LA RAZÓN, 19/3/12
El Gobierno advierte al PSOE de que su discurso refuerza la presión de la banda por la amnistía. Sólo 22 etarras se han acogido al proceso para su reinserción
MADRID-La legislación penitenciara marca las vías para acceder a los beneficios establecidos y para cambiar de grado, pero eso requiere que el recluso se ajuste a la legalidad, se desmarque del delito cometido, en este caso de la actividad terrorista, y asuma las consecuencias de sus actos. Sólo 22 presos de ETA han dado este paso y todos antes de que la banda terrorista anunciara el pasado mes de octubre el cese definitivo de la violencia. Dieciséis de ellos se encuentran en el Centro Penitenciario de Álava; tres, en el de Bilbao; dos, en el de San Sebastián y uno, en el de Villabona (Asturias).
Desde entonces, ningún nuevo recluso etarra se ha sumado a la conocida como «vía Nanclares», impulsada por el anterior Gobierno socialista y que el actual ministro del Interior, Jorge Fernández, ha decidido mantener abierta. Consiste en otorgar beneficios penitenciarios de manera individualizada a aquellos miembros de ETA que rompan con la banda, que hagan autocrítica, que pidan perdón y que colaboren en el esclarecimiento de los crímenes.
«Ésta, la del cumplimiento de la legalidad, es la única puerta que los terroristas tienen, y tendrán, abierta, y quien no la acepte se cierra a sí mismo la puerta», explican desde el Gobierno. La consigna de ETA es que no la acepten, dentro de un tira y afloja que se alimenta –dicen en el Ejecutivo— de los discursos políticos que dan aire a las esperanzas de los presos de que pueda haber soluciones colectivas y amnistías, tal y como sigue exigiendo ETA. Ahí está la izquierda aberzale, el nacionalismo y también el PSOE. De hecho, desde el Gobierno ya se ha trasladado a un alto cargo del socialismo vasco la inconveniencia de sus mensajes y de sus guiños en esta materia a las reivindicaciones de Batasuna y de ETA. «La presión en estos momentos tiene que estar toda sobre ETA para que se disuelva. Y bajo el principio de que la reinserción tiene que ser individualizada y legal», insisten fuentes gubernamentales.
La aceptación de la legalidad penitenciaria y la crítica a la violencia tienen un alto coste para los presos etarras en su entorno social y familiar. «Son estigmatizados, dejan de ser los héroes para pasar a ser los “traidores”», explican fuentes penitenciarias. Y esto, unido al discurso político que sostiene esa fe en la amnistía, explica por qué no hay ningún movimiento significativo en el colectivo de los reclusos etarras. A Instituciones Penitenciarias han llegado incluso muestras del nerviosismo que existe entre algunos de los que se acogieron a la «vía Nanclares» por el miedo de que ellos hayan dado pasos y otros, sin hacerlo, lleguen a la misma meta. Esta situación ha obligado al Gobierno a reforzar la pedagogía de su discurso y a seguir haciendo gestos que confirmen la aplicación de la Ley, y de los beneficios penitenciarios que ésta reconoce, sólo a los que han dado esos pasos. El pasado mes de septiembre, el colectivo oficial de presos de ETA proclamó su rechazo a la legalidad penitenciaria, y a pesar de los muchos cantos de sirena que desde entonces se han producido, esta consigna no ha cambiado. De hecho, hoy al Gobierno le consta que ETA continúa esperando una salida para sus presos y para sus refugiados, y que la vista también la tiene puesta en el ámbito político y en las próximas elecciones autonómicas vascas, que deberían celebrarse en marzo de 2013. Por cierto, sobre ese icono de los refugiados, el Ejecutivo baraja lanzar algún tipo de mensaje para desactivar la estrategia de la dirección etarra: podría ir en la línea de advertir, por ejemplo, que los que no tienen causas pendientes con la Justicia, si no vuelven es porque no quieren.
En este escenario, al Ejecutivo le preocupa cada vez más que sea la «izquierda abertzale» la que pueda rentabilizar la disolución de ETA en las próximas autonómicas vascas, porque entonces –subrayan– «tendríamos un problema de Estado». Por eso creen que sería bueno que esa disolución fuese cuanto antes y se alejase lo más posible de las urnas. «Las trampas políticas ya las conocemos y podemos estar en vísperas de otra», sentencian.
Otro terrorista en tercer grado
Dentro de la «vía Nanclares», el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro estudia una propuesta formulada el pasado noviembre por la Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa sobre la concesión de la libertad condicional para Fernando de Luis Astarloa, en tercer grado desde el pasado 20 de octubre. El primer tercer grado desde la llegada del Gobierno al PP ha sido para el preso José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, antiguo colaborador del «comando Vizcaya», tras cumplir con los requisitos legales establecidos.
LA RAZÓN, 19/3/12