Ha levantado ampollas la entrevista en la que José Barrionuevo comenta, sin rubor, algunas de las acciones de aquello que se conoció como «terrorismo de Estado». La he leído y con estupor he observado que este hombre, si se puede aplicar el término a quien tan poca humanidad demuestra, explica, detalla y justifica su actuación sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento por tan terribles actuaciones. Se ha publicado la misma cuando apenas han pasado quince días del fallecimiento de Laura Martín, la viuda de Juan Carlos García Goena (asesinado por los GAL en 1987). Conocí a Laura cuando desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco comenzamos con el programa de víctimas educadoras y conocí el profundo dolor que, como víctima injusta de una violencia ilegítima, sufría por la falta de verdad, reconocimiento y reparación; pero, sobre todo, por la falta de cercanía de muchos sectores de nuestra sociedad.

Decía Javier Elzo que el terrorismo lo contamina todo: el corazón y la razón, y añadía que aunque no se puede dispensar el mismo trato a las víctimas del terrorismo que a los terroristas, a inocentes o a perpetradores, todos estan unidos por su condición de personas. «Los primeros tienen derecho al reconocimiento y apoyo social. Los segundos, una vez detenidos, deben saldar sus deudas con la Justicia. La única respuesta correcta está en el imperio del Estado de Derecho y en el escrupuloso respeto de los derechos inviolables de la persona, de los derechos humanos».

Por ello, las declaraciones de Barrionuevo causan sonrojo a todo aquel que se considere demócrata. Que más de 850 personas fueran asesinadas por ETA no puede justificar, jamás, que servidores del Estado alentaran a su vez el asesinato de casi treinta en acciones de los GAL. Alega que, ante la inaguantable violencia de aquellos ‘años de plomo’, se veía obligado a intervenir al otro lado de la frontera francesa, convertida en santuario. No negaré que el terrorismo fue de una crueldad extrema, pero no parece darse cuenta el exministro de que utiliza el mismo argumentario empleado durante décadas por ETA: ante la violencia del Estado debemos actuar, el fin justifica los medios. Una perversión ética que tanto dolor y víctimas, incluso con la condición de víctima-víctimario, ha causado. Afirmaba Martin-Chauffier que «no hay cosa que perjudique tanto a la pacificación como la arbitrariedad, la injusticia y los excesos ciegos. Aun cuando se hayan conseguido resultados inmediatos por esa vía, lo son comprometiendo los efectos a largo plazo que habría que esperar de una justicia saludable. Corresponde a los que ejercen el poder legítimo procurar que se respeten las leyes» (en Etxeberria, X. y Bilbao, G., 2005).

Siempre he defendido el valor del testimonio de las víctimas y también el de victimarios arrepentidos, en ambos casos por constituir un preciado recurso pedagógico. Pues bien, este testimonio acrítico de un responsable de los GAL es la antítesis, no puede ser más pernicioso, y lo es porque, como explica mi maestro y referente del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto Xabier Etxebarria, destroza «las razones morales en juego que deben afinar y afianzar nuestras convicciones a favor de la dignidad humana y también el compromiso social activo que ayude a erradicar su vulneración». Unas declaraciones, en conclusión, que se acercan mucho a lo que considero una clara apología del terrorismo. Manifestaciones que se realizan cuando en la sociedad vasca ese sangriento periodo parece superado y se generaliza un impulso para generar actitudes inequívocas a favor de la convivencia y de la defensa de los derechos humanos.

Reconfortan muchas respuestas contundentes frente al despropósito: la primera desde la Fundación Fernando Buesa Fundazioa, con la que tengo el gusto de colaborar, no me cansaré de escuchar siempre las generosas aportaciones de Marta y Sara Buesa al respecto; también las del propio socialismo vasco (el más necesitado de alejarse de forma contundente del monstruo), las de Eneko Andueza o del propio Grande-Marlaska. Y después, de un amplio ámbito político y social que abarca desde Covite hasta Gogora. Todos coinciden en subrayar que la violación de los derechos humanos o de la dignidad del detenido no podían contemplarse, pues en un entorno garantista la posibilidad de venganza debe sustituirse por la busqueda del castigo.

Aquellos episodios no fueron algo fortuito, no fueron acciones de elementos incontrolados, no fueron hechos puntuales. La actuación de los GAL obedeció a una estrategia premeditada y coordinada, para nada atenuada desde un juicio moral por su condición chapucera, desde las estructuras del Ministerio de Interior. Y familias como las de Pili Zabala o Maider García Martín merecen respuestas y justicia. Desde luego, lo que no necesitan son declaraciones que vuelvan, claramente, a revictimar a las víctimas.