No hay milagros contra la crisis

JOSEBA ARREGI, EL MUNDO 22/05/2013

· El autor alerta de que una revisión del entramado institucional ha de ser meticulosa.

· Asegura que la deslealtad constitucional no se arregla recuperando competencias.

Las épocas de crisis profundas como la actual, que es una crisis económico financiera –pero que en España también es una crisis política muy seria, y en Occidente es también una crisis cultural grave– suelen ser épocas de profetas, milenaristas y sacerdotes expertos que producen recetas milagrosas como hongos en un bosque con mucha humedad que de repente recibe espléndidos rayos de sol. Si ya la cultura tecno mediática que vivimos se estaba convirtiendo en un laberinto informativo, con la añadidura de la crisis corremos el riesgo de perder nuestro instrumento principal para no perdernos del todo: el lenguaje.

Es normal que, acuciados como estamos por la crisis en todas sus vertientes, se dispare nuestra crítica y nuestra capacidad de encontrar defectos en todo lo que se nos propone y en todo lo que se decide. Esa disparada capacidad de crítica conlleva la tendencia a un lenguaje también disparado hacia el maximalismo, a un lenguaje en el que los matices empiezan a no tener sitio en el que cobijarse, a un lenguaje tendente al dogma, a la predicación, al sermoneo.

No se trata de volver al tópico de que en tiempo de crisis es mejor no hacer mudanzas: al contrario. Las crisis, si son algo, son tiempos de oportunidad. Pero siempre que no olvidemos que la oportunidad se puede convertir demasiado rápida y fácilmente en oportunismo. Es la reflexión pausada, el pensamiento argumentado, el análisis serio y el lenguaje matizado los que nos pueden ayudar a construir un camino de salida de la crisis. Y digo construir para contrarrestar la creencia en que algún milagro nos sacará del apuro: sólo saldremos si construimos nosotros mismos el camino de salida, no si recurrimos a la búsqueda frenética del chivo expiatorio cuya eliminación produciría automáticamente el bienestar de la sociedad.

Es probable que la crisis sea un momento adecuado para replantearse en serio el entramado institucional y administrativo del que nos hemos dotado desde la Transición. Pero una revisión en serio requiere saber ubicar con exactitud los lugares estratégicos de ese entramado que deben ser examinados. Se pueden revisar muchas cosas, muy necesarias, pero si fallamos en dos o tres fundamentales el problema seguiría sin ser resuelto. Para revisar de forma estratégica el entramado institucional y administrativo no vendría mal comenzar con el lenguaje mismo que usamos.

Dos ejemplos: en la entrevista concedida a este periódico por Rodríguez Bereijo, el ex miembro del Tribunal Constitucional dice ser partidario de que las competencias en educación y sanidad vuelvan al Estado. Pregunta: ¿no son Estado las autonomías? Aunque en la Constitución sólo se citan las provincias y los ayuntamientos como niveles estatales, nadie dudará que las comunidades autónomas son Estado. Luego la vuelta de las competencias de educción y sanidad debiera ser, de hacerlo, a la Administración General del Estado, al Gobierno central, y no al Estado.

En la misma línea, en el editorial de este periódico publicado el mismo día de la entrevista se afirma que ningún país que se precie puede renunciar a que la competencia en educación y sanidad no la ejerza el Gobierno central o federal. Existen, sin embargo, países que se precian y se respetan mucho a sí mismos en los que la educación y la sanidad, en sus aspectos de gestión y/o ordenamiento, no se hallan en manos de la autoridad central: Alemania, Austria, EEUU…

Segundo punto: en el lenguaje de la Constitución la financiación de las comunidades autónomas se basa, en buena parte, en los impuestos que les son cedidos por el Estado. La misma pregunta de nuevo: ¿No son Estado las autonomías para decir que el Estado les cede parte de sus impuestos? Si las comunidades autónomas son también Estado, nadie les cede parte de los impuestos, de forma que lo que de los impuestos les llega les es debido porque es suyo.

El problema radica en quién y cómo se decide, cuánto de los impuestos del Estado va a los órganos centrales y cuánto a las autonomías. Ésta es una de las cuestiones estratégicas básicas en la revisión del entramado institucional y administrativo que tenemos. Miremos a Alemania y veremos que los criterios de reparto de los principales impuestos y la financiación de los distintos niveles de gobierno están fijados en la propia constitución, de forma que quedan fuera de la discusión permanente, de la tentación de cambiar las cosas por razones partidarias y del debate bilateral. Si a ello se le añade que en las competencias concurrentes son los órganos federales los que tienen la primacía de la iniciativa, la cuestión competencial queda clarificada de forma significativa.

En El debate no debiera valer la referencia a lo que se hizo mientras se inflaba la burbuja de la construcción, pues los ingresos fiscales de esa época eran ingresos burbuja ellos mismos. Sí es conveniente, sin embargo, hablar de educación. La solución que se ha encontrado a la falta de escolarización no es de recibo. Los cargos públicos juran o prometen cumplir y hacer cumplir las leyes. Y si el sistema constitucional español no es capaz de ofrecer ese cumplimiento, el problema entonces no es de ubicación de las competencias educativas, sino mucho más grave: de lealtad constitucional, problema que no se arregla cambiando de lugar las competencias educativas.

El problema educativo es, en primer lugar, de formación de los profesores. Lo que hace la tan citada Finlandia es elegir a los mejores bachilleres para que estudien Magisterio, mientras que en España sucede lo contrario por regla general. En segundo lugar es preciso limpiar de materias la primaria: adquisición de la competencia lingüística, al menos en una lengua, adquisición del lenguaje matemático y de los leguajes sociales y de ciencias naturales. Ya es bastante. Recuperar algo de la antigua enseñanza secundaria, al menos cuatro años. Reintroducir la cultura del esfuerzo y limitar seriamente la falsa cultura del didactismo. Todo lo demás es secundario.

Y de economía que hablen los que saben, pero siendo conscientes de que en estos momentos tan enemigo es el dogma keynesiano como el dogma liberal: el calendario de cuándo empezamos a trabajar para nosotros mismos y no para el Estado es interesante, pero no es válido: desde el primer día estoy pagando para mí mismo en forma de atención sanitaria, infraestructuras, educación para mis hijos o nietos y un largo etcétera. Que en ello haya despilfarro es, de nuevo, otro problema.

No tiremos el niño al vaciar el agua sucia de la bañera.

Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.

JOSEBA ARREGI, EL MUNDO 22/05/2013