No a la guerra

El cambio de dinámica, impuesto por el presidente Donald Trump, en la tradicional asunción por parte de Estados Unidos del papel de coloso mundial de la inversión en Defensa, ha venido a despertar a la Unión Europea de su dulce sueño de desentenderse «un poco» (bastante) de su propia defensa, ya que siempre estaba ahí «al lado» el potente aliado americano. Mientras eso sucedía, nosotros podíamos dedicarnos a cuestionar su impositiva manera de entender las relaciones internacionales, pero cultivar, mientras tanto, nuestro Estado de bienestar sin preocuparnos de invertir en defensa «por si acaso». Ese «por si acaso» nos lo cubría, con holgura, el criticado «aliado estadounidense» y la denostada Alianza Atlántica, de la que él era «supremo partícipe».

Este nuevo escenario ha venido a demandar a todo el mundo la necesidad de posicionarse en cuanto a su propia seguridad. Las reacciones de los gobiernos de los países han sido variadas, como, lamentablemente, han sido variadas las posiciones asumidas dentro del Gobierno de nuestro propio país.

Por un lado, la parte socialista del Gobierno se situaba en la asunción teórica de incrementar las inversiones en defensa, mientras trataba de colar, de matute, dentro de esas inversiones, algunas de las que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país frente a eventuales agresiones físicas y letales por parte de quien quiera imponernos su voluntad por la vía del empleo de la fuerza, a nosotros o a algunos de los países con los que compartimos relaciones de cooperación política, histórica, económica, comercial y de visión del mundo. Así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, era comisionado por el presidente del Gobierno, para tratar de disuadir a nuestros aliados en la Unión Europea, con escaso éxito, de que íbamos a invertir más, pero que entendieran que esa inversión se podría centrar en cosas como la ciberseguridad o la protección frente al cambio climático, en el marco de lo que pretendía «colocar» como un concepto «amplio» de defensa.

Por otro lado, la parte comunista del Gobierno, la teóricamente liderada por la vicepresidenta 2ª, Yolanda Díaz se ubicaba (y se ubica), como de costumbre, en el rechazo a asumir incremento alguno en las inversiones en defensa o, si acaso, aceptando asumir «sólo» aquellos que no se hicieran «con fines belicistas». No parecen comprender que, precisamente, las inversiones en defensa persiguen prevenir el desencadenamiento de conflictos. Relacionar la existencia de los ejércitos y la disponibilidad de las adecuadas capacidades para defender a la sociedad con la existencia de los conflictos es como relacionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al entramado legal y judicial del país con la existencia del delito. Nos dotamos de todo ello, precisamente, para disuadir a los delincuentes de la inconveniencia de delinquir, so pena de enfrentarse a las consecuencias que la sociedad establece para castigar a los delincuentes. No hay nada más contrario a la seguridad que la carencia de recursos para garantizarla.

Las tres tareas esenciales, por ejemplo, de la Alianza Atlántica, son la Defensa y Disuasión, la Prevención y Gestión de Crisis y la Seguridad Cooperativa.

Resulta, por lo menos, ingenuo (si no algo peor) predicar que el desarme de las sociedades contribuye a incrementar su seguridad.

La defensa de uno mismo es un derecho al que uno puede renunciar, si sus convicciones personales le inducen a ello. La defensa de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, pero no sólo, es una obligación de los administradores de una sociedad de la que no pueden abdicar. Los gobiernos son responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos de sus propios países. No valen subterfugios ni posicionamientos, presuntamente pacifistas, pero, efectivamente, elusivos de la propia responsabilidad.

En esta tesitura en la que nos encontramos y tras la llamada a despertar a la que la Unión Europea está colectivamente respondiendo, esta semana se ha presentado el Libro Blanco de la Defensa europeo en el que se especifican, sin ambages, las capacidades prioritarias a las que los países de la Unión Europea deben prestar atención en el marco del incremento en los Presupuestos de Defensa a asumir, por la Unión en su conjunto y por cada uno de los países miembros de manera individual. Este Libro Blanco de la Defensa aparece vinculado al Plan «Rearmar Europa», presentado por la presidenta de la Comisión una semana antes y es precursor de la Estrategia de Preparación de la Unión para prevenir conflictos y de la Estrategia de Seguridad Interna de la Unión Europea, para identificar amenazas a la seguridad, que se promulgarán con posterioridad.

Las capacidades prioritarias a asumir por todos los países miembros, con la finalidad de garantizar la defensa de la integridad territorial de todos y cada uno de ellos son la Defensa Antiaérea y antimisiles, los sistemas de Artillería, incluyendo los de largo alcance, la disponibilidad de los adecuados niveles de munición y misiles, los drones y los sistemas antidrones, la garantía de la movilidad de los recursos materiales, la capacidad de combatir en el ámbito de la Inteligencia Artificial, la computación cuántica y las amenazas electrónicas y cibernéticas y los capacitadores estratégicos, así como la protección de las infraestructuras críticas. Todo muy claro, muy preciso y poco apto para interpretaciones confusas o sesgadas.

Además, ha de interpretarse que, en mayor o menor medida, estas capacidades han de encontrarse disponibles en todos y cada uno de los países ya que la carencia de alguna de ellas en alguno de ellos representará una brecha para la seguridad, en principio del país afectado, pero, inmediatamente después, de la del continente como un todo.

La única manera de disuadir a los potenciales promotores de conflictos, entre los que el Libro Blanco incluye, de manera destacada, a la Rusia de Putin, ilegal invasora del territorio soberano de un país independiente, como es Ucrania, es la de disponer de las adecuadas capacidades disuasorias como el único procedimiento efectivo y creíble de promover y garantizarse la posibilidad de afirmar, con expectativas de éxito, un rotundo «no a la guerra».