Es la frase con la que se explica la permanencia de Álvaro García Ortiz en el cargo pese a haber sido imputado por el Supremo, y en realidad sirve para explicar la extraordinaria impunidad de la que hasta hoy han gozado todos los desafíos al sistema que han ilustrado las legislaturas del sanchismo: no estaba previsto que un fiscal general presentara indicios delictivos de revelación de secretos, ni que usara la institución que preside para defenderse de esa investigación. Como no estaba tampoco previsto que un presidente del Gobierno contradijera la Constitución con iniciativas creativas como la que eximiría de responsabilidad penal a los protagonistas del ‘procés’, ni que el TC se hallara en manos de un peón de dicho presidente con capacidad para ‘legitimar’ esa amnistía o estirar tácticamente los plazos para pronunciarse sobre ella y tener, de ese modo, inmovilizado a un posible oponente. Y es que Puigdemont no le retirará de verdad el apoyo mientras penda sobre él esa espada de Conde Pumpido (perdón, de Damocles) que sería un proceso judicial. Y, como no estaba previsto nada de lo que ha encarnado el sanchismo y de lo que aún constituye su gestión, se impone la tarea, una vez que este expire, de aprender la lección, de cerrar legislativamente todas las fisuras de nuestro sistema democrático qu e hoy se han utilizado para subvertirlo, de activar todos los resortes jurídicos que puedan impedir una reedición del fenómeno y de convertir esta etapa negra de la política española en una vacuna haciendo de la necesidad virtud.