Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
En la reciente entrevista que concedió a este periódico la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró que el Gobierno proporcionaba certezas ya que estas eran necesarias para reanimar el proceso de inversión. Algo que todo el mundo considera imprescindible para avanzar en la reconstrucción de nuestro sistema económico, que se encuentra gravemente amenazado por el parón de actividad causada por el confinamiento legal, primero, y por el mental, ahora.
Es cierto que las certezas son necesarias para despejar el horizonte de cuantas más incertidumbres sea posible, pero no lo es que haya ahora tales certezas. Basta con repasar el tortuoso deambular de la reforma de la reforma laboral para llegar a esta conclusión. Veamos. En el acuerdo firmado en diciembre de 2019 entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para poner en marcha el Gobierno de coalición, se decía expresamente: «Derogaremos la reforma laboral y recuperaremos los derechos laborales arrebatados». Así, sin matices. Después, allá donde Podemos insistía en la letra, el PSOE se fue distanciando en el espíritu y pasó a hablar de «los aspectos más lesivos de la reforma laboral», aunque nadie se tomó la molestia de explicar exactamente cuáles eran.
Más tarde, en plena pandemia y ante la necesidad de obtener los votos necesarios para prorrogar el estado de alarma, el PSOE firmó un acuerdo con EH Bildu en el que se hacía mención a la «derogación íntegra de la reforma laboral», otra vez sin matices. Pero el acuerdo provocó la reacción inmediata de la vicepresidenta Calviño, que no solo se mostró contraria a ello, sino que calificó de «absurdo» el contenido del acuerdo. Lo que, a su vez, provocó una nota «aclaratoria» del PSOE en la que se desdecía de él al volver a utilizar «los aspectos más lesivos» como destinatarios de sus planes de contrarreforma.
Y en esas estábamos cuando en las conversaciones de la Cumbre de Bruselas, los países denominados ‘frugales’ han citado a la necesaria reforma laboral en España, pero no para derogarla, sino para profundizar en ella. Una presión -supongo que intolerable para muchos- que ha llevado al Gobierno a sugerir que la contrarreforma no es una prioridad, aunque asegura que no renuncia a ella.
Para aclararlo todo, las fuentes oficiales advierten que «con 300.000 empresas con ERTE, no se puede abordar aún la reforma laboral». ¿No? ¿Por qué razón? ¿No habíamos quedado en que era buena para el empleo? ¿Entonces? ¿En qué quedamos? De momento, en que de certezas, en este ámbito, «res de res» que diría Puigdemont.