EL MUNDO 31/05/16 – ARCADI ESPADA
· Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas catalanes, acude el domingo a una manifestación independentista contra la ley y desde allí hace saber a sus escribas –la prensa socialdemócrata blanqueará luego a cuatro columnas su sediciosa presencia– que no está cómodo. No se entiende bien su incomodidad. Aunque sólo sea por la costumbre.
Iceta pertenece al mismo partido e incluso a la misma facción capitana que don José Montilla, el presidente de la Generalidad que desde el poder ejecutivo impulsó el desacato con aquella sentencia célebre: «No hay tribunal que pueda juzgar ni nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación». E, incluso como catalán a palo seco, Iceta tiene una intensa familiaridad con el desacato desde el día en que el honorable Jordi Pujol reaccionó a la interpelación jurídica con el chantaje de la política.
La presencia en la manifestación de miembros del gobierno de la Generalidad, como el vicepresidente Oriol Junqueras y la consejera de Presidencia, Neus Munté, y de miembros del legislativo español, como Gabriel Rufián, aún debe suscitar menos misterio. Se manifiestan contra la ley porque consideran que es una ley extranjera y contra el tribunal que la aplica porque les parece un tribunal extranjero. En realidad la manifestación es la más intrascendente de sus fechorías. Desde hace tiempo, y en la medida en que puedan hacerlo sin correr riesgos personales, ignoran las decisiones judiciales que les contrarían.
En Los orígenes del poder político Francis Fukuyama define con admirable precisión el alcance del principio de legalidad: «Significa que en una sociedad existe el consenso social de que sus leyes son justas y preexistentes, y que deberían regir el comportamiento de todo aquel que se encuentra al mando del gobierno en un momento dado.
El gobernante no es soberano; la ley es soberana, y el gobernante adquiere legitimidad únicamente en la medida en que obtiene sus poderes justos de la ley». Este consenso, esta preexistencia y esta justicia que caracterizan el principio de legalidad están amenazados en España y la circunstancia rebaja drásticamente la calidad de la democracia local. Hay gobernantes, o aspirantes al gobierno, que oponen a la legalidad democrática una premoderna equidad de reyezuelos: como la ley les desobedece, en justa correspondencia desobedecen la ley.
EL MUNDO 31/05/16 – ARCADI ESPADA