Ignacio Camacho-ABC
Mientras Sánchez estudia cómo rebajarle la pena, Junqueras se declara orgulloso del delito y dispuesto a la reincidencia
Por mucho que amenacen, como ayer Junqueras, los independentistas catalanes no van a convocar otro referéndum a corto plazo porque sus dirigentes saben que además de perderlo acabarían en la cárcel. Por mucho que el Gobierno trate de embridar a los tribunales, el Derecho tiene unos fundamentos que por ahora no puede cambiar, aunque acaso esté en ello, ni siquiera Pedro Sánchez. La estrategia separatista que lidera Esquerra pasa por tomarse tiempo para ensanchar sus bases y ampliar la masa crítica que permita abordar otro demarraje. Para eso necesitan el poder, que es lo que el PSOE está dispuesto a entregarles, tripartito mediante. Poder para arrumbar a Puigdemont y a sus vicarios y simpatizantes, para seguir subvencionando a todos los estamentos sociales y para ampliar el techo de competencias hasta que la autodeterminación caiga por sí sola como un mero trámite. Cuando dicen que lo volverán a hacer no engañan a nadie; tardarán lo que el Estado tarde en desarmarse de autoridad, de presencia institucional y de instrumentos legales.
En condiciones de normalidad, una nación fuerte tomaría medidas para evitar la repetición del experimento. Pero la altanería con que el secesionismo promete persistir en el empeño cuenta con el margen de tolerancia de un Gobierno decidido a legitimar la sedición con un indulto encubierto que dejará a los insurrectos manos libres para retomar su esfuerzo. Sin esa expresa voluntad de indulgencia, ningún convicto se atrevería a sabotear su propia defensa negando el arrepentimiento que podría justificar un alivio de pena. Y eso es exactamente lo que hace Junqueras: declararse no reinsertable, orgulloso del delito y dispuesto a la reincidencia, a sabiendas de que ni jueces ni fiscales podrán impedir que el Parlamento anule de facto su condena con una reforma legislativa de retroactividad inmediata y directa.
Igual que desde el Estatuto impulsado por Zapatero hasta la declaración de independencia pasaron diez años, el siguiente acto del procés tampoco será inmediato. No ocurrirá mañana ni pasado. Pero la volatilidad de la política actual ha acortado mucho los plazos y las concesiones sanchistas dificultan que el soberanismo aprenda a digerir su fracaso. Al contrario, minimizan el impacto de la única e insuficiente demostración de fortaleza del Estado. El líder republicano fue ayer tajante y claro: «es un paso adelante y hay que aprovecharlo». En torno al problema de Cataluña se ha vuelto todo tan raro que el presidente parece más arrepentido que los presidiarios. Sólo falta que les pida perdón y los indemnice por daños.
El 155 de Rajoy fue una oportunidad perdida, un disparo de intimidación al aire del que encima Sánchez quiere retractarse. Está muy dicho que desde entonces sólo la justicia ha estado, y no siempre, a la altura de sus responsabilidades, y en agradecimiento la van a mandar al desguace.