Es, en esencia, una burla descarada al Congreso y a la democracia. Un Ejecutivo al que una amplia mayoría le exige que plantee una moción de confianza o convoque elecciones se atreve a legislar por decreto urgente lo que considera oportuno, tratando a las Cortes, depositarias de la soberanía nacional, como una mera oficina de registro. Mayor desprecio a las formas institucionales es difícil de imaginar.

En términos económicos, el RDL constituye una estafa fiscal de primer orden. Se devuelve la fiscalidad energética prácticamente a los niveles previos al conflicto del Estrecho de Ormuz sin que los precios se hayan normalizado.

El IVA al 21% en gas y electricidad, Impuesto Especial sobre la Electricidad se restaura al 5,11%, y el “exótico” Impuesto sobre el Valor de la Producción se retira con cuentagotas hasta extinguirse, con suerte, en 2028.

Las ridículas cláusulas de salvaguarda —exigir un IPC del producto superior al 15% interanual— son una tomadura de pelo; umbrales tan elevados que resultan inoperantes salvo catástrofe mayor.

Es el cinismo intervencionista en estado puro: se anuncian ayudas pomposas cuando aprieta la crisis y se retiran en cuanto la presión política afloja

En los carburantes, la rebaja se evapora: de 37 céntimos por litro se cae a 18 en julio, 12 en agosto y 6 en septiembre. El contribuyente paga la fiesta. Mientras las familias y las pymes siguen estranguladas por una inflación acumulada que nunca se compensó mediante deflactación del IRPF, el Gobierno finge “mantener el apoyo” al tiempo que recupera caja con saña.

Es el cinismo intervencionista en estado puro: se anuncian ayudas pomposas cuando aprieta la crisis y se retiran en cuanto la presión política afloja, dejando intacta la maquinaria extractiva del Estado.

El sector primario recibe un trato especialmente mezquino. Se retocan al alza las cuantías de fertilizantes, sí, pero se blindan con controles burocráticos asfixiantes: diez años de facturas, cuaderno de explotación y declaraciones juradas.

En el gasóleo agrario y pesquero se reduce el respaldo efectivo. Todo ello mientras se mantiene la subida del IVA doméstico. El mensaje es de una claridad meridiana: el campo no es un sector productivo al que hay que liberar, sino un colectivo al que hay que subsidiar con cuentagotas y fiscalizar hasta la extenuación.

Lo más grave, sin embargo, es el abuso procedimental. Este decreto cuela reformas eléctricas de calado —almacenamiento, evacuación compartida, régimen de distribuidoras, estaciones de recarga— que nada tienen que ver con una respuesta de urgencia a los precios.

Cada euro recaudado de más es renta arrebatada a familias y empresas que ya soportan una de las presiones fiscales más elevadas de Europa

Son cambios estructurales que deberían pasar por proyecto de ley, con dictámenes del Consejo de Estado, audiencia pública y debate en sede parlamentaria. Utilizar el Real Decreto-Ley como ariete para imponer la agenda ideológica es un fraude democrático y un atentado contra la seguridad jurídica. El Gobierno legisla en situación de “urgencia” permanente porque sabe que, sometido a escrutinio normal, su intervencionismo no resistiría el análisis.

La disposición adicional tercera es especialmente reveladora de la mentalidad del régimen. Permite a los ministerios reasignar a su antojo los remanentes no ejecutados de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Es el reconocimiento implícito de que había presupuestos inflados, convocatorias fallidas y una gestión chapucera de los Next Generation. En lugar de devolver el dinero al contribuyente europeo o reducir déficit, se opta por la opacidad redistributiva interna. Dinero público malgastado que ahora se recicla para tapar agujeros. Un escándalo de gobernanza.

Este RDL es económicamente letal. Mantiene impuestos elevados sobre la energía en una economía que necesita desesperadamente ganar competitividad. Castiga la producción, desincentiva la inversión, distorsiona precios relativos y prolonga la vulnerabilidad estructural de España.

La transición energética no se logra con más impuestos y más burocracia, sino eliminando barreras, permitiendo que los mercados funcionen y dejando que los precios señalen la escasez real. Este RDL hace exactamente lo contrario: perpetúa el intervencionismo fallido y socializa costes mientras privatiza los beneficios políticos.

Desde la óptica política, el mensaje es ominoso. Un Gobierno débil, cuestionado en su legitimidad, responde con más autoritarismo normativo. Intenta imponer su voluntad por decreto y obliga al Parlamento a tragar o bloquear el paquete completo.

Es la lógica del “o conmigo o contra España”. Una práctica que degrada la calidad institucional y erosiona la confianza en el Estado de Derecho.

España no puede permitirse este tipo de gobernanza extractiva y tramposa. Cada euro recaudado de más es renta arrebatada a familias y empresas que ya soportan una de las presiones fiscales más elevadas de Europa para obtener, a cambio, servicios públicos mediocres y una deuda desbocada.

El RDL 18/2026 no resuelve problemas: los agrava. Es la enésima demostración de que este Gobierno prioriza el control político sobre la eficiencia económica y el respeto institucional.

Mientras persista esta cultura del decreto y la opacidad, la economía española seguirá lastrada por un Estado hipertrofiado, voraz e ineficiente. La factura la pagan siempre los mismos: los que trabajan, producen y cumplen