Cataluña fue una de las materias del examen o, al menos, la prueba que los magistrados aspirantes al Tribunal Constitucional afrontaron ayer en el Senado ante la Comisión de Nombramientos. Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, propuestos gracias al acuerdo PP-PSOE, creen que el concepto de nación no puede aplicarse a Cataluña.
Durante las comparecencias, el portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, preguntó a los candidatos si las nacionalidades y regiones de la Constitución pueden llegar a considerarse naciones, o recogerlo así en cada estatuto de autonomía. Para Conde-Pumpido, la Constitución resolvió «bien» la cuestión «al distinguir entre nación, nacionalidades y regiones». Desde su punto de vista, cabe la consideración histórica o cultural de una región como nación, pero no la política, porque el concepto nación va vinculado al de Estado.
Montoya fue más liviano en su respuesta y dijo atenerse a lo que dicta la Constitución: «La nación es la nación española. Las comunidades pueden ser nacionalidades». Por su parte, Balaguer, si bien evitó pronunciarse de manera explícita para no quedar «invalidada» como candidata, en un informe elaborado para el PSOE de Andalucía –formación de la que llegó a ser militante– defendió un modelo de Estado «federal pluralista, social y cooperativo» que garantice «plena igualdad» entre territorios, «no reñida con el reconocimiento de hechos diferenciales que reivindican otras comunidades y que tienen anclaje en la Constitución».
Enríquez también se mostró tajante. A su juicio, «la Constitución reconoce la unidad y la indivisibilidad del Estado y la autonomía de las regiones». Si bien ha reconocido que desde los padres de la Carta Magna hasta nuestros días el concepto de nacionalidades y regiones ha sido objeto de un profundo debate, «en cuanto al concepto de nación, quedó reservado para España». Este magistrado estimó que «hay una gran descentralización, que algunos califican de pseudofederal, con competencias incluso que otros estados federales no tienen. Y ahí acaba la autonomía de nacionalidades y regiones. Las nacionalidades son parte de la nación», zanjó.
Asimismo, los magistrados, ante la pregunta de la portavoz de ERC Mirella Cortès sobre que el Estado ceda la competencia para celebrar un referéndum de independencia, consensuaron que este tipo de consultas deben realizarse dentro de los límites y cauces que marcan tanto la Constitución como las leyes. Esto es, no consideraron viable esta opción planteada por los independentistas.