Francisco Rosell-El Debate
  • Por apreciable que sea la delantera que lleven PP y Vox para todos las casas de encuestas, salvo para el CIS, no hay que dar nada por hecho ni celebrar nada por anticipado, como aconteciera en julio de 2023, cuando a Feijóo se le quedó corta la victoria dejándose cuatro escaños que impidieron el adiós de Sánchez

Como cómplices del corrupsanchismo a título lucrativo, el estrepitoso barquinazo de la Huelga General Política (HGP) de UGT y CCOO contra la oposición y contra la alternancia democrática revelan el inmenso descrédito en el que se han precipitado aceleradamente al servicio del gobierno y en el que arriesgan incluso casi no poder pisar la calle como Pedro Sánchez. Si ambas centrales suman unos 300.000 delegados sindicales, diríase que el miércoles no movilizaron ni siquiera a sus representantes en las empresas y en la Administración, cuyos liberados endosan a las mismas 1.300 millones anuales, según algunas estimativas ante la falta de transparencia al respecto, así como sobre las subvenciones percibidas y su destino real al desentenderse el Tribunal de Cuentas de su enojoso deber de control.

… Y eso que UGT y CCOO permitieron el funcionamiento de las televisiones públicas de su cuerda como RTVE, mientras saboteaban Telemadrid y mandaban otra vez a negro a Canal Sur como en vísperas de los últimos comicios andaluces, con el esperpento de la presentadora Intxaurrondo justificándose con un brazalete rojo de miliciana que trabajaba por imperativo legal al estar a favor de una huelga a la que dio lustre desde la pantalla con singular doblez. A diferencia de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien dijo desechar por consejo de su equipo actuar de piquetera, Intxaurrondo sí pudo compatibilizar ambas tareas después de que Sánchez alentara la protesta. En su vídeo facturado para la ocasión, evocó la estrategia del procés catalán de promover la agitación callejera desde el Gobierno con aquel «Apreteu, apreteu» («Presionad, presionar») del otrora president Quim Torra a los CDR.

En esta huelga de adhesión al Gobierno y de suplantación de las urnas, secundando a quien trata de reemplazar la democracia representativa por otra plebiscitaria que sitúe la calle por encima del Parlamento y en la que la fantasmagoría de la «mayoría social» bastardee la «mayoría electoral» que no alcanza, los españoles no se han prestado a esta trapacería del sindicalismo mercenario contra la oposición. No en vano, UGT y CCOO ejecutaban el reactualizado manual de resistencia de quien explicó el adelanto electoral negado en base a que las Cortes habían dado su espalda «a lo que se vive en la calle» y en que era «hora de que el Parlamento se parezca a la calle». Sin embargo, se ha saldado con un fiasco esta huelga general de encargo del Gobierno con la excusa del rechazo de los decretos bautizados con el nombre de Maricarmen Abascal, quien acabó falleciendo por sobreexplotación electoral, tras su desahucio de una vivienda de renta antigua cercana al Parque del Retiro, y uno de los cuales fue rescatado tramposamente ayer por la Diputación Permanente saltándose lo votado en contra por el Pleno de la Cámara.

Tras ocho años de incomparecencia en los que no se han manifestado ni siquiera por los trabajadores fallecidos en los siniestros ferroviarios de Adamuz y Urda, no había manera de dar pábulo a las repentinas inquietudes del Gobierno sobre la vivienda. Luego de que, tras un ochenio sin construir una sola casa y agravar con su intervencionismo un problema que no era tal al arribar Sánchez a La Moncloa, el cuento navideño de la pobre anciana desalojada por un fondo buitre que no era tal, sino una pyme, sin por ello modificar el Gobierno su relato, deviniera en tragicomedia con la portavoz socialista Montse Mínguez de protagonista.

Después de reclamar en el debate sobre los «decretos Maricarmen» «caretas fuera» porque había que escoger entre fondos buitre o víctimas de la especulación, lo pedido le fue concedido, destapándose que su pareja era ducha en lanzamientos como dueña de un holding con 30 pisos en alquiler. No era la primera vez que abría la boca y subía el pan. En la antesala de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, esta dirigente del PSC ya había alimentado el tópico de los sureños vagos y los animó a levantarse del sofá para votar a Marisú Montero, cosechando el PSOE su peor resultado allí donde fue hegemónico cuarenta años.

Si la convocatoria de esta huelga preventiva inducía a pensar que el neosindicalismo vertical daba por descontada la salida de Sánchez de La Moncloa, el naufragio del 11-N lo constataría inequívocamente en justa correspondencia con su corrupción sistémica y sus criminales negligencias ferroviarias de Adamuz y de Urda con sus 115 fallecidos, así como por su complicidad con la invasión de Ceuta por parte de Marruecos. Más cuando, en un suma y sigue que no parece tener fin, la UCO entró ayer en el Ministerio de Igualdad por un fraude en la compra de pulseras antimaltrato a instancias de la Fiscalía Europea y requirió también documentación al Tribunal de Cuentas sobre la financiación ilegal del PSOE como parte de la investigación que cursa el juez Ismael Moreno. Asimismo, la juez Tardón imputaba al dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, después de que su jefe de gabinete revelara que sí había informado a su superior de las alertas del CNI sobre la incursión de los 100.000 hijos de Mohamed VI.

No obstante, al arrancar oficialmente la campaña de este 29-D, a la oposición le conviene atarse bien los borceguíes no vaya a pisarse un cordón suelto con quien, sin atender a pauta democrática alguna, oficiará en ese periodo 4 Consejos de Ministros para repartir regalías en doble sesiones semanales de martes y viernes electorales dizque sociales. Y más cuando no deja de sorprender que, en ámbitos de la derecha, se juzgue como bagatelas los cambios introducidos en el voto exterior tras la estrafalaria decisión del Tribunal Supremo de no dejar votar a los directamente afectados por la trucada ley de nietos, pero sí a los descendientes de quienes han generado el supuesto derecho al sufragio allanándose a la política de hechos consumados del Gobierno. No son ninguna fruslería esas papeletas como tampoco que el Gobierno tenga información privilegiada sobre un voto por correo que, en 2023, estuvo monitorizado por dos imputados de la cloaca socialista como el otrora presidente de Correos, Juanma Serrano, a la sazón exjefe de gabinete de Sánchez, y su adlátere, la filatera Leire Díez.

DE hecho, ayer se registró otra mascletá de Tezanos con su desopilante macroencuesta a cargo del Cuerpo de Intoxicaciones Socialistas (antaño Centro de Investigaciones Sociológicas) que catapulta al PSOE ocho puntos por encima del PP, lo que redunda en el hecho de que el gobierno va a emplear en su provecho de sus propagandas el gas lacrimógeno que el ministro Marlaska ha prohibido a la Policía utilizar para disolver manifestaciones violentas como las que pusieron colofón a la HGP. Por apreciable que sea la delantera que lleven PP y Vox para todas las casas de encuestas, salvo para el CIS que está a otra cosa, no hay que dar nada por hecho ni celebrar nada por anticipado, como aconteciera en julio de 2023, cuando a Feijóo se le quedó corta la victoria dejándose cuatro escaños que impidieron el adiós de Sánchez. En consecuencia, mejor no sacar la mano por la ventanilla antes de cruzar la línea de meta si no se quiere darle gusto a Sánchez que, según ha blandido en una de sus soeces fosas sépticas mediáticas, arde en deseo de que le llamen hijo de puta la noche del 29-N.