La semana empezó con la entrada en tromba de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca y terminó a gritos de «tongo» en el Congreso de los Diputados. Dos sucesos aislados que denotan el grave clima político que acecha a España. Aunque el nexo cercano es que los hechos ya no importan tanto en nuestra democracia, como el uso que se hace de ellos para artillería política. Por eso, la única forma de evitar el ‘totum revolutum’ de tiros cruzados es dar a cada cosa su magnitud y alcance. 

Primero, porque tras la entrada en un consistorio, así como las veces en que se rodeó el Parlament o el Congreso, siempre estuvo la creencia de que las instituciones habían dejado de hacer su función para resolver problemas ciudadanos. Es decir, reventando el principio de la representación. Los electores eligen a sus cargos públicos y estos hacen leyes para moldear realidades, vehiculando el conflicto de forma pacífica. Sin instituciones, lo contrario sería la selva, resolver diferencias en la calle, bajo el poder del más fuerte. 

En consecuencia, lo que está en peligro ahora son también las maneras de la democracia. Tendemos a poner el foco en los partidos que abanderan discursos de odio, xenofobia, homofobia, populismos, tensiones iliberales… porque la aplicación de su ideario definirá un modelo de derechos humanos, de integración, de exclusión, o de respeto, que nos alarma. Pero tan democracia es la forma como el fondo, y de eso fueron sucediéndose otros hechos esta semana, cada uno en su magnitud, sin afán de compararlos. 

La clave está en si se debió atender a la petición de rectificación de Casero 

Uno son las formas que han arraigado en la derecha como vía de oposición al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Se vio este jueves, a gritos de «pucherazo», o acusaciones de «prevaricación» contra la presidenta Meritxell Batet, por la votación del diputado Alberto Casero. El caso terminará en el Tribunal Constitucional. La clave está en si se debió atender a la petición de rectificación de Casero. Hay dudas porque los usos han ido cambiando, y ahora se emplea un sistema de doble confirmación del propio diputado. 

Lo grave del suceso es que se ha saldado con varias voces de la derecha con la coletilla de «reforma ilegítima». Errores en votaciones se cometen decenas en el año. Se puede hasta discutir que, en verdad, la cámara no avala esa reforma. Ahora bien, la bandera del «ilegitimismo» se blande ahora por ser una de las leyes clave del Gobierno, que garantizará su continuidad. Parecido al mantra del «gobierno ilegítimo» de Pedro Sánchez, junto al independentismo. Es decir, lo más cercano a romper el vínculo de aceptación que une a los calle con las instituciones democráticas. 

A la sazón, el «todo vale» a veces toma formas de un trilerismo que puede parecer menos grave, pero también degrada. La última vez, el ‘affair’ murciano, donde el Partido Popular logró parar una moción de censura de PSOE y Ciudadanos a su presidente Fernando López Miras, mediante el desmarque de dos diputados de Ciudadanos que, curiosamente, acabaron siendo consejeros del gobierno que salvó el PP. Estos fueron tildados de «tránsfugas», y el hecho quedó como un episodio de poco ‘fair play’ democrático. 

Se superponen dos lógicas: la del diálogo social, que no dejan de ser grupos de presión externos, y la del parlamento, la voluntad popular 

La realidad es que, para el caso que nos ocupa, había material para criticar la forma en que Moncloa cocinó esta reforma laboral, que no pasaban por el barro o deslegitimación parlamentaria. 

Lo primero, por el contrato de adhesión que pretendió el PSOE por parte de sus socios, bajo la creencia de que con el voto de los agentes sociales era suficiente para la reforma. El Gobierno se ha llenado la boca diciendo que negociaba mucho y muy bien porque ‘voilà’, patronal y sindicatos lo amparaban. Sin embargo, lo ajustado de la votación en el Congreso demostró la carencia esencial de no estar dispuesto a tocar ni una coma del texto. 

Hasta cierto punto, el uso del decreto ley se podía entender cuando las reformas laborales eran impulsadas por gobiernos mayoritarios, no con un Ejecutivo de 155 escaños. Pero ahora no bastaba con decir que a Antonio Garamendi o a Pepe Álvarez les encantaba la reforma, porque no son diputados. Se superponen dos lógicas: la del diálogo social, que no dejan de ser grupos de presión externos, y la del parlamento, la voluntad popular. Legítimas ambas, pero insuficiente numéricamente en el caso de la primera. 

En la actualidad, el de Ciudadanos es tener protagonismo, el PNV, competencias para Euskadi, y ERC, ser el socio preferente 

Así pues, al Gobierno le estalló en la cara uno de sus ‘modus operandi’: que demasiado a menudo espera un contrato de adhesión de sus socios. Los ejecutivos han tendido a tirar históricamente de decreto ley en momentos de fragmentación en España, algo que lamina el debate parlamentario y la posibilidad de enmiendas. Pero la democracia no puede ser una fórmula binaria, donde los grupos cedan por miedo a un mal titular, o por otros intereses. En la actualidad, el de Ciudadanos es tener protagonismo, el PNV, competencias para Euskadi, y ERC, ser el socio preferente. 

El último ejemplo de Pedro Sánchez fue el decreto de mascarillas, metido con las pensiones. Una distorsión del parlamentarismo, una burla, que lamina el poder del Congreso para poder fiscalizar de verdad a la cámara, que acaba siendo un mero trámite para salirse Moncloa con la suya. Todo ello, para acabar anunciado que la mascarilla en exteriores, no avalada por los expertos, decaerá a pocos días. 

Por eso, ERC y Bildu, hartos de ciertas formas parlamentarias, se plantaron. Si no se reconocían en una reforma que se las prometía de derogación total, para qué apoyarla. A las izquierdas plurinacionales no les conviene un Podemos fuerte: de su desplome ha bebido su crecimiento en estos años. Pero si Yolanda Díaz iba a impulsarse como nueva líder de la izquierda, republicanos y abertzales decidieron no ponerle ese maquillaje y echarla en brazos de Ciudadanos. 

A saber, que la democracia son las formas, pero cuando el ‘show’ político acaba siendo demasiado, este acaba secuestrando el fondo 

Aunque si algo hizo caer la idea del «gobierno que suda sus apoyos» fue la posición de UPN, que dejó otro ejemplo de ausencia de decoro parlamentario. Se les impuso una votación desde su sede, y Moncloa tampoco había negociado la reforma. Pero la falta de aviso a su formación o al Gobierno sembró la duda sobre una treta parlamentaria, que casualmente podía hacer caer la ley, de forma abrupta. 

A saber, que la democracia son las formas, pero cuando el ‘show’ político acaba siendo demasiado, este acaba secuestrando el fondo. Otra semana más hablando de los líos de partidos, y sacando el interés del drama de la calle. Pues lo que está en juego es evitar que a alguien se le ocurra asaltar la democracia, al no encontrar respuestas materiales, ni de forma, mal ejemplo, en sus representantes.