Ha sido muy celebrada la intervención de Carmen Machi en el programa ‘La Revuelta’. Declamaba con afectación la actriz en el sofá de Broncano, como quien recita de memoria a Milton, el artículo 47 de nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». «Lo dice la Constitución», decía Broncano, con voz de medio congestionado. «Es que lo dice la Constitución», decía Carmen Machi muy seria, ajustándose la chaqueta como las abuelas se cruzan las toquillas sobre el tetamen cuando sentencian. «Hay que leerse el artículo», decía Broncano, iluminado. «Hay que leerse el artículo», corroboraba Machi, harta de que la gente no lea la Constitución y no se entere de nada. Que es un derecho y, a esto, no hay derecho. Dos cositas me llaman la atención:

Por una parte, me sorprende una crítica tan abierta en la televisión pública al Gobierno actual. Tras más de seis años en el poder, no solo no ha encontrado una solución adecuada al problema de la vivienda, sino que este se ha visto agravado notablemente. No lo dijeron abiertamente, claro (que les va el sueldo en ello), pero si acusas de no cumplir la Constitución y de no tomar medidas a alguien, así en general, no es al vecino del quinto: es al Gobierno de la nación, que es quien tiene la facultad de hacerlo.

Por otra parte, me resulta muy curioso que insistan tanto en que la vivienda es un derecho pero no aclaren que se trata este de uno programático, no fundamental, y dejen que el ciudadano ande convenientemente confundido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se trata este de un mandato contemplado en la Constitución, sí, pero que no es de eficacia directa; tan solo establece un compromiso por parte del Estado de, en la medida de sus posibilidades y recursos, desplegar las actuaciones necesarias que propicien unas circunstancias favorables para su cumplimiento. Es decir, que nadie tiene el derecho, ni fundamental ni constitucional, a que el Estado le facilite una vivienda, menos aún a que esta sea en el barrio que prefiera y no en otro, y al precio que considere adecuado, por lo que sea. Mucho menos que eso deba hacerse a costa de la propiedad de los demás. La exigibilidad de una vivienda digna, acogiéndose a que se trata de un derecho, es, pues, limitadísima. Al menos de la manera en la que pretenden hacer creer que es derecho de todos, lo que no quita gravedad al problema ni legitimidad a la exigencia de soluciones.

En lo que sí coincido con Carmen Machi es en la importancia de leer la Constitución. De leerla y de entenderla, claro. Empezando por el Artículo 1 y acabando por el 169, no eligiendo solo el que más nos gusta e interpretándolo a nuestro antojo.