Otro 20 de noviembre -¡qué querencia!-, en este caso de 2011, fue la fecha elegida por José Luis Rodríguez Zapatero para celebrar unas elecciones a las que no se presentó como candidato y que el PSOE perdió clamorosamente llevando al PP a la mayoría absoluta de 186 escaños en la primera legislatura de Mariano Rajoy. Y este 20 de noviembre conocíamos el hecho inédito y vergonzoso de que el fiscal general del Estado era condenado por revelar información confidencial para perjudicar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Las reacciones bordeando el histerismo del complejo mediático al servicio del Gobierno, el enfado de los miembros de este, y hasta la siempre impagable aportación de Patxi López a la ciencia jurídica con sus análisis, revelan que el duelo de todos ellos va más allá del hecho de la condena del fiscal. Se trata más bien de una reacción de pánico ante el crujir de lo que ha querido consolidarse como un régimen y hace tiempo que da muestras de estar colapsando.

Desde Zapatero, la alianza orgánica de la izquierda con los nacionalistas de toda condición fue asumida por los socialistas como la fórmula para eternizarse en el poder y mantener al Partido Popular extramuros del sistema. El cálculo, sin embargo, se ha torcido. El gran poder territorial que el PP acumula ha dañado seriamente el valor de ese nuevo paradigma que los socialistas han querido imponer en la política española.

La corrupción, el ejercicio arbitrario del poder, la pérdida abismal de credibilidad de un Gobierno sin palabra y la brecha que se abre entre unos buenos datos macroeconómicos y la realidad concreta que muchos ciudadanos han de afrontar han minado de manera irreversible ese modelo que pretendía ser infalible. El lamento no es por Álvaro García Ortiz, sino por el final claramente percibido de un régimen basado en el cesarismo de Sánchez, la deconstrucción del Estado para mantener a bordo a los nacionalistas y unas circunstancias excepcionales que han permitido al Ejecutivo gastar sin reglas.

Cada día es más nítido el hecho de que el PSOE ha sido fagocitado por un dirigente que lo ha puesto al servicio de una pulsión personal de poder, sin preocuparse de las consecuencias que esta verdadera privatización del Partido Socialista por Pedro Sánchez va a tener para el futuro de su organización política. El reciente mitin de Sánchez en Extremadura, inconcebible en un estado de mínima normalidad democrática, lo dice todo: caluroso apoyo a un candidato que se va a sentar en el banquillo junto con el hermano del propio Sánchez por amañar una plaza de funcionario en beneficio fraternal, el mismo día en que se conocía el segundo informe devastador de la UCO.

A lo anterior hay que añadir el reparto de ministros candidatos en las comunidades autónomas para asegurar el control del partido en estos territorios al margen de que ni Óscar López en Madrid, ni Pilar Alegría en Aragón, ni Diana Morant en Valencia, ni María Jesús Montero vayan a tener posibilidad alguna en sus respectivas elecciones. Y así anda el PSOE, obligado a una resistencia sin épica que reniega de su mejor pasado y que, por el contrario, se inspira en lo peor de él.

¿Y los socios? Pues uno tiene la impresión de que están en esa situación de los que conviven con el padre fallecido, pero no lo dicen para seguir cobrando la pensión. Todos saben a estas alturas que las cuentas precarias sobre las que se ha montado este Gobierno no van a volver a salir, así que mientras tanto deben de pensar que lo mejor es aprovechar el tiempo que queda. El futuro, como a los socialistas, tampoco parece importarles. Y la coherencia, menos aún.

Se ha podido escuchar al PNV lamentarse de la «judicialización de la política», ellos que montaron la moción de censura contra Rajoy sobre una sentencia y cuyo argumento para seguir apoyando a Sánchez es que no hay sentencia sobre Cerdán ni Ábalos ni condena judicial del PSOE por financiación ilegal. Y ponen cara seria cuando lo dicen.