- Al solicitarle Lobato a Pilar Sánchez Acera, mano derecha de López, que le aclare si el correo que le ha remitido contra Ayuso había aparecido en algún medio, esta tuvo que recurrir a todo trapo al ElPlural.com, cuya directora sería recompensada con 100.000 euros como consejera de RTVE
No se sabe si Álvaro García Ortiz, cuando reemplazó en 2022 a la exministra Dolores Delgado, como fiscal del Estado, albergó dudas sobre si estaría a la altura su encomienda o si resolvió que, si le habían designado para ese menester, quien era él para andarse con zarandajas. Sin embargo, durante su mandato, ha resultado ser aquello que le predijo el eximio Samuel Johnson a un futuro secretario del gobernador de Irlanda que le trasladó sus temores sobre su idoneidad para el desempeño: «No tenga miedo ninguno. Pronto será un magnífico bribón». Claro que es de imaginar que aquel no lo fuera a la velocidad de un García Ortiz aferrado al cargo tras ser encausado por revelación de secretos. Luego de ser declarado «inidóneo» por el Consejo del Poder Judicial y de haber perpetrado un delito de desviación de poder para obsequiar a su antecesora y valedora con el momio que esta apetecía.
En cualquier democracia que no se deslizara por la pendiente de una tiranía, un Fiscal del Estado encausado habría dimitido al contravenir su primordial misión de proteger la legalidad y los derechos ciudadanos. Carente de escrúpulos como quien en última instancia lo promovió a tal rango, no dimite y ejecuta, según el juez instructor, Ángel Hurtado, una operación de Estado para destruir política y personalmente a una rival como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha hecho oscuro objeto de deseo con fijación característica de una personalidad psicopática y narcisista.
Así, al citar como imputado a García Ortiz, amén a la fiscal de Madrid, Pilar «Arsénico» Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe Díez, el auto del magistrado que investiga las filtraciones contra el novio de Ayuso es una descarnada anatomía forense de la guerra sucia desatada desde la «Presidencia del Gobierno» con «una clara finalidad política». Saltándose la legalidad, la Fiscalía General filtra a la Moncloa el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador comunicaba su «voluntad firme» de «alcanzar una conformidad penal» sobre la base de que «ciertamente se han cometido dos delitos» contra la Hacienda. Ello no tardó en ser aprovechado por el Gobierno para remitírselo a Juan Lobato, portavoz socialista, para que lo usara contra Ayuso en la sesión de control que se celebraría la mañana del 14 de febrero.
Todo saltó por los aires debido al recelo de quien quiso ser usado por la Moncloa como kamikaze contra Ayuso, pero con la pretensión añadida de que él mismo pereciera en la acción al exhibir un documento confidencial, pues la Moncloa ya había dispuesto su reemplazo sin primarias por el jefe de gabinete de Sánchez, el hoy ministro Óscar López. Al solicitarle Lobato a Pilar Sánchez Acera, mano derecha de López, que le aclare si el correo que le ha remitido contra Ayuso había aparecido en algún medio, esta tuvo que recurrir a todo trapo al ElPlural.com, cuya directora sería recompensada con 100.000 euros como consejera de RTVE y ya fue artífice de un bulo contra el juez que investiga a la «consuerte» de Sánchez.
En estas circunstancias, nadie puede creer que la cúpula de la Fiscalía General, cual fontanería de la Moncloa, como aquella de la que se valió Nixon para espiar el cuartel del Partido Demócrata en el edificio Watergate, obró sin conocimiento de Sánchez. De hecho, lo verbalizó implícitamente cuando expresó su alivio —presumiendo de delito— de que García Ortiz hubiera borrado los WhatsApp comprometedores y hubiera cambiado —como él— de teléfono al saber de las pesquisas de la Guardia Civil. Con su particular adaptación del «no hay pruebas, ni las habrá» de González al reventar el escándalo de los GAL, Sánchez arriesga tanto como aquel como se patentizó con testimonios que arrastraron a la cárcel al ministro Barrionuevo y al secretario de Estado Vera, a los que González despidió hasta la puerta de presidio.
Por eso Sánchez corre que se las pela con su Ley de Impunidad con la que autoamnistiarse junto a su familia, a sus cuates y a unos socios que le proveerán de los votos precisos para anular a los jueces y amordazar a la prensa sin que la oposición ponga el grito en el cielo frente a quien, después de dispensar el voto socialista a la presidenta Von der Leyen, goza de un privilegio del que no dispusieron otros países que, por quebrantar el Estado de derecho, fueron puestos en la picota. De esta guisa, España asiste a la demolición constitucional de la democracia y de sus instituciones mientras que se establece a marchas forzadas un nuevo orden. Que nadie se haga sorprendido con aquello que sucede ante sus ojos y que Sánchez anuncia diariamente. De no poner freno a ello, llegará el día en el que los aplausos a la valentía de las María Corina de turno serán inútiles ante lo irreversible de este proceso visible de devastación de la democracia por no llamar a la X por su nombre.