ANÁLISIS TONIA ETXARRI-El Correo
El guión independentista sufrió ayer un importante corte con el arresto de Puigdemont
El guión del independentismo sufrió ayer un gran corte con la detención de Carles Puigdemont en Alemania. El prófugo de Waterloo había logrado burlar la Justicia española cuando eligió Bélgica como santuario de su refugio. Durante cinco meses. Pero una vez que el juez , al cerrar la instrucción contra los responsables del intento de golpe a la Constitución, reactivó la orden de detención contra los fugados, a Puigdemont se le ha complicado el panorama penal.
Detenido en Alemania. Un país cuya legislación es más dura que la de España para delitos similares a los de rebelión. Alta traición lo llaman. Castigado con penas que oscilan entre 10 años y la presión permanente revisable. A Puigdemont, que tanto ha renegado de la justicia española, le conviene ser juzgado por un tribunal de este país. Le será más leve la pena y podrá explicar, ya con más cercanía, a Oriol Junqueras, que lleva preso casi el mismo tiempo que él fugado, sus planes ocultos para seguir manejando el gobierno inexistente.
Con los trámites sobre su entrega judicial se cortó de cuajo el debate sobre el último auto del juez Llarena que había tenido tan entretenidos a los aprendices de jueces paralelos, catedráticos de Derecho y políticos disfrazados de periodistas. A quienes se habían molestado en leer el auto de prisión y a quienes hablaban por ‘ boca de ganso’. El delito de desobediencia no estaba en tela de juicio. El de rebelión, sí. ¿Hubo violencia en el ‘procés’? Pregunta retórica de quienes solo recuerdan la actuación policial en el falso referéndum del 1-0. La hubo. Cuando los manifestantes cercaron a los funcionarios judiciales el 21 de setiembre, destrozaron coches policiales y se apoderaron de armas del interior de los vehículos. La hubo con los asedios a los hoteles donde se alojaron los policías. Lo recuerda el juez.
El mismo magistrado que fue ponderado en medios secesionistas cuando retiró la euroorden de detención contra Puigdemont contradiciendo a la jueza Lamela, ahora está en el ojo del huracán. En su auto establece una relación de hechos en los que ha encontrado indicios de graves delitos. Pero ése es el problema que tienen quienes quisieron dar el golpe a la Constitución. Que piensan que la división de poderes no existe y que el respeto a la ley se la pueden saltar cuando no les favorece.
Con la detención de Puigdemont el guión del independentismo ha sufrido un nuevo corte. Convergencia abrazó la causa separatista para camuflar su corrupción. Después sembró el caos para ocultar su incapacidad para gobernar y gestionar dentro de la legalidad. Y ahora, si nadie lo remedia, sumirán a Cataluña, y de paso a todo el país, en un segundo caos.
Parece que los aventureros independentistas catalanes no entienden que la libertad de expresión la tienen los individuos, pero no los poderes públicos cuyos representantes están obligados a aplicar la ley. Guardans, que les ha conocido bien durante sus años de militancia en Convergencia, sostiene el carácter «infantiloide» del ‘procés’ para recordar que «en España hay ley». Un comentario realizado al calor de la sorpresa que algunos mostraron al saber que Turull iba a prisión provisional «¿a pesar de su discurso autonomista en el Parlament?» En efecto, los asesores jurídicos de Turull concebirían un discurso de investidura para ablandar el corazón de la Justicia. Pero esto no va de libertad de pensamiento, que por supuesto existe en nuestra democracia consolidada. Esto no va de ideas (Tardá, como tantos otros, ejerce su libertad de expresión independentista todos los días sin tener problemas con la justicia). Esto va de actos. De vulneración de la ley. ¿Les interesa la normalidad? De todos los candidatos posibles para presidir la Generalitat han elegido: un prófugo, un preso y un encausado. El bloqueo y la confrontación ha desatado una exaltación de sentimientos que están siendo utilizados por los ‘iluminados’. La utilización de los hijos como moneda sentimental en el caso de los que acaban de entrar en prisión, la exacerbación del odio hacia Inés Arrimadas, un colaborador de la televisión pública incitando a la violencia. Tienen que parar este dislate. Y tienen que ser los propios independentistas. Con la vuelta a la legalidad. Todo dependerá de quién gane el pulso. Si pragmáticos como Marta Pascal o radicales como el presidente del Parlament. Porque el bloqueo institucional, las intimidaciones y las movilizaciones callejeras solo conducirán a un segundo caos.