Que el presidente decida informar a la Cámara baja, sin someter a votación, la elevación al 2% del gasto en Defensa de este año, para cumplir con las exigencias de la OTAN y no depender del improbable apoyo del PP, dada la oposición a la medida de Sumar y varios aliados de izquierdas, es legal aunque dudosamente democrático. Pero que Moncloa fuerce un único debate de este asunto y del gran apagón, además del último de caos en Renfe, parece indefendible.

Y es que si el debate sobre el incremento del gasto en Defensa quedó, por desgracia, en un segundo plano, tampoco las discusiones sobre el gran apagón sirvieron para otra cosa que para que Sánchez y Feijóo escenificaran su enésimo choque.

Es entendible que el Gobierno quiera esperar a tener las conclusiones de las investigaciones en curso sobre las causas del superapagón antes de adoptar decisiones drásticas como pudiera y debiera ser el cese de la presidenta de Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor. Pero bastante menos que el presidente no reconozca ya que los primeros indicios apuntan a una praxis deficiente en la sociedad. Y a que más probablemente tendremos que reforzar nuestra red de distribución y de transporte energético si no queremos vivir con el riesgo de otro gran apagón.

Como lo es que la oposición intente extender la idea de que vivimos en una España en la que cada vez más servicios públicos funcionan peor. Pero la realidad es que el apagón, un incidente grave, gravísimo, se solventó en tiempo récord en comparación con lo ocurrido en otros países. Y que el Gobierno poco puede hacer -amén de reforzar la seguridad- para evitar que bandas de delincuentes sigan robando cable en la red del AVE, lo que provoca cortes del servicio durante horas.

Cuestión diferente es que se le deba exigir que mejore el trato a los damnificados -teniendo suficientes provisiones de agua y comida en los convoyes- y que se activen a la mayor brevedad mecanismos de rescate (autobuses) para que los pasajeros afectados no permanezcan horas y horas tirados en los vagones del AVE.

Feijóo está en su derecho de aprovechar el viaje para defender que se prolongue la vida útil de las nucleares, contra el criterio de una mayoría de españoles, contentos con el avance de unas renovables que han logrado que baje nuestro recibo de la luz y que hacen económicamente más competitivo a nuestro país. Pero no de quejarse de que Sánchez no haya forzado ya ceses cuando el PP sujeta junto a Vox al impresentable de Mazón en Valencia.

Veremos si la campaña ‘los servicios públicos en nuestro país son un caos con Sánchez’ daña la intención de voto del PSOE. Así ha ocurrido en países como el Reino Unido, Alemania o Francia. Y aquí, en Euskadi, en las últimas elecciones, con el PNV y Osakidetza. Veremos.