La contradicción es flagrante.
Este martes 6 de enero, mientras los españoles leían en los medios la noticia de que el presidente del Gobierno condenaba «con rotundidad» la operación militar estadounidense contra Nicolás Maduro como «una violación del Derecho internacional», a apenas mil kilómetros de distancia, en París, ese mismo Sánchez anunciaba la disposición española a enviar tropas militares para garantizar un acuerdo de paz que legitimaría la partición de Ucrania.
El Derecho internacional, parece, tiene matices en función de quién sea el agresor y los sacrificios personales que exija nuestro posicionamiento.
Ese Derecho se invoca vigorosamente y con gesto de indignación cuando la transgresión afecta a un adversario ideológico lejano para el que somos irrelevantes, pero se flexibiliza cuando la agresión la comete una potencia nuclear en las fronteras de Europa.
La Coalición de los Dispuestos, que celebró su cumbre parisina para institucionalizar «garantías de seguridad» a Ucrania, merece una denominación más honesta: la Coalición de los Indispuestos.
Indispuestos a imponer ningún costo real a Rusia.
Indispuestos a respaldar de forma realmente decisiva una victoria militar ucraniana.
Indispuestos, sobre todo, a reconocer que lo que se está negociando no es paz, sino la aceptación occidental de que Putin consiga exactamente lo que quería: rediseñar las fronteras europeas mediante conquistas bélicas, mientras Occidente agita papeles de garantías que nadie cree que honrará.
La hipocresía española es particularmente clamorosa. Sánchez denunció que la captura de Maduro «sienta un precedente terrible que empuja el mundo a un horizonte de incertidumbre y belicismo».
Advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que la operación estadounidense es un «peligro para la paz global».
Pero, sólo unas horas después, participa en un acuerdo que congelaría la línea de contacto en Ucrania, permitiendo a Rusia retener el 20% del territorio ucraniano conquistado militarmente.
¿Cuál es la diferencia, jurídicamente hablando? En ambos casos hay una potencia que usa la fuerza para imponer su voluntad sobre otro Estado. En ambos casos se vulnera la soberanía nacional. En ambos se ignoran resoluciones de organismos internacionales.
Pero España ataca a Trump como criminal de lesa humanidad y felicita a Macron por negociar con Putin lo que es esencialmente la rendición de Europa frente a la agresión territorial rusa.
El argumento implícito es transparente: Europa no puede permitirse enfrentar militarmente a Rusia sin Estados Unidos. Y dado que Trump no apoya una victoria ucraniana, hay que aceptar un arreglo que preserva la independencia ucraniana en el 80% del territorio, pero renuncia al resto.
Es pragmatismo. Es realismo político.
Es también una confesión: el orden internacional «basado en reglas» que Occidente proclama defender es una ficción jurídica que se desmorona ante la presión del poder. La hipocresía es evidente.
Porque la Declaración de París, presentada con pompa como marco innovador de «garantías de seguridad», es en realidad un ejercicio de maquillaje diplomático. Ofrece compromisos de intervención europea («fuerzas multinacionales», «apoyo en inteligencia») que nadie cree que se materializarán cuando Rusia las desafíe.
Que Francia, Reino Unido o España vayan a enviar tropas a Ucrania sin respaldo estadounidense es una fantasía que los propios líderes europeos no se creen. Por eso rehúyen dar números concretos, plazos precisos, o pactar mecanismos de activación automática.
La ambigüedad permite fingir resolución mientras se prepara la retirada.
Ucrania, entretanto, debe elegir entre dos males: aceptar un alto el fuego que legitimaría conquistas rusas, o continuar una guerra que Europa y América están fatigadas de financiar.
El gobierno de Zelenski ofrece salidas: zonas desmilitarizadas, referéndums para cualquier cesión territorial.
Pero son ofertas que no cambian el fondo. Sin restaurar las fronteras de 1991, sin conseguir garantías militares creíbles, sin romper la dependencia estratégica europea de Washington, Ucrania sale de esta guerra como un Estado amputado, cercado por un enemigo que conserva la iniciativa militar y la certeza de que Occidente no pagará el precio de una intervención decisiva.
La pregunta incómoda que Pedro Sánchez y Europa deben hacerse es si esta incoherencia es vicio o virtud. ¿Es la hipocresía en la aplicación selectiva del Derecho internacional un fracaso moral que debe confesarse, o una verdad fea pero necesaria que la política de grandes potencias exige?
No hay respuesta cómoda. Pero silenciar la contradicción, como hace la cumbre de París, es peor. Es convertirse en cómplice de la erosión del orden internacional que Europa dice defender.
Sánchez está en su derecho de condenar a Trump. Pero debería explicar a los españoles por qué las tropas españolas garantizarían un acuerdo que, moralmente hablando, es mucho peor que el que critica en Venezuela.