No son chistorras, son puñales

Nos escandalizamos, pero el informe de la UCO que apunta a la existencia de una presunta ‘caja b’ en el PSOE, alimentada a través de sobornos por obras y pagos del comisionista Aldama, no refleja ninguna anomalía. Es la confirmación de un patrón que se ha reproducido con desoladora regularidad en la política española como consecuencia de la falta de control real de las finanzas de los partidos, y que en demasiadas ocasiones se ha traducido en el enriquecimiento personal de sus gestores y últimos responsables, sabedores estos de que la opacidad del sistema, y la complicidad del aparato en los casos de financiación irregular, les garantizaban amplios márgenes de impunidad.

La ‘caja B’ de Ábalos, con sus dos reservas de efectivo gestionadas, según la Guardia Civil, por Koldo García y el hijo del exministro, responde a un esquema tan viejo como eficaz: quien maneja las finanzas oscuras del partido está en disposición de decidir, sin consultar a nadie, si es merecedor de una compensación proporcional al riesgo que asume. Ha pasado con el PP, con los nacionalistas y con el PSOE; ha pasado en comunidades y ayuntamientos. Y seguirá pasando mientras los partidos mantengan en pie estructuras hipertrofiadas y la gestión de sus recursos sea un coto privado sin verdadera supervisión.

El Tribunal de Cuentas, teórico guardián de la transparencia, es en realidad un tigre de papel. Carece de medios y no goza de verdadera independencia. Sus miembros son elegidos mediante cuotas partidistas, lo que convierte a esta institución en juez y parte del sistema que supuestamente debe fiscalizar. La experiencia demuestra que resulta imposible para el tribunal detectar la financiación ilegal, que por definición es opaca y no aparece en las cuentas oficiales. Los «sobres de Ferraz» mencionados en el informe de la UCO jamás habrían sido descubiertos mediante una auditoría convencional.

Abastecedor de chistorras, soles y lechugas

Tampoco los propios partidos cuentan con mecanismos internos efectivos para perseguir e impedir la corrupción. Ni los tienen ni los quieren. Las teóricas condiciones de contratación y los supuestos controles de transparencia son papel mojado, medidas cosméticas diseñadas para satisfacer las apariencias sin amenazar el verdadero funcionamiento de la maquinaria. Cuando la cultura organizativa normaliza la opacidad y sitúa la lealtad por encima de la honradez, ningún protocolo puede cambiar las cosas.

Y lo malo es que vamos a peor. Hubo un tiempo en el que los partidos captaban profesionales competentes para nutrir sus cuadros y construir un proyecto competitivo, con vocación colectiva y en clave de país. Los que ahora componen el núcleo de esos cuadros dirigentes son bastantes de los que hace dos o tres décadas decidieron pedir el carné como la vía más rápida no para compartir un objetivo común, sino para acelerar su proyecto personal. Son estas nuevas generaciones de gestores políticos los que han construido organizaciones hiperblindadas frente a cualquier influencia externa que pudiera poner en riesgo su supervivencia y su progresión, caso del gerente del PSOE y abastecedor de chistorras, Mariano Moreno, cuya “lealtad” fue recompensada con la presidencia de la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA).

¿No hay entonces nada que hacer? No mientras los líderes políticos no abran las puertas y sigan permitiendo que el dinero sea uno de los factores más determinantes de la lucha política; hasta el punto de romper el principio de igualdad de oportunidades (pasó con la Gürtel y, más allá de consideraciones jurídicas, pasó con los ERE). No hay nada que hacer en tanto PSOE y PP sigan haciendo caso omiso del informe GRECO, que pone el foco en la falta de una estrategia específica para prevenir la corrupción en los altos cargos del Gobierno; y no asuman en serio la Recomendación (2003) 4 del Consejo de Europa, que fija los estándares mínimos de transparencia que han de cumplir los partidos en materia de financiación. Básicamente estos tres: 1) La contabilidad debe especificar todas las donaciones recibidas; 2) Han de exigirse informes periódicos sobre las finanzas de las formaciones políticas; y 3) El acceso a la información sobre la contabilidad de los partidos debe ser público.

PSOE y PP, principales responsables

Si hubiera voluntad política sería más sencillo de lo que parece. Lo han hecho otros, y son los que mejor resisten las embestidas del populismo y la antipolítica. Dinamarca, los países nórdicos. Suecia, por ejemplo: partidos y candidatos están obligados a publicar anualmente todas sus fuentes de ingresos y donaciones, identificando a los donantes y las cantidades. Esta información es plenamente accesible al público. La transparencia funciona como el mejor antídoto contra la corrupción: cuando todo es visible, el precio de engañar se vuelve prohibitivo. No es casualidad que daneses, finlandeses, noruegos o suecos alcancen niveles de confianza institucional muy superiores a los nuestros.

La responsabilidad de PSOE y PP es enorme. Son ellos los máximos culpables de que se mantenga en pie una legislación que debilita las instituciones democráticas y que, en un contexto de crecientes desigualdades, alimenta el caldo de cultivo del que se nutren los populismos y los extremismos, favoreciendo el auge de las opciones más radicales.  Cada «chistorra» que Koldo García guardaba para Ábalos es un voto regalado a quienes aspiran a demoler el sistema. Mientras los partidos, que son instituciones de derecho público, sigan considerando que sus finanzas son un asunto privado, que quienes las gestionan son casi intocables y que la opacidad es un mal menor, seguiremos cavando un poco más la tumba de la democracia.

No valen excusas. Menos aun la que falsamente sostiene que los partidos no cuentan con suficientes fuentes de financiación legal y por eso se ven obligados a recurrir a prácticas irregulares. Ni a los partidos les hacen falta para gestionarse las estructuras infladas de antaño, ni en plena revolución digital necesitan las brutales inversiones de otros tiempos para hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos. Lo que en realidad esconde el argumento de la insuficiencia financiera es la resistencia a renunciar a una forma de hacer política basada en el clientelismo y el despilfarro.

Las «chistorras», «soles» y «lechugas” no son solo un detalle pintoresco en un sumario judicial; son el símbolo de una intolerable degradación institucional.