No lo saben. Nunca lo saben. Firman a bulto lo que sea, lo que les diga el extorsionador de Waterloo. Luego sale Patxi López a decir naderías, a crear mas confusión, y todos nos quedamos sin saber qué es exactamente lo que han pactado. Aquí funciona el «lo que pida Puigdemont»: pide lo imposible, se le dice que sí, luego el papel llega a alguien con dos dedos de frente, lo lee sorprendido, advierte de los peligros y en ese momento comienza la recogida de cable. Tal parece que haya sido la secuencia del disparate que, si no se aborta debidamente, obligará a empresas de cualquier punto de España a manejar el catalán para contestar a alguien que se dirija a ellos en esa lengua. Una tomadura de pelo. No sólo pretenden que el Estado no tenga presencia en Cataluña, sino que pretenden –los independentistas– mandar en el resto de España: vamos a eliminar el castellano en Cataluña y vamos a imponer el catalán a estos garrulos de españoles. Ausencia absoluta de sentido común y de sentido del ridículo.

Si esta aberración sale adelante no dude que un ejército de voluntarios se prestará a ir probando la efectividad de la medida: hagamos la comprobación, dirán en las sedes de los partidos o en las consejerías y ayuntamientos, llamemos a Badajoz a la empresa Tal y Cual S.A. y empecemos a hablar en catalán; si en un tiempo razonable no encuentran a nadie que lo hable pongamos el grito en el cielo y una demanda ante la autoridad competente. Multas por aquí y por allá y ya verás tú cómo esos tíos empiezan a aprender catalán por la cuenta que les trae.

No tiene otra cosa que hacer un empresario de Badajoz que ir buscando por ahí un catalán por si les llaman de Gerona. O encontrar un vasco por si tienen que usar el vascuence para responder a uno de Guetaria. Bastante problemas tiene con la subida del salario mínimo, el atraco de los costes laborales, la amenaza de la rebaja de jornada laboral, que comprometería su productividad, y todos los procelosos bosques burocráticos a los que la Administración lo somete, para que ahora se produzca más carga aún, nuevos costes operativos y consecuente pérdida de eficiencia.

Es evidente que ante tamaño despropósito, más allá de las escasas posibilidades de que esto se plantee como pretende Junts, solo cabe la desobediencia civil. La norma dirá lo que quiera y el capricho independentista podrá llegar al delirio que quieran establecer, pero el ciudadano tiene derecho a levantar serenamente el dedo medio de la mano y plantarlo muy tieso ante las fauces del legislador. Usted, siendo de Cádiz y viviendo en Cádiz, no tiene por qué hablar catalán, ni la obligación de contratar a nadie para atender a quien, sabiendo hablar español, le llame desde Cardedeu. La debilidad de Sánchez, su entreguismo y sus piruetas indecentes para mantenerse en el poder no son responsabilidad de un empresario manchego.