«No vengo a que me pidas perdón, quiero la verdad»

LA CLAVE
Colaboración con la Justicia: «Ha admitido que perteneció al comando Adarra y ser el que asesinó al estanquero de Eibar»

No se trató de un «encuentro restaurativo». Ni tampoco buscaba que le «pidiera perdón». El objetivo era «conocer la verdad». Miguel Ángel Madariaga, herido en un atentado de ETA, se entrevistó ayer en la cárcel alavesa de Zaballa con el preso disidente de la banda Kepa Pikabea, al que consiguió arrancar ciertas confesiones sobre su pasado y su actividad delictiva como miembro destacado, allá por los ochenta, de la banda terrorista, aunque «no todo lo que esperaba».

Madariaga resultó gravemente herido el 3 de febrero de 1979. Tres etarras apostados frente al cuartel de la Guardia Civil del barrio de Bazcargo en Andoain abrieron fuego con metralletas contra un grupo de agentes que se encontraba en la puerta del recinto. Tres guardas civiles resultaron alcanzados por las balas. José Díez Pérez, de 25 años, falleció; Antonio Piqueras sufrió lesiones menores, pero el atentado le dejó fuertes secuelas psicológicas, y el teniente Miguel Ángel Madariaga Lope logró salvar la vida, pese a las graves lesiones. Un año después de la acción terrorista, este último inició una lucha personal por tratar de «esclarecer el atentado». «La Administración –denuncia– no hacía nada».

La víctima logró reabrir el caso en 2005 en base a un informe elaborado por la Guardia Civil en 1980 relativo al atentado que ETA perpetró en el bar Huici del municipio navarro de Goizueta. Dos encapuchados entraron en el local armados con metralletas y asesinaron a dos guardias civiles que se encontraban cenando en el comedor. La autoría se atribuyó al comando Adarra y fueron condenados José María Aramburu Lete, Juan Miguel Apecechea Arocena y Francisco Javier Lujambio Galdeano. Los casquillos de las armas que se utilizaron en Goizueta coincidían con las del caso de Madariaga, pero el proceso resultó archivado ante la falta de pruebas concluyentes.

El último intento por arrojar luz sobre su atentado se produjo en 2012. Entonces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Fernando Andreu que reabriera la causa, al tiempo que reclamó que se citara como imputados a los terroristas Lujambio Galdeano, Aramburu Lete y Pikabea. Este último declaró por videoconferencia. Afirmó ser una «persona nueva» y no el «joven idealista» de aquella época. El caso volvió a ser archivado.

«Estaba trabajando»
Madariaga, natural de Aragón, se desplazó ayer hasta el centro penitenciario de Zaballa acompañado de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), Consuelo Ordóñez. La hermana del dirigente popular Gregorio Ordóñez, que ya en 2012 se reunió en prisión con el recluso Valentín Lasarte, no estuvo presente en el cara a cara, ya que la autorización pertinente no llegó a tiempo. Con un cuestionario de treinta preguntas preparado a conciencia, la víctima tenía claro cuál era el principal motivo del encuentro: que Pikabea «colaborase con la Justicia». Hace unos meses, el recluso disidente de ETA firmó, según apuntan desde Covite, un documento en el que se comprometía a dicha colaboración si así se le requería. Pikabea, añaden, ha solicitado obtener el tercer grado.

Madariaga planteó de forma directa al preso si participó en el atentado en el que élresultó herido. Sin «nervios». «Hace mucho que llevo con la investigación», justifica. La respuesta, sin embargo, no fue la que esperaba. El preso disidente de ETA, y una de las referencias de la denominada ‘vía Nanclares’, negó su vinculación con la causa. Es más, alegó, «estar trabajando» en el momento en el que los terroristas ametrallaron a los tres guardias civiles, según reveló Madariaga al término de la reunión.

Lo que sí admitió Pikabea fue su pertenencia al comando Adarra «desde 1978», época en la que señaló que se «dedicaba al transporte de armamento», como también a otros tres taldes: el Goiherri Costa, el Donosti y el Eibar Urko. Madariaga no dudó, en este sentido, en preguntarle por un total de «22 asesinatos» cometidos en aquellas fechas por los citados comandos, que todavía están pendientes de esclarecer. «Sólo ha reconocido ser autor de uno, además de los tres por los casos por los que ha sido ya condenado». Madariaga explicó que se trata del asesinato en octubre de 1980 del estanquero Carlos García en Eibar. Un caso ya prescrito y por el que fueron condenados en 1981 dos miembros del aparato de información de la banda por complicidad en el asesinato.

Tras recibir numerosas amenazas por parte de ETA –se le acusó de ser un supuesto colaborador de la Policía–, la víctima y su familia decidieron vender el negocio y trasladarse a vivir a La Rioja. El día en el que Carlos García y su mujer acudieron al estanco a explicar su funcionamiento a la nueva dueña, dos terroristas entraron en el inmueble y uno de ellos le disparó varias veces, causándole la muerte. «Del otro etarra que participó, según las testigos, Pikabea no quiso decir nada», añade Madariaga.

El preso disidente de ETA, uno de los más críticos con el pasado terrorista de la banda, volvió a pedir ayer «perdón por todos los atentados». «Yo no vengo a que me pidas perdón, quiero conocer la verdad», replicó Madariaga. «A mí –añadió– no me importa que salgas a la calle y juegues con tu hijo, aunque yo no pude hacerlo porque tenía la mano destrozada».

La víctima, convencida de que Pikabea participó en su atentado –pese a que judicialmente no ha sido probado–, aseguró ayer que seguirá «luchando». «A ver qué hace ahora la Audiencia Nacional, está todo grabado», manifestó. Madariaga no está en contra de la ‘vía Nanclares’. Es más, y aunque considera que Pikabea «no ha sido juzgado como debería por pertenecer a ese colectivo», considera que se trata de un camino «positivo». «Ahora bien –apostilla– siempre que sirva para esclarecer atentados».

Una carta que nunca llegó a su destinatario
Miguel Ángel Madariaga envió dos cartas a Kepa Pikabea en las que le preguntaba sobre su participación en el atentado que le causó graves heridas y le solicitaba su colaboración para poder reabrir el sumario del caso. La última misiva fue entregada en mano en junio de 2012 por el abogado y miembro de la junta de Covite Antonio Recio al director del centro penitenciario de Zaballa. Recio acompañó a Consuelo Ordóñez a la entrevista que esta última mantuvo con el disidente de ETA Valentín Lasarte, vinculado con el asesinato de su hermano, Gregorio Ordóñez. Pero las cartas no obtuvieron respuesta.