Una vez superado el umbral de la perplejidad, se le puede encontrar lógica interna a este Gobierno: el porqué del cociente intelectual del equipo sanchista. Y del cociente moral, claro. Está, por ejemplo, el nexo del socio podemita con el Código Penal, que debe de tener a punto de fichaje a Gonzalo Boye, antiguo secuestrador de Emiliano Revilla y reciente blanqueador de Sito Miñanco. Un tipo así tiene el currículum adecuado para ser dirigente del partido, incluso ministro.
El doctor Sánchez tiene querencia por esta tropa. De ahí que su socio principal sea el autoproclamado hijo del frapero, que para la cuestión de aprobarle los presupuestos cuente con los herederos de la difunta Batasuna y su pasado cómplice de la banda terrorista. También cuenta con ERC y JxCat, implicados en el golpe del 1 de octubre, que suman entre los dos nueve condenados por sedición y otros cargos que cumplen sus penas en tres cárceles catalanas. Los partidos golpistas han aprobado los presupuestos de Sánchez en el Congreso, pero para apoyarlos también en el Senado, quieren a sus presos en libertad.
El PNV, partido proclive a aprobar presupuestos, no importa a quién, siempre que él saque su porqué, también aspira a tener bajo control a los presos terroristas. Para ello cuenta con la complicidad de Fernando Grande (por parte de padre) un ministro del Interior que no para de acercar presos a las cárceles vascas y aledañas como paso previo al traspaso de la competencia de Prisiones a la Comunidad Autónoma Vasca.
Sánchez no tiene condenados entre sus 17 ministros, pero tiene sus allegados. Un suponer, la fiscal general del Estado, que delito como tal no tiene, aunque su allegado sentimental, Baltasar Garzón, fue inhabilitado 11 años por prevaricación. Garzón es también abogado del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab y cuenta entre los apoyos de su fundación con el ya mencionado Gonzalo Boye, procesado por el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Al parecer, Lola Delgado no tiene costumbre de pedir a sus novios certificado de penales.
La cuestión es que el indulto requiere la concurrencia de dos circunstancias en el candidato, según han explicado los fiscales del procés, a saber: Madrigal, Zaragoza, Cadena y Moreno. La primera de ellas es el arrepentimiento, que así figura en la antiquísima Ley para el Ejercicio de la Gracia de Indulto de 1870, hecho que no se da en ninguno de los nueve golpistas. Todos ellos han hecho suya la máxima de Jordi Cuixart, que da título a un libro suyo: “Ho tornarem a fer” (Lo volveremos a hacer).
Hay otro inconveniente que limita las posibilidades de indulto de los golpistas, lo establece el artículo 62.i de la Constitución: “Corresponde al Rey: Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. O sea, que los fiscales se van a manifestar en contra y eso no lo podrá evitar ni Lola Delgado. En cambio, no es improbable que el Gobierno le haga firmar el indulto para los nueve como una forma de pedir perdón por su discurso del 3-O. Sería anticonstitucional, pero ¿cuándo les ha importado tal nimiedad a esa pareja de desaprensivos que gobierna?