No digo yo que el comité de expertos del salario mínimo deba de estar copado en exclusiva por quienes son realmente expertos de materia de salarios, es decir aquellos que contratan empleados y pagan sus salarios, pero me da que una comisión que los excluye, como es la actual y renovada no es la mejor manera de encararlo. Ni creo que coincida con la letra y el espíritu de la directiva europea que obliga a los gobiernos a contar con el asesoramiento de un comité técnico que opine de la materia.

En resumen, este comité que opina sobre el salario mínimo está compuesto por docentes, de mayor o menor prestigio; de funcionarios gubernamentales de mayor o menor importancia y de los representantes de los dos sindicatos mayoritarios. CEOE estuvo invitada, pero desechó la oferta al considerar que su peso era insuficiente y que el sesgo ideológico del mismo era evidente. Como muestra de ello, los dos miembros que han salido del comité, Manuel Lago y Carlos Martín, han ido directos al Parlamento para ser diputados por Sumar. Por si fuera poco, la comisión tiene muchas limitaciones en sus propuestas, pues el Gobierno le marca de salida cosas como el compromiso de mantener la capacidad adquisitiva de los salarios. Parece claro que, cuanto más mengua su respaldo electoral, más se excita el ansia por ‘ensanchar derechos’ de la vicepresidenta Díaz que no deja pasar un día sin practicar tan generosa actividad. El jueves mismo nos regaló los «permisos remunerados meteorológicos». Esto es curioso. Si un trabajador no puede ir a trabajar porque una dana le impide el acceso a su centro de trabajo es obvio que la ausencia está justificada y que debe de ser remunerada. Pero si la circulación por las carreteras, el funcionamiento del ferrocarril, del metro o los tranvías son responsabilidad del gobierno y de las entidades de ámbito local, ¿por qué razón debería asumir su coste la empresa?

Así que el salario mínimo subirá en torno al 5%. No parece una cifra exagerada, aunque hay que recordar que ha subido el 54,1% desde 2018, lo que ha inducido ganancias de poder adquisitivo, una vez que el IPC ha subido en ese periodo un 19,8%. España es el tercer país de la UE donde el SMI supone un porcentaje mayor sobre el salario medio tras Eslovenia y Portugal. Lo que me parece erróneo es que esa cifra sea única para todos, sin considerar, como ya he mencionado, ni el sector, ni el tamaño, ni la región -con IPC muy diferentes entre todas las CC AA-, ni la situación competitiva de la empresa en concreto. Los expertos han utilizado como base para llegar a esa subida la Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el INE. Pero, así como los costes no son únicos, ni homogéneos en todo el país, la propuesta se equivoca si da una solo cifra, lo que ampliará sus efectos negativos sobre el empleo.

Se argumenta, con razón, que todas las subidas anteriores han sido compatibles con una evolución favorable del empleo. Pero eso es cierto si nos fijamos solo en los valores absolutos y obviamos analizar temas como las características del empleo creado y su calidad. Como suele suceder, las decisiones del Ministerio de Trabajo tienen un exceso de ideología y graves carencias de análisis técnico. Es una lástima que no aprovechemos el buen momento de la cantidad para mejorar su calidad y su sostenibilidad en el tiempo.