No es esto, no es esto

Una mujer pide auxilio en un descampado. Un tipo que le saca dos cabezas la tiene contra el suelo con intención más que evidente. Llegan dos agentes, intentan apartarlo y responde a puñetazos. Acaban reduciéndolo a golpes, hasta que queda quieto, esposado y con la cara hecha un mapa. Que levante la mano quien se escandalice por la violencia policial. Algunos hay. Resulta preocupante. Parece que, cada vez más, olvidamos que el uso de la fuerza está justificado en muchas ocasiones.

Pensemos en el mar. Las mafias que trafican con personas han recurrido más de una vez a barcos nodriza: un pesquero carga con la gente, la acerca todo lo que puede y, en el último tramo, la pasa a una patera que suelta a su suerte para que la recojan las autoridades europeas. Lo sensato sería que la Armada patrullara el límite de nuestras aguas y que las pateras, al toparse con ella, no tuvieran más remedio que volver al barco del que salieron. A los pocos intentos fallidos, el negocio dejaría de salir a cuenta. Ahora bien, para eso habría que pasar el mal trago de ver en el telediario una barca llena de personas dando media vuelta con una fragata al fondo. Esa foto no la aguanta ningún ministro, ni la mitad de los votantes. Así que nos quedamos con la otra, la del goteo diario de llegadas y los naufragios que apenas ocupan un breve. Ésa no escandaliza, no sale nadie de uniforme. Las consecuencias las ignoramos también.

Conozco bien la reacción de mucha gente sensata ante la primera foto. «A las mafias hay que pararlas, faltaría más. Pero con fragatas…». Puntos suspensivos y, a continuación, la retahíla: los derechos humanos, Europa, el precedente, el qué dirán. Argumentos de cartón piedra levantados a toro pasado sobre algo mucho más simple: no nos gusta lo que vemos. Hay imágenes que nos revuelven las tripas, y en España las tripas votan más que la cabeza.

Algo parecido ha sucedido estas semanas con Maricarmen. A nadie con un mínimo de corazón le gusta ver cómo sacan de su casa a una mujer de 87 años. A mí tampoco. Pero su contrato de renta antigua, amparado por la ley franquista de 1964, sólo le permitía quedarse dos años desde que pasó a su nombre en 2005: así lo fijó el Gobierno de Felipe González en 1994. Lleva casi veinte de propina, pagando 210 euros de renta al mes en pleno Retiro, por no decir que rechazó dos plazas en una residencia que le ofreció la Comunidad de Madrid.

La foto, por cierto, ha funcionado: el Ayuntamiento ha mediado para que vuelva al piso con un contrato de ocho años por unos 500 euros al mes. Me alegro por ella. Pero ese mínimo de corazón debería alcanzar también a quienes no salen en ninguna foto ni tendrán nunca a un alcalde mediando por ellos.

Cuidar de una anciana vulnerable es tarea de todos, y para eso pagamos impuestos: para que el gobierno facilite la construcción masiva de vivienda pública y privada y para que haya residencias asequibles. La Comunidad, de hecho, ya hizo su parte. Lo que no tiene sentido es endosarle la factura al dueño del piso, que no tiene por qué asumir lo que es tarea del Gobierno. Cuando la ley se suspende cada vez que quien la incumple da pena, los contratos dejan de valer, los propietarios retiran sus pisos o los encarecen, y lo pagan el joven que no encuentra alquiler asequible o la madre divorciada a la que no le alquilan por la «protección al vulnerable». Son muchísimos más que Maricarmen y merecen la misma compasión, si no más.

Cumplir la ley y atender a quien lo necesita son compatibles si cada carga recae en quien corresponde. Aunque la foto salga fea. Mejor eso que acabar convertidos en una sociedad de menesterosos, en una situación mucho más lamentable que la de Maricarmen.