EDITORIAL ABC – 04/11/14
· En pleno conflicto con el Estado, cabe preguntarse si CiU y Mas van a consentir que la Comisión de investigación los alcance como presuntos cómplices políticos del enriquecimiento de los Pujol.
El Parlamento catalán constituyó ayer la Comisión de investigación sobre el enriquecimiento de la familia Pujol. La presidencia ha recaído en David Fernández, de la CUP, formación independentista extrema cuya presencia al frente de este órgano de investigación invita a todo tipo de interpretaciones. Formalmente, la existencia misma de la Comisión es un reconocimiento a la gravedad de lo sucedido. Pero habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos nacionalistas. Los Pujol están inmersos en una cadena de investigaciones judiciales por una corrupción económica de tales dimensiones que difícilmente podrán limitarse a ellos todas las responsabilidades. Este es el reto de la Comisión para ganar crédito o para quedar reducida a una pantomima.
Desde luego este papel investigador es mucho más propio de una Cámara democrática, representante de la voluntad popular, que el que desempeña el Parlament, de manera desleal, contra del Estado de Derecho a cuenta de la operación independentista, un asunto que debiera ser mucho menos importante para los catalanes que determinar si quien les ha gobernado durante más de dos décadas aprovechó su estancia en el poder para enriquecer a toda su familia fraudulentamente. El TC bloqueará la pseudoconsulta del 9-N y el Parlamento catalán actuará, como hasta ahora, con un actitud impropia de una Cámara sujeta a la ley y el orden constitucional. Sin embargo, por más trampas que intente Mas, el Estado de Derecho ha fijado los límites y no caben más escaramuzas.
Donde sí tiene que poner toda la carne en el asador el Parlament es en levantar el velo que ha cubierto durante décadas a los Pujol, lo que puede mostrar las vergüenzas de una administración autonómica y una sociedad civil conniventes con los fraudes que ahora investigan diversos tribunales. CiU y, particularmente, Artur Mas pueden hacer de la necesidad virtud y aprovechar la Comisión para que el sacrificio de los Pujol ante la opinión pública sea el suficiente para limpiar el proceso soberanista de la deslegitimación del nacionalismo como crisol de virtudes, pero sin llegar a demoler la figura del padrino del actual presidente de la Generalitat.
Al final, como en el País Vasco, es probable que la tribu nacionalista se imponga a la ciudadanía democrática. La finalidad de toda Comisión parlamentaria es depurar responsabilidades políticas y las del «caso Pujol» trascienden los límites de esta numerosa y laboriosa familia. En pleno conflicto con el Estado cabe preguntarse si CiU y Artur Mas van a consentir que la Comisión los alcance como presuntos cómplices políticos del enriquecimiento de los Pujol.