse a esta realidad y abandonar un doble juego que sólo ayuda a perpetuar la dictadura.
España, como parte fundamental de la Unión Europea, tiene la responsabilidad de apoyar sin ambages la defensa de los derechos humanos y la recuperación del Estado de derecho en Venezuela.