El Congreso de los Diputados ha derogado hoy los dos reales decretos-ley de vivienda que Pedro Sánchez ha presentado en el Congreso para poner remedio, tras casi cuatro años de la legislatura más estéril de la historia de la democracia, al problema de la vivienda en España.
Los decretos nacieron sin mayoría social o política que los avalara. De forma atropellada, improvisada e incoherente. Prometiendo profundizar en las mismas medidas que han destruido el mercado del alquiler y generado un problema de proporciones hoy colosales.
El primer decreto, el de la suspensión de ciertos desahucios, la prórroga extraordinaria de alquileres y el resto del paquete aprobado el martes, ha caído por 178 votos frente a 172.
El segundo, el de la renovación automática de los contratos con una indemnización de doce mensualidades al inquilino, por 184 frente a 166.
El primero llevaba en vigor desde la medianoche del jueves. El segundo, desde la medianoche de hoy. Ninguno ha durado dos días.
Y ese es el retrato de un Gobierno que legisla en cuatro días lo que no ha hecho en cuatro años y que descubre el mismo día de la votación que no tiene los votos necesarios para convalidar su chapuza legislativa. Una chapuza que Sánchez ha vendido como la solución definitiva al problema de la vivienda.
Suponiendo que lo fuera, ¿por qué no aprobó Sánchez esas medidas hace tres o cuatro años? ¿Por qué ha esperado hasta ahora, si tan beneficiosas e indiscutibles y deseadas por los españoles son esas medidas?
Conviene separar el fondo de la forma, porque el fondo admite discusión y la forma no.
Que el mercado del alquiler está roto es un hecho. Que el principal responsable, muy por encima de todos los demás, es el Gobierno de Sánchez, es otro hecho.
Pero cabe discrepar, y EL ESPAÑOL discrepa, de la medicina elegida: prórrogas obligatorias, topes y una renovación automática que traslada al propietario el coste de una política de vivienda que el Estado no quiere pagar. Es decir, más intervencionismo estéril y destructivo.
Cabe, sobre todo, recordar que medidas de ese tenor ya se han ensayado en España, con especial intensidad en Cataluña, y que el resultado no ha sido más oferta, sino menos, precios más altos y retirada masiva de viviendas del mercado por parte de los propietarios.
Pero aunque se compartiera el diagnóstico del Gobierno, el procedimiento sería indefendible. Un decreto-ley no es un mitin ni una respuesta a una acampada. Es una norma con fuerza de ley, reservada para la extraordinaria y urgente necesidad, que el Congreso sólo puede convalidar o tumbar entera.
Aprobar esa norma el martes, publicarla entre el miércoles y el jueves, y someterla a un pleno extraordinario el viernes, después de que Junts anunciara el ‘no’ y pidiera retirarla, no es diálogo. Es un órdago electoralista.
Pedro Sánchez lo dijo por escrito: este Gobierno no iba a dar un paso atrás. Pero Junts se lo ha hecho dar.
No hace falta un análisis sofisticado. La mayoría que invistió a Sánchez en noviembre de 2023 ha dejado de existir para los asuntos que el presidente dice considerar centrales: la vivienda y los Presupuestos Generales del Estado.
Junts, cuyo voto era la condición de posibilidad de toda la legislatura, ha votado en contra de los dos textos y ha argumentado lo que viene argumentando en materia económica: que el decreto no se puede enmendar, que deja fuera sus propuestas y que la prórroga obligatoria castiga al pequeño propietario y reduce la oferta.
El pleno de hoy sería un traspié en una legislatura normal, pero dinamita esta.
España sigue con los Presupuestos de 2023, los de otra Cámara, con otra mayoría parlamentaria, prorrogados ejercicio tras ejercicio.
El artículo 134.3 de la Constitución ordena presentar las cuentas al menos tres meses antes de que expire el año. El Gobierno ha vuelto a incumplirlo este 2026. El último proyecto que salió del Consejo de Ministros es de octubre de 2022.
Entre medias ha habido algunas leyes, pero sobre todo una inflación desmedida de decretos-ley. La producción del Ejecutivo ha sido raquítica, sin la ley anual que ordena el Estado, y ha demostrado que Pedro Sánchez es cada vez más incapaz de aprobar sus ocurrencias tacticistas.
Y eso no es un proyecto de país, sino una investidura prolongada durante cuatro años.
Agotar el mandato hasta 2027, con las cuentas prorrogadas y los socios de investidura votando en contra de los proyectos presuntamente bandera del Gobierno, no sería estabilidad. Sería atrincheramiento, bloqueo y saboteo de la alternancia democrática.
Si el lunes comunica la disolución del Parlamento, el decreto de convocatoria de elecciones puede salir en el BOE el martes y llamar a las urnas para el 29 de noviembre. No es la fecha más conveniente para Sánchez, pero es la que merecen los españoles.
No va más.