El Gobierno se muestra tranquilo. Los movimientos y las advertencias que llegan desde la Generalitat se dan por amortizados. En Moncloa repasan lo acontecido en los últimos meses en relación con Cataluña y aseguran que ya pocas cosas pueden sorprender. Creen que el independentismo ha entrado en una espiral en la que no encuentra salida y explican el aviso de que el referéndum secesionista podría adelantarse al mes de junio como una forma de reacción al inminente ajuste de cuentas con la Justicia que deben afrontar algunos de sus más altos responsables. Ante el reto, optan por la prudencia y lanzan un mensaje, mitad conciliador, mitad advertencia: «Nunca es tarde para tomar medidas drásticas».
«No quisieron ver que el procés acabaría en procesamientos», explica un miembro del Gobierno, para quien no hay duda de que la Generalitat, acuciada por la CUP, se mueve a la desesperada. «No habrá referéndum», añaden tajantes desde Moncloa, repitiendo una vez más que no es posible, con la Constitución en la mano, aceptar que sólo una parte de los españoles se pronuncie respecto a «lo que es de todos».
El presidente del Gobierno no se cansa de repetirlo. Ayer, una vez más: «Francamente: la consulta no se va a celebrar porque no se puede. Ningún español puede ser privado de decidir lo que quiere que sea su país. España es lo que digan todos los españoles y no sólo unos cuantos».
Para Rajoy, el conflicto que pretende plantear la Generalitat no conduce a ninguna parte. El presidente mantiene que los responsables políticos catalanes lo saben bien y sólo espera que sepan dar un paso atrás y evitar un choque frontal con la legalidad y las instituciones.
No se quiere hablar de medidas extremas –activar el artículo 155 que restringiría la autonomía es una de ellas– pero se admite que los instrumentos legales están sobre la mesa y no se renuncia a ellos.
Sigue manteniendo el presidente su voluntad de «hablar» y «entenderse», pero reitera que en ningún caso dispondrá de la unidad de España ni aceptará abordar nada que suponga liquidar la soberanía nacional y la igualdad de los españoles.
«No puedo», insistió ayer, «no me lo permiten la Constitución y las leyes y, además, no quiero».
En Moncloa admiten el hartazgo que supone el continuo desafío que se plantea desde Cataluña. Ayer, ni siquiera mostraban sorpresa ante los argumentos esgrimidos en los micrófonos de Onda Cero por Artur Mas. En opinión de las fuentes consultadas, el ex presidente de la Generalitat –y también el actual vicepresidente, Oriol Junqueras– intenta lanzar un nuevo órdago ante la inminencia de su cita con los tribunales.
Las palabras de Mas eran calificadas de «despropósito» y se lamentaba que el perjuicio último recaiga sobre los catalanes.
Un órdago, el del ex president, que, en opinión del Ejecutivo, se interpreta en clave electoral. En los círculos gubernamentales creen que en el PDeCat, la antigua Convergència, empiezan a prepararse para una convocatoria a urnas. Y lo hacen, afirman, moviéndose en un terreno pantanoso porque son conscientes de que se ha producido «un corrimiento del voto», de manera que los votantes más radicalizados se inclinan claramente por la CUP, en tanto que los independentistas más «moderados» apuestan ahora por ERC. «El PDeCat está situado en tierra de nadie, perdiendo apoyos y sin contar siquiera con un líder claro», afirman.
Apuntando hacia la supremacía de la CUP se pronunció también la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Para la número dos del Gobierno, la intención de adelantar o no el referéndum independentista no cambia en absoluto el fondo de la cuestión. Sería siempre inconstitucional. La precipitación sólo indica, en su opinión, que el Govern «baila al son de la música de la CUP, el partido más radical de todo el espectro político».
Tanto Saenz de Santamaría como el propio Rajoy quisieron confiar en que los datos fiscales que, según el ex juez y ex senador de ERC, Santiago Vidal, obran en poder de la Generalitat, hayan sido obtenidos legalmente como asegura el vicepresidente Junqueras.
En cualquier caso, la vicepresidenta recordó, tras su encuentro en Valencia con el presidente Ximo Puig, que «lo más legal es respetar la Constitución» porque es la «garantía» de los derechos de los ciudadanos.
EL ARTÍCULO 155: UN ESCENARIO INÉDITO
Cuando el Gobierno habla de «medidas drásticas», inmediatamente se vincula con una posible aplicación del hasta ahora inédito artículo 155 de la Constitución española: «Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». El precepto, inspirado en uno casi idéntico que la Ley Fundamental de Bonn contempla para los ‘länder’ federados de Alemania, está previsto para situaciones extremas y no conlleva necesariamente la suspensión de la autonomía: lo que hace es situar al Gobierno del Estado en una posición de jerarquía sobre el Ejecutivo autonómico para forzarle a cumplir la ley. El trámite para su aplicación no exige que el Constitucional declare la existencia de un incumplimiento – aunque el Gobierno puede pedirlo – . Lo que recoge el Reglamento del Senado es que, si una vez requerido el presidente autonómico se mantuviese la situación, el Ejecutivo debe remitir un informe al presidente de la Cámara Alta detallando el alcance de las medidas que propone. La Comisión General de las Comunidades Autónomas dará un plazo al jefe del Gobierno autonómico para que presente alegaciones y luego emitirá un dictamen que se debatirá en el Pleno del Senado, que deberá apoyarlo por mayoría absoluta.