El modo desdeñoso y hostil en que el presidente del Gobierno en funciones ha abordado la fallida investidura de Feijóo, que por cierto le ha permitido ganar un mes para su negociación con los separatistas catalanes, demuestra que el PSOE ya no es ni será recuperable (por utilizar la terminología de ‘Las manos sucias’ de Sartre) para una política constitucionalista mientras esté dirigido o vampirizado por Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha leído en clave plebiscitaria sus débiles resultados electorales y ha decidido consumar la voladura de los últimos puentes –vaya por Dios– de institucionalidad para lanzarse a una estrategia de frentismo que va a crear, está creando ya, una atmósfera de tensión civil insoportable. En las condiciones en que se está fraguando, otro mandato sanchista amenazará de forma objetiva el modelo de la Transición dándolo en la práctica por acabado, y esto no es un juicio apocalíptico sino el diagnóstico dolorido de los supervivientes que lo gestaron, esos socialistas veteranos que entre burlas y desaires de sus compañeros han salido a denunciar la ruptura de los pactos de refundación del Estado democrático. Un dirigente que en cinco convocatorias legislativas, cinco, ha sido incapaz de elevar a su otrora hegemónico partido por encima de los 125 escaños pretende compensar la endeblez de su liderazgo social alzándose como cabeza de un bando construido sobre la única base del antagonismo sectario.

El clima de división sembrado desde el poder gracias a un abrumador aparato de propaganda ha bajado hace tiempo de la política a la calle y provocado una visible fractura ciudadana. La desaparición de los espacios de encuentro ha dejado de ser una metáfora para convertirse en una realidad física, tangible y cada vez más amarga: la distancia ideológica como causa y chispa de broncas cotidianas estimuladas desde la esfera pública por el contraejemplo de la creciente agresividad parlamentaria. El desgarro puede ser más profundo y más amplio si se consolida el proyecto de alianza con los adversarios de la integridad jurídica y estructural de España. Lejos de pacificar el conflicto independentista, una amnistía completa de la insurrección y acaso un referéndum de autodeterminación más o menos encubierto abrirán en la convivencia nacional una trinchera de enfrentamiento cuyos perniciosos efectos pueden prolongarse durante mucho tiempo. De consumarse, ese acuerdo significará una deconstrucción de hecho del marco constitucional muy parecida al alumbramiento de un régimen nuevo levantado no sólo sin consenso sino sin voluntad alguna de establecerlo. La pasión compulsiva por el poder y el afán de mantenerlo a cualquier precio conduce al país a una partición en dos mitades que avanzan en trayectoria de colisión sin remedio. Y quien tiene la responsabilidad de pisar el freno no demuestra ninguna intención de hacerlo.